La Corte Suprema dictaminó en una votación 5-4 que Texas carece de autoridad para impedir que una tribu indígena ofrezca juegos de bingo.
La decisión del 15 de junio es una victoria para la administración Biden, que argumentó en contra de la posición adoptada por Texas.
El caso es Pueblo Ysleta del Sur vs Estado de Texas, expediente judicial 20-493. Los argumentos orales se escucharon el 22 de febrero.
La decisión no se dividió entre las líneas ideológicas liberales y conservadoras habituales. Dos de los jueces conservadores del tribunal apoyaron el fallo, mientras que cuatro se opusieron.
La opinión de la mayoría (pdf) fue escrita por el juez conservador Neil Gorsuch y se le unió la conservadora Amy Coney Barrett, junto con los jueces liberales Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, un conservador, escribió la opinión disidente, a la que se unieron tres jueces conservadores: Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh.
El Pueblo Ysleta del Sur, a veces llamado simplemente el Pueblo, es una de las tres únicas tribus indígenas y naciones soberanas reconocidas federalmente en Texas. El Pueblo fue establecido por la comunidad tribal conocida como Tigua en 1682.
Si bien el Pueblo quiere continuar ofreciendo juegos de bingo en el Speaking Rock Entertainment Center de El Paso, Texas demandó, argumentando que solo ciertas organizaciones benéficas pueden realizar juegos de bingo, y que debido a que la tribu está sujeta a la Ley de Habilitación del Bingo de Texas, sus operaciones de bingo están prohibidas.
La tribu, a su vez, argumenta que la ley de Texas viola su soberanía.
Speaking Rock ofrece a los invitados la opción de dos versiones de bingo: El bingo tradicional de «llamada en vivo» y las máquinas de bingo electrónico que se asemejan a las máquinas tragamonedas.
La ley que rige las tribus indias es compleja.
La Corte Suprema sostuvo en el caso U.S. vs Mitchell (1983) que “una relación de confianza general entre Estados Unidos y el pueblo indio” ha existido durante mucho tiempo. El hecho de que el gobierno federal tiene el deber de cumplir con los compromisos de los tratados se denomina doctrina de la responsabilidad fiduciaria.
El Congreso extinguió la responsabilidad fiduciaria entre la tribu y el gobierno de Estados Unidos en la década de 1960. Después de años de negociación, la Ley de Restauración de las Tribus Indígenas de Texas Pueblo Ysleta del Sur y Alabama-Coushatta de 1987 restauró la responsabilidad del fideicomiso, junto con el estado soberano y las tierras de la tribu, pero impidió que la tribu abriera establecimientos de juego.
En 1988, el Congreso aprobó la Ley de Reglamentación del Juego Indígena (IGRA), que aseguró el derecho de las tribus a ofrecer ciertas actividades de juego en tierras soberanas si esas actividades son legales en su estado.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se puso del lado de Texas y sostuvo que los juegos de bingo en Speaking Rock se regían por la ley de 1987 y, por lo tanto, eran ilegales. IGRA permite que las tribus ejecuten juegos de bingo en la categoría de juegos Clase II. Los juegos de Clase III, como los juegos de mesa y las máquinas tragamonedas, no se pueden ofrecer a menos que los gobiernos tribales y estatales lleguen a un acuerdo.
En opinión de la mayoría, Gorsuch escribió que Texas estaba equivocado.
«Las tribus nativas americanas poseen ‘autoridad soberana inherente sobre sus miembros y territorios'», escribió el juez, citando un precedente.
“Según nuestra Constitución, tratados y leyes, el Congreso también tiene responsabilidades vitales en el campo de los asuntos tribales. De vez en cuando, el Congreso ha ejercido su autoridad para permitir que la ley estatal se aplique en tierras tribales donde de otro modo no se aplicaría. En este caso, Texas sostiene que el Congreso ordenó expresamente que todas sus leyes de juego deben ser tratadas como leyes federales sustitutas aplicables en la Reserva del Pueblo Ysleta del Sur. Al final, sin embargo, no encontramos evidencia de que el Congreso dotó a la ley estatal con algo parecido al poder que Texas reclama”.
Texas argumentó que, al aprobar la Ley de Restauración, el Congreso “ha permitido que todas sus leyes estatales de juego actúen como leyes federales sustitutas en tierras tribales”. El Quinto Circuito adoptó la misma opinión en este y en otro caso, pero su “comprensión de la ley es errónea”.
“La Ley de Restauración prohíbe como cuestión de ley federal en tierras tribales solo aquellas actividades de juego que también están prohibidas en Texas. Para permitir que el Quinto Circuito revise su precedente y reconsidere este caso bajo la luz correcta, se anula su sentencia y el caso se remite para procedimientos adicionales de acuerdo con esta opinión”, escribió Gorsuch.
En su disidencia, Roberts escribió que el Pueblo Ysleta del Sur estaba equivocado.
Para asegurar el estatus de fideicomiso federal, la tribu acordó que las leyes de juego de Texas deberían aplicarse en su reserva y “el Congreso aprobó un proyecto de ley que codifica este acuerdo”.
“La pregunta que se presenta en este caso es si todas las leyes de juegos de Texas se aplican en tierras tribales o solo aquellas leyes que prohíben categóricamente un juego en particular”, escribió Roberts.
“La interpretación contraria de la Corte tiene un disenso con el significado simple del estatuto, entra en conflicto con una resolución tribal inequívoca de que la Ley fue ‘promulgada de acuerdo con’… y hace un resumen de la estructura del estatuto. El enfoque de la Corte también termina tratando las infracciones de juego con más indulgencia que otras infracciones de la ley de Texas. Esto tiene poco sentido, ya que el objetivo de la disposición en cuestión era restringir aún más el juego en las tierras de la Tribu”.
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