Los expertos jurídicos difieren sobre cómo creen que se pronunciará la Corte Suprema sobre una ley federal que obliga a la empresa tecnológica china ByteDance a vender TikTok antes del 19 de enero o será clausurada en Estados Unidos.
La corte escuchará el caso TikTok Inc. contra Garland y su caso complementario, Firebaugh contra Garland, juntos el 10 de enero en un dramático enfrentamiento legal nueve días antes de que entre en vigor la ley de «desinversión o prohibición».
Según la solicitud de emergencia presentada por la plataforma, en 2023 había unos 170 millones de usuarios estadounidenses mensuales de TikTok que subieron más de 5500 millones de vídeos que recibieron más de 13 billones de visitas, la mitad de las cuales tuvieron lugar fuera de Estados Unidos.
En el mismo año, los usuarios vieron contenidos procedentes del extranjero más de 2.7 billones de veces.
La audiencia de alto nivel del 10 de enero se deriva de la Ley para Proteger a los Estadounidenses de las Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, que fue promulgada por el presidente Joe Biden el 24 de abril de 2024.
La ley fue aprobada por el Senado 79-18 el día anterior como parte de un paquete más amplio de ayuda exterior y militar, después de que la Cámara la aprobara 360-58 el 20 de abril de 2024.
TikTok es operada en Estados Unidos por TikTok Inc, una empresa estadounidense de la que ByteDance, con sede en las Islas Caimán, es propietaria indirecta.
Según la solicitud, ByteDance posee filiales en China y otras naciones.
Los inversores institucionales globales poseen alrededor del 58 por ciento de la empresa, mientras que el 21 por ciento es propiedad de sus empleados. Otro 21 por ciento es propiedad de Zhang Yiming, un ciudadano chino que reside en Singapur. Zhang dimitió como CEO de ByteDance en 2021.
TikTok niega la influencia china en sus operaciones.
«Ninguna rama del gobierno chino tiene una participación accionarial —directa o indirecta— en TikTok Inc. o ByteDance Ltd.», dice la solicitud.
Los legisladores, incluido el entonces representante Mike Gallagher (R-Wis.), uno de los primeros patrocinadores de la ley, han rechazado las afirmaciones de que el Partido Comunista Chino no está implicado en la plataforma.
«No podemos correr el riesgo de tener una plataforma de noticias dominante en Estados Unidos controlada o propiedad de una empresa que está en deuda con el Partido Comunista Chino, nuestro principal adversario», dijo Gallagher anteriormente .
Haciéndo eco de las críticas a TikTok expresadas por legisladores de ambos lados del pasillo, la ley expone las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional de que el régimen chino pueda acceder y abusar de los datos personales de los usuarios estadounidenses de TikTok, utilizándolos para buscar una ventaja estratégica sobre Estados Unidos y difundir propaganda.
La ley exige a TikTok Inc. que se separe de ByteDance antes del 19 de enero —el día antes de la toma de posesión de Trump— o que deje de operar en Estados Unidos.
La ley también contiene una disposición que otorga únicamente a la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia autoridad sobre los desafíos legales a la misma.
El 13 de diciembre de 2024, el Circuito del Distrito de Columbia confirmó el estatuto, considerándolo constitucional, y denegó la petición de TikTok de impedir que la ley entrara en vigor.
La empresa pidió a la Corte Suprema que interviniera y el 18 de diciembre de 2024 los magistrados acordaron acelerar el caso.
El gobierno defiende la ley
La procuradora general de EE. UU., Elizabeth Prelogar, dijo en un escrito del 27 de diciembre de 2024 que la ley es constitucional, escribiendo que «es totalmente coherente con la Primera Enmienda».
La ley trata de «las graves amenazas a la seguridad nacional que supone el control de TikTok por parte del gobierno chino, una plataforma que recoge datos sensibles sobre decenas de millones de estadounidenses y que sería una potente herramienta para operaciones encubiertas de influencia por parte de un adversario extranjero».
El remedio de la ley no consiste en aplicar restricciones a la libertad de expresión, sino en prohibir que «un adversario extranjero controle la plataforma».
Este «requisito de desinversión neutral en cuanto al contenido» no contraviene la Primera Enmienda, afirmó.
En su solicitud presentada el 16 de diciembre de 2024, TikTok calificó la ley de «restricción de expresión masiva y sin precedentes», diciendo que prohíbe a la empresa «operar TikTok a nivel nacional».
El Circuito del Distrito de Columbia sostuvo que la ley «es una de esas raras leyes que pueden sobrevivir a un escrutinio estricto», basando su conclusión en las preocupaciones del Congreso «sobre los ‘riesgos’ potenciales de que China pudiera ejercer una influencia maligna sobre la plataforma estadounidense a través de las filiales extranjeras de los solicitantes», declaró la empresa.
Los tribunales utilizan la prueba del escrutinio estricto cuando revisan promulgaciones del poder legislativo o ejecutivo que se dice infringen derechos constitucionales.
Se considera que un interés gubernamental es apremiante, y por tanto satisface la prueba, cuando es esencial o necesario, en contraposición a una cuestión de preferencia, elección o discreción.
Trump interviene
Trump intervino en el litigio a través de su abogado, John Sauer, que presentó un amicus curiae, o escrito de amigo del tribunal , el 27 de diciembre de 2024. Trump ha nominado a Sauer para ser procurador general, reemplazando a Prelogar como principal abogado del gobierno en la Corte Suprema, en su administración entrante.
El escrito afirma que, dado que Trump pronto se convertirá en el jefe ejecutivo de la nación, debería tener voz y voto en la resolución del caso.
«[Trump] es el actor constitucional adecuado para resolver la disputa por medios políticos», dice.
Trump, que «es uno de los usuarios de las redes sociales más poderosos, prolíficos e influyentes de la historia», fundó TruthSocial, una plataforma de medios sociales, y tiene 14.7 millones de seguidores en TikTok, según el escrito.
Al presidente electo le preocupa que el gobierno federal esté cerrando una «plataforma favorecida por decenas de millones de estadounidenses, basándose en gran parte en preocupaciones sobre contenidos desfavorecidos en esa plataforma».
Esto sienta un mal precedente, afirma el escrito, señalando que Brasil prohibió la plataforma X durante semanas en 2024 porque no aprobaba el contenido que se difundía en ella.
Trump se opone a permitir que la ley entre en vigor el 19 de enero porque quiere tiempo para desarrollar una resolución política para el problema cuando regrese a la Casa Blanca.
«El presidente Trump es el único que posee la consumada pericia para negociar, el mandato electoral y la voluntad política para negociar una resolución que salve la plataforma al mismo tiempo que aborda las preocupaciones de seguridad nacional expresadas por el gobierno —preocupaciones que el propio presidente Trump ha reconocido», dice.
Wilson Freeman, abogado de la Pacific Legal Foundation, dijo que no estaba claro cómo trataría la Corte Suprema la presentación de Trump en el caso.
Trump es «definitivamente un amicus inusual» y «hay buenas razones para que la corte lo escuche», pero «siempre es arriesgado predecir lo que hará la Corte Suprema», dijo a The Epoch Times.
«Creo que van a tratar de decidir el caso antes del 19 de enero» basándose en los méritos de los argumentos que se les presenten en lugar de diferir a Trump y permitir que la nueva administración intente resolver el problema, dijo.
El escrito de Trump no era «increíblemente persuasivo» y no exponía «exactamente qué era lo que requería que el Tribunal hiciera una pausa», dijo Freeman.
«Si quiere que la corte le conceda algún tipo de alivio especial, tiene que explicar por qué necesita ese alivio [en lugar de hacer] vagas referencias a la negociación», dijo el abogado.
«No vi en su escrito una buena razón para esperar una suspensión».
Argumentos de ambos lados
El abogado Mike O’Neill, de la Landmark Legal Foundation, dijo que es probable que la Corte Suprema aplique la norma del escrutinio estricto en el caso, lo que significa que el gobierno federal tiene que cumplir «una carga muy alta».
O’Neill dijo a The Epoch Times que esto significa que el gobierno tiene que demostrar que la Ley para Proteger a los Estadounidenses de las Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros estaba «estrechamente adaptada» para tratar el problema que identifica.
El gobierno alega que China está almacenando datos de usuarios estadounidenses y manipulando contenidos en secreto para influir en el público norteamericano, dijo.
La corte analizará si ese interés es lo suficientemente apremiante como para justificar «subvertir los derechos de la Primera Enmienda» bajo el estándar de escrutinio estricto.
Describiéndose a sí mismo como un «purista de la Primera Enmienda», O’Neill dijo que se inclina a creer que «lo mejor para Estados Unidos es tener un sólido intercambio de ideas», y esto justifica el escrutinio estricto en el caso.
Sin embargo, sí reconoció que el Congreso hizo conclusiones sobre seguridad nacional que están «bajo sello» y se han mantenido ocultas al público por motivos de seguridad nacional.
Si la corte está de acuerdo en que existen preocupaciones legítimas de seguridad nacional sobre la captación y el uso por parte de China de datos de TikTok sobre estadounidenses que cuenten como un interés apremiante, los jueces probablemente defenderán la ley, dijo O’Neill.
El abogado Curt Levey, presidente del Comité por la Justicia, dijo que habría tenido más sentido que la Corte Suprema prohibiera temporalmente la ley durante unos meses y se tomara más tiempo para estudiar detenidamente el caso en lugar de precipitarse.
El caso es «difícil» y hay «argumentos en ambos lados», dijo a The Epoch Times.
«La razón de este proyecto de ley fue el temor de que los chinos fueran a utilizar la moderación de contenidos para influir en la política estadounidense y eso va al núcleo de la Primera Enmienda», dijo Levey.
La cuestión de si la ley es inconstitucional está «muy reñida», pero incluso si los chinos quieren influir en la opinión pública estadounidense, dijo que no acepta «que haya una excepción de la Primera Enmienda para eso».
Levey dijo que otros países intentan influir en la opinión pública estadounidense, y «nosotros hacemos todo lo posible para influir en la opinión pública en el extranjero; ése es el sentido de cosas como Radio Europa Libre».
El gobierno refuta que China se dedique a la manipulación «encubierta» de contenidos, pero «quién sabe hasta qué punto» Estados Unidos revela sus propios intentos de influir en la opinión extranjera, dijo.
«Pero en cualquier caso, la moderación de contenidos es, por su naturaleza, encubierta. [Las plataformas de redes sociales] no te dan una larga explicación de por qué han retirado tu publicación», dijo Levey.
Dijo que no hay suficiente debate en Estados Unidos sobre el grado de amenaza que supone la influencia extranjera para el país.
«Todo lo que tienes que hacer es decir que Rusia o China están tratando de influir en la opinión pública estadounidense y la gente dice: ‘Oh, Dios mío, eso es una amenaza'», dijo Levey.
«¿Deberíamos sentirnos amenazados por eso? [Y si es así, ¿es esa amenaza] un interés apremiante que pueda superar el escrutinio estricto, que es la forma más alta de escrutinio que se aplica a una ley».
En torno a las elecciones de 2016, cuando se acusó a Rusia de intentar influir en las elecciones estadounidenses, casi nadie dijo que «la gente en Rusia tiene derecho a influir en nuestra opinión pública, al igual que los estadounidenses tienen derecho a influir en la opinión pública rusa», dijo Levey.
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