Opinión
Más de 70,000 cirugías fueron canceladas en Ontario para acomodar una oleada de pacientes de COVID-19 que nunca se materializó. A fecha del mes de mayo, se estima que entre 30 y 35 residentes de Ontario habían muerto por cirugías cardíacas perdidas como resultado de la demora de los procedimientos.
Con 60,000 resonancias magnéticas y 62,000 tomografías canceladas en Ontario, los médicos temen que algunos diagnósticos de cáncer lleguen demasiado tarde. Ontario ha comenzado a reanudar los procedimientos, pero podría tomar años para ponerse al día.
En la Columbia Británica, el gobierno dice que tardará entre 17 y 24 meses en ponerse al día con las 30,000 cirugías que pospuso. Ya había 63,000 personas esperando.
El hecho de que los canadienses enfermos puedan tardar años en hacerse estas cirugías debería enfadarnos. Canadá es excepcionalmente malo en el tratamiento de personas en lista de espera. Despejar los hospitales para la COVID-19 ha empeorado el problema de los tiempos.
Si los canadienses indagan por qué nuestro sistema obliga a la gente a esperar tanto tiempo, pueden empezar a ver la fea verdad: los gobiernos usan prohibiciones de seguros privados y precios de mercado para monopolizar la atención, algo que ningún otro país occidental hace. El resultado es dolor, sufrimiento y muerte. Esto es desmesurado e inconstitucional.
A los políticos les gusta este monopolio porque les permite racionar la atención, lo que mantiene los costos bajos. Usan la retórica del hombre del saco para asustar al público y dar la sensación que permitir el pago privado por la atención conduciría a un sistema estilo EE.UU. donde los ricos se las arreglan y los pobres se quedan enfermos o en bancarrota.
Pero los Estados Unidos son un caso atípico. Los países de Asia, Europa y Oceanía ofrecen una cobertura sanitaria universal de alta calidad sin prohibir los seguros privados. En Alemania, aproximadamente el 10 por ciento de la gente tiene un seguro privado adicional. Es cierto que los que pagan más son atendidos más rápidamente, pero el sistema público utilizado por el 90 por ciento de los alemanes también atiende a las personas mucho más rápido de lo que lo harían en Canadá. Un estudio del Fondo de la Mancomunidad de 2016 que analizó los tiempos de espera en 11 países ricos encontró que Canadá tenía la mayor proporción de pacientes —18.2 por ciento— que esperaban más de cuatro meses para ser operados. ¿El porcentaje de dicha espera en Alemania? Cero.
Permitir el pago privado significa que hay más dólares de atención médica en general. En Canadá gastamos 4974 dólares per cápita en atención médica en 2018. Los alemanes gastaron 5986 dólares per cápita. Muchos canadienses enfermos con dinero extra gastarían felizmente su dinero en seguros privados que podrían ofrecerles calidad de vida y evitar la muerte, pero todas las provincias, excepto Terranova y Labrador, prohíben el seguro médico privado para la atención que los gobiernos consideran «médicamente necesaria». Eso incluye cosas como reemplazos de cadera y tomografías, pero no medicamentos, odontología o cobertura para sillas de ruedas.
Permitir que aquellos que pueden pagar un seguro privado lo compren no perjudicaría a otras personas; de hecho, cada persona que eligiera el cuidado privado estaría quitando presión al sistema público. Las listas de espera públicas se reducirían.
Los recursos racionados de Canadá podrían explicar por qué los hospitales canadienses cancelaron frenéticamente las cirugías urgentes mientras los hospitales alemanes aplazaban en marzo solo los procedimientos no urgentes como los reemplazos de cadera. Alemania tiene ese tipo de flexibilidad, con seis camas de hospital para cuidados agudos por cada 1000 habitantes, en comparación con dos en Canadá.
El cirujano ortopédico Brian Day de la Clínica privada Cambie de Vancouver ha estado luchando contra estos monopolios por más de una década. Con el apoyo de la Fundación de la Constitución Canadiense, el Dr. Day ha demandado al gobierno de la Columbia Británica, argumentando que la restricción de los pagos privados interfiere con los derechos más fundamentales garantizados en la Carta de Derechos y Libertades: la vida, la libertad y la seguridad de la persona.
En el caso Carter contra Canadá, el Tribunal Supremo de Canadá anuló la prohibición penal de la asistencia médica en caso de muerte, en parte porque nuestro derecho a la libertad significa que el gobierno no puede interferir en «la toma de decisiones médicas personales y de importancia fundamental». ¿Qué podría ser más fundamental que la decisión de hacer una cirugía o un escáner para salvar vidas?
En el caso R contra Morgentaler, que anuló los límites en materia de abortos de Canadá, el Tribunal Supremo determinó que la seguridad de la persona se vulnera cuando el Estado «interfiere en la integridad corporal» o impone «un grave estrés psicológico». Esto se reiteró en el caso Chaoulli contra Quebec, que en 2005 anuló las leyes de Quebec que prohibían el seguro médico privado. El tribunal determinó que el derecho a la vida en sí mismo se infringe cuando el Estado «impone la muerte o un mayor riesgo de muerte a una persona, ya sea directa o indirectamente». Eso es exactamente lo que pasa cuando los gobiernos crean listas de espera mortales.
El desafío del Dr. Day a estas leyes podría decidirse cualquier día. De todos modos, los canadienses deberían exigir que sus gobiernos eliminen la prohibición del seguro médico privado. Ahora más que nunca, podría prevenir el sufrimiento y salvar vidas.
Josh Dehaas es estudiante de derecho en la Facultad de Derecho Osgoode Hall de Toronto y pasante de verano en la Fundación Canadiense de la Constitución, una organización benéfica dedicada a la defensa de los derechos y libertades constitucionales. Síganlo en Twitter @JoshDehaas.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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