La cúpula fiscal afronta dividida este martes una cita crucial para fijar una postura sobre si el expresidente catalán Carlos Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el procés deben ser amnistiados de los delitos de malversación y las ordenes de detención nacionales retiradas.
Sobre la mesa hay dos posturas enfrentadas.
Los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés abogan por dejar fuera la malversación, dado que -sostienen- la ley excluye los actos que «implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial» y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden que tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional.
Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados y que rechaza asimismo que hubiese «ánimo de enriquecimiento» personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O, por lo que es partidario también de levantar las ordenes de detención.
La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general, está compuesta por 37 fiscales más el jefe del Ministerio Público. Sobre el papel hay 17 que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, de la que es afiliado García Ortiz, otros 9 son miembros de la Asociación de Fiscales mientras que 11 fiscales son no afiliados, si bien este panorama no presupone certeza alguna por el mar de fondo que afecta a la Fiscalía.
En particular, por la investigación por revelación de secretos a raíz de una querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Diaz Ayuso que amenaza con acabar con García Ortiz investigado por el Supremo, tras haber asumido la responsabilidad en esta cuestión.
Pese a todo, el último precedente en una Junta, precisamente por esta querella, respaldó la posición del fiscal general y diversas fuentes consultadas por EFE apuntan a que su postura con la amnistía prevalecerá.
Y si, tras la Junta, en la que la última palabra la sigue teniendo García Ortiz, se mantiene el criterio del fiscal general, los cuatro fiscales se apartarán de la causa. Después, el Supremo deberá decidir cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos.
La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolores Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresidente Carlos Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.
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