Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más importante del país, aseguró hoy que el valor económico derivado de la corrupción mexicana equivale al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).
En conferencia de prensa, el académico aseguró que de los 21,9 billones de pesos (1,2 billones de dólares) anuales que sumó el PIB del país en 2017, se podrían obtener programas de apoyo social y de desarrollo «más extensos y exitosos».
Para Graue, la violencia e inseguridad en México está relacionada con las medidas que se han tomado para combatir el tráfico de estupefacientes, que se han cobrado «cientos de miles de vidas».
«Algo distinto tenemos que hacer con la política antidrogas y los marcos jurídicos nacionales e internacionales, los cuales pueden ir desde la legalización y prevención hasta las estrategias contra el narcomenudeo, acompañadas de castigos más eficientes al tráfico de armas», consideró durante la celebración del Primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018.
Durante el congreso se analizará el marco jurídico de actividades ilícitas como el terrorismo, la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud y el tráfico de drogas.
La trata de personas fue uno de los temas en los que el ponente estuvo muy insistente, subrayando que urge erradicarla.
«Desafortunadamente, somos un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, sobre todo para fines de explotación sexual y, recientemente, de explotación laboral, vinculada al narcotráfico», remarcó.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2012 a 2015, de las casi 3.000 víctimas de trata, 9 de cada 10 fueron mujeres y niñas.
La Organización Internacional del Trabajo estimó que en 2016 más de 40 millones en el mundo fueron víctimas de alguna forma de explotación, casi 25 millones en trabajo forzoso y más de 15 millones en matrimonio no consentido.
Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Eduardo López comentó que se han buscado soluciones para el tráfico de drogas, de personas, y el lavado de dinero, pero estas han sido insuficientes o ha existido multiplicidad de leyes que, lejos de ayudar, han jugado en contra.
Al finalizar el congreso, las conclusiones extraídas por los 140 ponentes mexicanos y más de 50 académicos e investigadores de países como Argentina, Austria, Chile, Cuba, España, Perú y Uruguay serán entregadas al Gobierno para que sean tomadas en consideración.
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