La Corte Suprema dictaminó el viernes que las autoridades de California no pueden prohibir a las iglesias celebrar actos religiosos en interiores durante la pandemia del virus del PCCh.
El máximo tribunal del país emitió órdenes en dos casos, poniéndose del lado de las iglesias que habían protestado porque el estado les prohibió celebrar actos religiosos en interiores. Pero el tribunal no aceptó anular las prohibiciones de cantar y entonar cánticos durante los actos en interiores, y no impedirá que California imponga restricciones de capacidad del 25 por ciento en las zonas consideradas de nivel 1 en la escala de transmisión del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
El magistrado Clarence Thomas, designado por George H. W. Bush, y el magistrado Neil Gorsuch, designado por Trump, también habrían anulado las restricciones de capacidad y las otras prohibiciones. El magistrado Samuel Alito, designado por George W. Bush, habría estado de acuerdo en esos puntos, pero habría suspendido durante 30 días una orden judicial contra los topes y la prohibición para dejar que el estado demuestre «que nada que no sea esas medidas reducirá la propagación comunitaria de la COVID-19 en las reuniones religiosas en interiores».
El caso atrajo cuatro opiniones diferentes del tribunal de nueve personas.
El magistrado presidente de la Corte, John Roberts, designado por George W. Bush, escribió que «los tribunales federales deben una deferencia significativa a los funcionarios con responsabilidad política que tienen ‘antecedentes, competencia y experiencia para evaluar la salud pública'».
«El Estado ha llegado a la conclusión, por ejemplo, de que cantar en interiores supone un mayor riesgo de transmisión de la COVID-19. No veo ninguna base en este expediente para anular ese aspecto del marco estatal de salud pública», añadió. «Al mismo tiempo, la actual determinación del estado —que el número máximo de adeptos que pueden rendir culto de forma segura en la catedral más cavernosa es cero— parece reflejar no la pericia o la discreción, sino una apreciación o consideración insuficiente de los intereses en juego».
Gorsuch, a quien se unieron Thomas y Alito, dijo que California «ha impuesto abiertamente regulaciones más estrictas a las instituciones religiosas que a muchos negocios» desde la llegada de la COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh.
Si bien California prohibía cualquier tipo de culto en interiores en la mayor parte del estado, permitía que la mayoría de las operaciones de venta al por menor tuvieran un 25 por ciento de ocupación en interiores y que otros negocios tuvieran un 50 por ciento o más de ocupación, añadió, escribiendo: «Cuando un estado apunta tan obviamente a la religión para un tratamiento diferencial, nuestro trabajo se vuelve mucho más claro».
La magistrada Amy Barrett, a la que se unió el magistrado Brett Kavanaugh, también designado por Trump, escribió en una opinión concurrente que estaba en gran medida de acuerdo con Gorsuch, pero no creía que el tribunal debiera bloquear la prohibición de cantar y entonar cánticos.
«Los demandantes soportaron la carga de establecer su derecho a un alivio de la prohibición de cantar. En mi opinión, no llevaron esa carga, al menos no en este expediente. Tal y como nos llega el caso, sigue sin estar claro si la prohibición de cantar se aplica de forma generalizada (y, por tanto, constituye una ley neutral y de aplicación general) o si, por el contrario, favorece a determinados sectores (y, por tanto, provoca una revisión más exhaustiva)», escribió.
«Por supuesto, si una corista puede cantar en un estudio de Hollywood pero no en su iglesia, la normativa de California no puede considerarse neutral. Pero el registro es incierto, y las decisiones de abajo desgraciadamente arrojan poca luz sobre la cuestión».
Los tres magistrados designados por los demócratas se unieron en una opinión disidente encabezada por la magistrada Elena Kagan, designada por Obama, quien dijo que los magistrados del tribunal «no son científicos» y no «saben mucho sobre políticas de salud pública».
«Sin embargo, hoy el tribunal desplaza los juicios de los expertos sobre cómo responder a una pandemia furiosa. El tribunal ordena a California que debilite sus restricciones a las reuniones públicas haciendo una excepción especial para los servicios de culto. La mayoría lo hace a pesar de que las políticas del estado tratan el culto de forma tan favorable como las actividades seculares (incluidas las asambleas políticas) que, según las pruebas médicas, suponen el mismo riesgo de transmisión de la COVID», alegó Kagan.
«En virtud del mandato judicial, el Estado debe, en cambio, tratar los servicios de culto como actividades seculares que suponen un peligro mucho menor. Ese mandato desafía nuestra jurisprudencia, excede nuestro papel judicial y corre el riesgo de empeorar la pandemia».
El fallo se refería a los casos de la Iglesia Harvest Rock y la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay, dos iglesias que buscaban alivio a las duras restricciones impuestas por el gobernador Gavin Newsom mediante un sistema escalonado. La oficina de Newsom no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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