La Corte Suprema anunció el 4 de octubre que estudiaría un par de casos derivados del intento del gobierno federal de almacenar residuos nucleares en el oeste de Texas.
Texas intentó bloquear esta medida aprobando una ley que prohíbe la eliminación o el almacenamiento de residuos radiactivos de alto nivel en el estado.
“No permitiré que Texas se convierta en el vertedero estadounidense de residuos radiactivos mortales”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un comunicado de prensa cuando solicitó la intervención de una corte de apelaciones.
Abbott, entre otros, demandaron a la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), que aprobó un plan de una empresa conocida como Interim Storage Partners para almacenar temporalmente los residuos en el condado de Andrews.
Cuando la demanda llegó a la Corte de Apelación del Quinto Circuito de EE.UU., un panel de jueces sostuvo que la NRC no sólo violó la ley federal al intentar almacenar los residuos en Texas, sino que también se equivocó al argumentar que Texas no podía demandar su decisión.
La administración Biden e Interim Storage Partners piden a la Corte Suprema que anule la decisión del Quinto Circuito, argumentando que la corte rompió con otros circuitos y desobedeció la práctica de larga data en la materia.
Entre otras cosas, Texas argumentó que almacenar los residuos en la región de la cuenca del Pérmico, el yacimiento petrolífero de mayor producción de Estados Unidos, es peligroso para el estado. El gobierno de Biden rebatió este argumento y alegó que Texas y otros países se habían unido a la demanda de forma inválida.
Eliminación de residuos nucleares
La batalla legal lleva años gestándose mientras el país lucha por encontrar la manera de producir energía nuclear de forma segura. El Congreso eligió Yucca Mountain (Nevada) como depósito de residuos, pero su eliminación ha sufrido retrasos desde la década de 1980.
Se espera que la Corte Suprema estudie la forma en que el Congreso autorizó la eliminación de residuos, más concretamente, si la NRC puede conceder licencias a empresas para almacenar temporalmente residuos en ausencia de disponibilidad en Yucca Mountain o en otro emplazamiento permanente.
En un escrito para el Quinto Circuito, el juez James Ho sostuvo que dos leyes —la Ley de Política de Residuos Nucleares y la Ley de Energía Atómica— no permitían a la NRC “autorizar una instalación privada de almacenamiento de combustible nuclear gastado fuera del reactor”. En cambio, dijo que el Congreso había establecido un esquema legal que limitaba el almacenamiento temporal al “almacenamiento privado en el reactor o en sitios federales”.
La administración Biden no estuvo de acuerdo. La Procuradora General de EE.UU., Elizabeth Prelogar, dijo en su petición al tribunal que la lectura del Quinto Circuito de la Ley de Energía Atómica era “estrecha”.
“Por lo tanto, el lenguaje llano de la Ley faculta claramente a la agencia para autorizar la posesión de los tres componentes del combustible nuclear gastado para fines relacionados con la generación de energía nuclear, lo que incluye el almacenamiento provisional del combustible gastado”, dijo.
Implicación de Texas
Otra cuestión que la Corte Suprema decidió abordar es si la participación de Texas en la demanda es legítima en virtud de otra ley federal conocida como Ley Hobbs, o Ley Hobbs de Revisión de Órdenes Administrativas.
Esta ley limita las partes que pueden solicitar a una corte la revisión judicial de la decisión de una agencia. Texas y la empresa energética Fasken no formaron parte del procedimiento original de concesión de licencias ante la agencia y, por tanto, no podían solicitar la revisión del Quinto Circuito, argumenta la NRC.
Sin embargo, el juez Ho sostuvo que el Quinto Circuito reconocía una excepción a las limitaciones de la Ley Hobbs. Señaló una nota a pie de página en el caso de 1982 American Trucking Associations vs Interstate Commerce Commission, que permitía casos “raros” en los que una parte podía apelar una acción de la agencia a pesar de no ser parte en el procedimiento original de la agencia.
Prelogar sostuvo que la excepción utilizada por Ho era defectuosa de múltiples maneras, ignoraba el texto claro de la Ley Hobbs, y entraba en conflicto con la forma en que otros circuitos han interpretado la ley federal.
“Los nuevos límites impuestos por el Quinto Circuito a la autoridad de la Comisión para conceder licencias tendrán graves repercusiones para la Comisión y el sector de la energía nuclear”, afirmó.
“La decisión del tribunal pone patas arriba el marco regulador de 44 años de la Comisión para la concesión de licencias de almacenamiento de combustible gastado. Y trastorna la industria de la energía nuclear al prohibir categóricamente que la Comisión apruebe el almacenamiento externo de combustible gastado, a pesar de que la agencia lleva mucho tiempo concediendo este tipo de licencias”.
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