La Corte Suprema decidió el 27 de marzo no admitir la impugnación por parte de la industria de los aranceles a la importación de acero que el entonces presidente Donald Trump lanzó en 2018 por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden mantiene intactos los aranceles, que Trump dijo que eran necesarios para garantizar unos niveles sólidos de producción nacional de acero. La Administración Biden había instado al tribunal a rechazar la impugnación.
Los aranceles se anunciaron el 1 de marzo de 2018. Se impuso un arancel del 25 por ciento sobre el acero importado de la mayoría de los países, junto con un arancel del 10 por ciento sobre el aluminio importado.
Al día siguiente, Trump escribió en Twitter que las guerras comerciales eran “buenas” y “fáciles de ganar”.
“Cuando un país (EE. UU.) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, escribió Trump en ese momento.
“Por ejemplo, cuando perdemos USD 100,000 millones con un país concreto y se hacen los graciosos, no comercies más—y ganamos a lo grande. Es fácil», escribió.
Trump citó la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962, que permite al presidente imponer restricciones a la importación de bienes considerados esenciales para la seguridad nacional. Dijo entonces que los aranceles eran necesarios para reforzar la producción de aviones, barcos y material militar con acero estadounidense. Los aranceles crearon tensiones con algunos aliados de Estados Unidos, aunque algunos países quedaron exentos de la política.
La Corte Suprema rechazó la demanda en el caso USP Holdings Inc. vs. Estados Unidos, archivo judicial 22-565, en una orden sin firma. La corte no explicó su decisión. Ningún juez disintió de la orden.
El entonces secretario de Comercio, Wilbur Ross, inició una investigación en abril de 2017 para determinar si “se estaba importando acero en circunstancias tales que amenazaran o perjudicaran la seguridad nacional”, según la demanda (pdf) presentada ante la Corte Suprema.
Ross determinó en un informe de 2018 que «la producción nacional de acero es importante para aplicaciones de seguridad nacional» y que las importaciones de acero iban camino de representar más del 30% del consumo nacional. También determinó que «las cantidades excesivas de importaciones tienen el efecto de debilitar la economía interna de Estados Unidos, amenazando con perjudicar la seguridad nacional”.
Las compañías que dependen del acero importado demandaron al gobierno federal ante la Corte de Comercio Internacional de EE. UU., argumentando que el informe de Ross violaba la Ley de Procedimiento Administrativo porque era “arbitrario y caprichoso”.
El tribunal de comercio determinó en 2021 que el informe no podía ser impugnado en los tribunales porque no constituía una «acción final de la agencia».
Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de EE. UU. discrepó de la Corte de Comercio y determinó que el informe Ross era, de hecho, una acción final de la agencia. Sin embargo, la corte de apelaciones sostuvo que las conclusiones del informe no podían impugnarse en virtud del derecho administrativo y que los aranceles no violaban la ley federal.
Hace un año, la Corte Suprema también rechazó una impugnación a los aranceles al acero de Trump aplicados a las importaciones turcas. El caso se llamaba Transpacific Steel LLC vs. Estados Unidos, expediente judicial 21-721.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó hacer declaraciones sobre el nuevo fallo.
“Desafortunadamente, no tenemos nada más que agregar aquí en este momento”, dijo por correo electrónico Terrence Clark, de la Oficina de Asuntos Públicos del departamento.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el abogado de USP Holdings, Lewis Evart Leibowitz, para solicitarle sus comentarios.
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