El Tribunal Supremo decidió el 29 de octubre escuchar dos casos que la administración Biden no quería que la corte atendiera: uno, destinado a revivir una regla que excluye a los inmigrantes potencialmente dependientes del gobierno y otro que podría disminuir el alcance de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA).
Las decisiones de la corte se producen en medio de la crisis fronteriza y después que la administración Biden desarrollara una estrategia para lidiar con el fenómeno científicamente polémico del calentamiento global. Las decisiones también se tomaron mientras el tribunal se prepara para escuchar casos de alto perfil, en los próximos días, relacionados con una ley de Texas que regula estrictamente los abortos y una ley de Nueva York que regula estrictamente el uso de armas.
La Corte Suprema acordó escuchar el caso Arizona v. San Francisco, expediente judicial 20-1775, que se refiere a la llamada regla de carga pública.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, un republicano, se mostró complacido de que el tribunal superior escuchará el caso.
«Cuando otros funcionarios federales no defienden la ley, yo lo hago», dijo Brnovich en un comunicado. Y agregó: «La Regla de Carga Pública es una política de sentido común basada en una verdad incómoda», refiriéndose a los inmigrantes que no pueden encargarse de sí mismos.
En el caso, los fiscales generales republicanos de Arizona y de otros 12 estados le pidieron al tribunal superior que se le permitiera defender en el tribunal una regla de la era Trump diseñada para excluir a los posibles inmigrantes que no pueden mantenerse a sí mismos. Hacer cumplir la regla de autosuficiencia de los inmigrantes podría ahorrarles a los estados miles de millones de dólares cada año.
Una corte federal de apelaciones anuló la regla de carga pública y la administración Biden se negó a defenderla en la corte. Por separado, el presidente Joe Biden también anuló la regla. Entre los encuestados en el caso se encuentran el gobierno de Estados Unidos y los estados de California, Illinois, Massachusetts y Nueva Jersey.
Arizona y los otros 12 estados acusaron a los gobiernos de la otra parte de confabularse para impedir que este importante caso sea tratado por el máximo tribunal del país.
“Sin ninguna advertencia previa, las partes existentes lanzaron una táctica sin precedentes, coordinada y en múltiples tribunales”, dijeron Arizona y otros estados en su petición (pdf).
«A través de ella, intentaron ejecutar rendiciones simultáneas y estratégicas en todas las apelaciones pendientes relacionadas con la Regla. Eso incluyó la apelación del Segundo Circuito que este Tribunal ya había aceptado escuchar, así como las peticiones pendientes de órdenes de certiorari en este caso y en el caso del Séptimo Circuito».
Sobre la vehemente oposición, la administración Trump le dio una nueva vida a la regla, que había caído en desuso. Aunque los críticos dicen que la regla a favor de los contribuyentes es xenófoba y discrimina a los extranjeros pobres, el principio de carga pública, la idea de que los inmigrantes deberían tener que demostrar que pueden sobrevivir sin convertirse en pupilos del gobierno, ha sido parte de la experiencia estadounidense durante siglos.
La Corte Suprema también decidió escuchar el caso West Virginia v. EPA, expediente judicial 20-1530, que consolidó con otras tres apelaciones.
Los estados productores de energía y las compañías de carbón acusan a la EPA de un acaparamiento de poder, alegando que excedió su autoridad para limitar las emisiones de carbono. Un fallo del año pasado de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia devolvió a la EPA parte de la autoridad que la administración Trump le quitó.
Según los peticionarios, el tribunal de apelaciones «sostuvo que una disposición auxiliar de la Ley de Aire Limpio, que rara vez se usa, le otorga a la agencia un poder desenfrenado, funcionalmente ‘sin límites’, para decidir si descarbonizar casi cualquier sector de la economía y cómo hacerlo», dice la petición (pdf).
Hace cinco años, la EPA «pretendía encontrar poderes similares en la misma disposición: la autoridad para remodelar el sector eléctrico de la nación, ordenando normas imposibles de cumplir para las centrales de carbón y gas natural sin limitar las operaciones, cerrar o subvencionar la inversión en la generación de electricidad alternativa, que la EPA prefería».
La Corte Suprema «tomó el paso extraordinario de mantener la regla del ‘Plan de energía limpia’ de la EPA incluso antes de que el tribunal inferior terminara su revisión, lo que indica claramente que la EPA (y, por extensión, la corte a continuación) estaban equivocados».
La agencia derogó la regla en 2019, pero la corte de apelaciones «insistió en que la EPA tenía más poder legal de lo que la agencia había afirmado originalmente» y le otorgó «una autoridad nueva y tremendamente expansiva».
La agencia ahora “puede establecer estándares a nivel regional o incluso nacional, forzando cambios dramáticos en cómo y dónde se produce la electricidad, así como transformando cualquier otro sector de la economía donde las fuentes estacionarias emitan gases de efecto invernadero. El poder para regular fábricas, hospitales, hoteles e, incluso, hogares tendría enormes costos y consecuencias para todos los estadounidenses”.
El fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, un republicano, acogió con agrado la decisión de la Corte Suprema.
«Esta es una tremenda victoria para Virginia Occidental y para nuestra nación», dijo Morrisey en un comunicado. La decisión «indica que una parte significativa de la corte se da cuenta de la seriedad de este caso y comparte nuestra preocupación de que el Circuito de D.C. le otorgó a la EPA demasiada autoridad».
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