La Corte Suprema de Colorado aceptó una apelación a la decisión de un tribunal inferior de poner al ex presidente Donald Trump en la boleta electoral de las primarias del estado, programando argumentos orales para el 6 de diciembre a las 13:00 horas.
«La Corte acepta las solicitudes cruzadas», dice la orden.
El 17 de noviembre, la juez Sarah Wallace, de la Corte del 2do Distrito de Colorado, dictaminó en una opinión de 100 páginas que Trump había «participado» en una «insurrección» en los eventos del 6 de enero de 2021, pero dijo que esto no era motivo de descalificación porque la Sección 3 de la Enmienda 14 no se aplica a los presidentes de Estados Unidos. La presentación terminó con una orden de una línea para que la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, incluyera al presidente Trump en la papeleta de las primarias republicanas como candidato.
Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), que había presentado la petición contra Griswold en nombre de seis votantes locales, anunció inmediatamente su intención de apelar la decisión. El 20 de noviembre, presentaron una apelación, y el equipo del presidente Trump presentó su propia petición de amparo el mismo día. A última hora del 21 de noviembre, el Tribunal Supremo de Colorado aceptó el caso.
El presidente Trump es uno de los intervinientes en el caso que nombra a Griswold como acusada, y sus abogados habían tomado la iniciativa en el juicio de 17 horas celebrado en el tribunal de distrito, llamando a declarar y contrainterrogando a testigos, y presentando la mayor parte de los argumentos contra los peticionarios. El Tribunal Supremo de Colorado ha ordenado a los intervinientes que presenten su escrito de contestación inicial antes del 27 de noviembre. Los demandantes tendrán que presentar un escrito de respuesta y réplica antes del 1 de diciembre, y el presidente Trump puede presentar una respuesta a más tardar el 4 de diciembre.
El Centro de Responsabilidad Constitucional y el profesor de Derecho Constitucional Mark A. Graber habían solicitado presentar un escrito en calidad de amicus curiae, y el tribunal permitirá que éste y cualquier otro escrito en calidad de amicus curiae se presenten antes del 29 de noviembre.
Los argumentos orales se limitarán a una hora por parte, con un abogado autorizado para argumentar por parte, a menos que las partes presenten una moción específica para dividir su tiempo con un abogado adicional en su equipo. El caso tiene un calendario acelerado, ya que afecta a las papeletas de las primarias que deben ser certificadas antes del 5 de enero de 2024 por la oficina del secretario del estado.
¿Insurrección?
Los demandantes piden al Tribunal Supremo de Colorado que determine si el tribunal inferior interpretó correctamente la 14ª Enmienda.
«¿Cometió el tribunal de distrito un error reversible al dictaminar que la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que descalifica a las personas que participaron en una insurrección contra la Constitución después de prestar juramento de apoyar la Constitución, no se aplica a los presidentes que participan en una insurrección o a los insurrectos que quieren ser presidentes?», dice el escrito de apelación.
La 14ª Enmienda se ratificó tras la Guerra Civil, con el objetivo de otorgar la ciudadanía y la igualdad de derechos a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. La Sección 3 se añadió para abordar el caso de varios oficiales que se habían marchado para unirse a la Confederación, con el fin de evitar que regresaran a sus puestos sin ser revisados. Establecía que quienes hubieran participado en «insurrecciones» o «rebeliones» no podrían ocupar cargos sin que se les concediera una exención por el voto de dos tercios del Congreso.
Sin embargo, el texto de la sección enumera cargos específicos, empezando por los miembros del Congreso y descendiendo en nivel de cargo. La lista no incluye al presidente ni al vicepresidente de los Estados Unidos, y el juez Wallace dictaminó que las cortes generalmente interpretan las omisiones como intencionales, poniéndose del lado de los intervinientes al interpretar que esta sección no se aplicaría al presidente Trump.
En una declaración posterior al fallo, CREW había enmarcado el fallo como una victoria parcial, señalando que era «histórico» que el juez dictaminara que el 6 de enero era una «insurrección.»
En el escrito de apelación del presidente Trump, argumentan que el juez había hecho «hallazgos legales y fácticos totalmente sin apoyo en la ley, y estos errores exigen revisión.»
«El presidente Trump busca la revisión para asegurar que si esta Corte toma este caso en apelación, considerará el alcance completo de la cuestión constitucional, interpretativa y probatoria», dice el escrito.
Cuestiones jurisdiccionales
Los intervinientes sostienen que la juez Wallace interpretó correctamente el artículo 3 al dictaminar que no se aplicaba a los presidentes, pero «cometió, no obstante, múltiples y graves errores jurisdiccionales y jurídicos» al dictaminar si se había producido una insurrección.
Los intervinientes habían argumentado durante el juicio ante el tribunal inferior que el Congreso tiene jurisdicción para determinar esta cuestión y no una corte estatal, apoyándose en un experto en lectura histórica de la Constitución. En los alegatos finales, señalaron las recientes sentencias dictadas en Michigan y Minnesota sobre casos similares, en las que los jueces se negaron a escuchar los argumentos sobre si se produjo una insurrección, citando cuestiones jurisdiccionales. La juez Wallace dijo durante la última vista que no revisaría decisiones ya tomadas, pero señaló que era posible que las cortes estatales no tuvieran jurisdicción sobre el asunto después de todo.
Los intervinientes preguntan: «¿Debería anularse la opinión de la corte de distrito por falta de jurisdicción?», señalando además que la corte «admitió por sí misma que carecía de jurisdicción para aplicar la Sección Tres al presidente Trump», mientras que simultáneamente dictaminó que «participó» en una «insurrección.»
En la apelación, el equipo del presidente Trump solicitó que la corte examinara 11 cuestiones y pidió un aumento del límite de palabras a 19,000 para los escritos de apertura y respuesta. La orden de la corte del martes permite 9500 palabras para esos escritos.
Varias de las cuestiones son jurisdiccionales, incluyendo si una corte de distrito del estado podría decidir sobre esta cuestión en ausencia de autoridad del Congreso, si una corte de distrito puede pronunciarse sobre la cuestión cuando el Código Electoral de Colorado no prevé explícitamente tal autoridad, y si el tema en cuestión es una cuestión política y por lo tanto no puede ser decidido por las cortes.
Unas dos docenas de casos de este tipo siguen en juego en más de la mitad de los estados del país, y la mayoría habían sido presentados por John Anthony Castro, un candidato republicano que presentó sus peticiones ante las cortes federales. Muchos no han sido admitidos a trámite y no tienen audiencias programadas.
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