La Corte Suprema acordó escuchar un caso iniciado por un denunciante en el que acusaba a los operadores de farmacias SuperValu y Safeway de presentar solicitudes falsas de reembolso de Medicare y Medicaid por medicamentos recetados.
El caso se considera importante porque podría afectar a la capacidad del gobierno para tomar medidas enérgicas contra el fraude en la atención médica.
Las demandas presentadas por los denunciantes alegan que las dos cadenas de supermercados facturaron a los dos programas gubernamentales tarifas artificialmente elevadas, mientras que a la mayoría de los clientes pagadores les cobraban precios significativamente más bajos en virtud de planes de descuento. La ley federal obliga a las farmacias a facturar a los programas los precios típicos que realmente hacen pagar a los clientes. Los denunciantes afirman que las cadenas sabían que estaban cobrando de más al gobierno y encubrieron sus políticas de precios.
Las empresas alegan que no deben ser consideradas responsables porque actuaron de forma objetivamente razonable y no cometieron fraude deliberadamente.
SuperValu Inc. es el demandado (expediente judicial 21-1326) en una de las peticiones que la corte superior concedió el 13 de enero; Safeway Inc. es el otro demandado (expediente judicial 22-111). La corte consolidó los dos casos y asignó una hora para los alegatos orales en una fecha aún por determinar.
Los casos se refieren a la Ley Federal de Reclamaciones Falsas, a veces llamada Ley Lincoln, que se promulgó en 1863 para hacer frente al fraude de los contratistas de defensa durante la Guerra Civil. En la actualidad, la ley establece que todo aquel que presente, a sabiendas, reclamaciones falsas al gobierno es responsable del triple de daños y perjuicios más una multa de USD 2000 por cada reclamación falsa relacionada con la inflación. La ley permite que el gobierno persiga a los infractores y que los ciudadanos demanden a los que defraudan al gobierno en nombre del gobierno en lo que se conoce como demandas qui tam.
Los particulares que ganan las demandas qui tam pueden recibir parte de lo que recupere el gobierno. El Departamento de Justicia (DOJ) informa que obtuvo más de USD 5600 millones en acuerdos y sentencias de casos civiles relacionados con fraude y reclamos falsos contra el gobierno en el año fiscal 2021.
Los denunciantes Tracy Schutte y Michael Yarberry afirman en su demanda que SuperValu sabía que «su informe era cuestionable» y no informó sobre los precios con descuento, «cobrando al gobierno… precios más altos».
En el caso de Safeway, el denunciante Thomas Proctor dijo en su demanda que “pese a una amplia advertencia”, la compañía “no informó sus precios con descuento” al gobierno y “esto permitió que Safeway ofreciera descuentos a consumidores sensibles a los precios sin sacrificar los lucrativos reembolsos del gobierno». Un experto calculó la sobrefacturación en USD 127 millones.
Aunque la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. con sede en Chicago determinó que SuperValu y Safeway habían facturado en exceso al gobierno, sostuvo que sus procesos de facturación eran consistentes con una interpretación «objetivamente razonable» de la ley, independientemente de sus intenciones.
El Departamento de Justicia alentó a la Corte Suprema a aceptar el caso, argumentando que los fallos del Séptimo Circuito contradecían el propósito de la Ley de Reclamaciones Falsas.
El abogado de SuperValu y Safeway, John Caviness O’Quinn de Kirkland and Ellis LLP, y el abogado de los denunciantes, Tejinder Singh de Sparacino PLLC, no respondieron al cierre de esta edición a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Pero Singh dijo a Reuters que su parte estaba «contenta de que la corte se ocupara de este importante asunto».
Los funcionarios del Departamento de Justicia tampoco respondieron a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
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