Opinión
Aquellos que buscan responsabilizar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional por los daños causados por su flagrante mala gestión de la crisis de COVID-19 a menudo intentan recurrir a las cortes federales para obtener reparación legal.
Desgraciadamente, además de la indemnización legal específica por capas proporcionada por la Ley PREP, la Ley CARES y el Programa de Compensación por Lesiones Causadas por Contramedidas, aprobados por el Congreso, desde 1984 existe la postura legal general de que la tercera rama (no elegida) del gobierno, las cortes, se aferrarán a la «experiencia» de una cuarta rama no elegida (el estado administrativo) y sus empleados federales permanentes (incrustados dentro de la rama ejecutiva «elegida») cuando se enfrenten a un tema científica o técnicamente controvertido.
El estado administrativo y los altos cargos del servicio ejecutivo y el personal de rango GS se consideran arrogante e inconstitucionalmente empleados permanentes del gobierno federal de EE.UU. y consideran a los funcionarios electos encargados de la financiación, supervisión y gestión de estas agencias (congresistas y presidente) meros empleados temporales.
La doctrina de la deferencia Chevron, establecida por la Corte Suprema en 1984 (¡qué ironía!), se ha convertido en una piedra angular del derecho administrativo estadounidense y constituye la base jurídica que permite la existencia de esta cuarta rama extraconstitucional del gobierno. Esta decisión ha desempeñado un papel fundamental a la hora de permitir la explosión de poder y autoridad del Estado administrativo que se ha visto desde aquella decisión legal. Con posterioridad a la opinión mayoritaria que justifica la decisión que sustenta la doctrina de la Deferencia Chevron, la afirmación de la Corte Suprema de que el estado administrativo representa una rama «electa» del gobierno se ha vuelto transparentemente absurda.
Volviendo a la crisis de la COVID, lo que esto significa (en sentido práctico) es que cuando existe una diferencia de opinión respecto a cuestiones científicas o tecnológicas entre la política «oficial» de una agencia federal (los demandados) y alguien o algún grupo que pretende interponer una demanda para obtener una reparación legal como consecuencia de los daños causados por las acciones arbitrarias y caprichosas de dicha agencia o de su personal (los demandantes), entonces las cortes generalmente se pondrán del lado de la agencia federal. El supuesto subyacente es que las agencias federales siempre tienen razón en su interpretación de las cuestiones científicas y técnicas y en cómo aplican esa interpretación a la autoridad legal que les ha otorgado el Congreso.
Profundizando en los detalles, la base jurídica específica de esta postura es consecuencia de la resolución del Tribunal Supremo de 1984 en el caso Chevron U.S.A., Inc. contra Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Inc., 467 U.S. 837 (1984). La resolución y la opinión de la mayoría activista judicial en este caso establecieron los parámetros de la nueva doctrina legal que exige que las cortes se remitan al estado administrativo en asuntos que involucren la interpretación de los estatutos del congreso que éste administra.
Mi entendimiento lego de todo esto (no soy abogado) es que la Corte Suprema, actuando bajo la falsa suposición de que el estado administrativo puede ser responsabilizado por sus acciones por los ciudadanos de los Estados Unidos a través del proceso electoral presidencial, ha determinado que las cortes deben diferir a la experiencia y el juicio de los empleados del estado administrativo en gran parte porque los jueces federales son nombrados en lugar de elegidos, y el liderazgo superior de las agencias administrativas (rama ejecutiva) son nombrados por el presidente (elegido).
Por desgracia, como descubrió el presidente Donald Trump y ha demostrado sobradamente el presidente Joe Biden, la cola mueve al perro. Los empleados permanentes de las agencias federales del poder ejecutivo no pueden ser responsabilizados por el presidente, porque a todos los efectos prácticos no son empleados «a voluntad». No pueden ser despedidos por problemas de rendimiento y responsabilidad sin una larga batalla legal de varios años. En la actual presidencia posmoderna de Estados Unidos, posterior a 1984, las burocracias administrativas estatales controlan al presidente, y no al revés. Y la verdad científica/técnica autorizada se ha convertido en lo que estas agencias encuentran más conveniente para apoyar sus agendas.
En otras palabras, una Corte Suprema activista anterior se entrometió en el equilibrio constitucional de poderes a favor de una agencia federal, y esta decisión se ha generalizado a todo el Estado administrativo. El resultado ha sido un mayor desarrollo y un enorme aumento de poder en una cuarta rama del gobierno, no constitucional, que se conoce comúnmente como el estado administrativo permanente.
Enterrado dentro de ese estado administrativo hay un gobierno en la sombra permanente no electo comúnmente conocido como el «Estado Profundo». Además, la autorización original del Congreso determinó que la CIA y el Director de Inteligencia Nacional deben lealtad primaria y responsabilidad de defender y servir al presidente y no a la Constitución de los Estados Unidos. Esto es similar a lo que ocurrió en el 27 a.C. cuando el emperador romano Augusto permitió la creación de una poderosa «Guardia Pretoriana» permanente.
Al igual que la guardia romana funcionó con el tiempo, la CIA y la «comunidad de inteligencia» asociada actúan cada vez más para seleccionar al presidente que desea colocar como la figura o testaferro del sombrío liderazgo permanente del «Estado Profundo» que en realidad controla la política interior y exterior de Estados Unidos.
Para más detalles sobre cómo todo esto funciona para fortalecer el Estado administrativo y a sus empleados a expensas de la autoridad tanto del Congreso como del presidente, por favor vea el ensayo anterior de Substack titulado «El poder invisible que controla el gobierno de Estados Unidos. Cómo el ‘Programa F’ de Trump podría haber drenado el pantano‘». Se pueden encontrar antecedentes adicionales en el ensayo de Substack «¿Qué hacer con un problema como el HHS?» (Pt. 2, tratamiento de la enfermedad). Desenmarañar agencias estatales administrativas atrincheradas es un trabajo duro y que lleva mucho tiempo«.
En cuanto a los detalles de la doctrina de la «Deferencia Chevron», Wikipedia ofrece un resumen equilibrado y bastante completo de las cuestiones, comenzando con esta visión general introductoria.
«Chevron U.S.A., Inc. v. Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Inc., 467 U.S. 837 (1984), fue un caso histórico en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció la prueba legal para determinar si se debe conceder deferencia a la interpretación de una agencia gubernamental de un estatuto que administra. La decisión articuló una doctrina que ahora se conoce como «deferencia Chevron«. La doctrina consiste en una prueba de dos partes aplicada por la corte, en su caso, que es altamente deferente a las agencias gubernamentales: en primer lugar, si el Congreso se ha pronunciado directamente sobre la cuestión precisa en cuestión, y en segundo lugar, ‘si la respuesta de la agencia se basa en una interpretación permisible de la ley.'»
A continuación se exponen las cláusulas clave y la lógica que sustentan la justificación del SCOTUS para la «Deferencia Chevron».
En primer lugar, la Corte Suprema determinó que el poder judicial de EE.UU. no es una rama política del gobierno, y enfatizó que los jueces federales de EE.UU. no son funcionarios electos.
Wikipedia proporciona lo siguiente de la opinión Chevron: «Cuando una impugnación de la interpretación de una disposición legal por parte de un organismo, conceptualizada de manera justa, se centra realmente en la sensatez de la política del organismo, en lugar de en si se trata de una opción razonable dentro de una laguna dejada abierta por el Congreso, la impugnación debe fallar. En tal caso, los jueces federales -que no tienen circunscripción- tienen el deber de respetar las decisiones políticas legítimas tomadas por los que sí la tienen. Las responsabilidades de evaluar la sensatez de tales opciones políticas y resolver la lucha entre puntos de vista opuestos sobre el interés público no son judiciales».
«Entonces la Corte razonó que cuando el Congreso aprueba una ley que contiene una ambigüedad, esto representa una delegación implícita de autoridad del Congreso a la agencia del poder ejecutivo que implementa la ley», se lee en la página de Wikipedia. » La Corte concluyó entonces que estas delegaciones de poder deben limitar la revisión de un tribunal federal de la interpretación de la ley por parte de la agencia».
La página vuelve a citar la opinión de la corte: «El poder de una agencia administrativa para administrar un programa creado por el Congreso requiere necesariamente la formulación de políticas y la elaboración de normas para llenar cualquier vacío dejado, implícita o explícitamente, por el Congreso. Si el Congreso ha dejado explícitamente una laguna para que la agencia la llene, existe una delegación expresa de autoridad a la agencia para dilucidar una disposición específica de la ley mediante un reglamento. Estos reglamentos legislativos tienen un peso determinante a menos que sean arbitrarios, caprichosos o manifiestamente contrarios a la ley. A veces, la delegación legislativa a una agencia sobre una cuestión concreta es implícita y no explícita. En tal caso, una corte no puede sustituir una interpretación razonable hecha por el administrador de una agencia por su propia interpretación de una disposición legal».
Basándose en este razonamiento, la opinión mayoritaria de la Corte Suprema estableció un análisis en dos fases para las cortes federales a la hora de considerar una impugnación de la interpretación de una ley por parte de una agencia.
Wikipedia proporciona lo siguiente de la opinión de la corte: «En primer lugar, siempre está la cuestión de si el Congreso se ha pronunciado directamente sobre la cuestión precisa en cuestión. Si la intención del Congreso es clara, ahí termina el asunto, ya que el tribunal, al igual que la agencia, debe dar efecto a la intención expresada sin ambigüedades por el Congreso. Sin embargo, si la corte determina que el Congreso no ha abordado directamente la cuestión precisa en cuestión, la corte no impone simplemente su propia interpretación del estatuto ….. Más bien, si el estatuto no dice nada o es ambiguo con respecto a la cuestión específica, la cuestión para la corte es si la respuesta de la agencia se basa en una interpretación permisible del estatuto».
En otras palabras, cuando el Congreso no hace su trabajo y no crea estatutos claros, según la decisión de la Deferencia Chevron, el estado administrativo tiene la autoridad para interpretar ampliamente y explotar las ambigüedades en los proyectos de ley de autorización del Congreso como mejor le parezca.
Como consecuencia de esta decisión, hemos asistido al explosivo aumento de poder de una cuarta rama del gobierno no elegida: el Estado administrativo permanente, sus administradores de élite no elegidos y que no rinden cuentas (el alto servicio ejecutivo) y su guardia pretoriana permanente (la CIA), que disfruta de un gran presupuesto clasificado «oscuro» y de su propio fondo de capital riesgo independiente (In-Q-Tel), lo que la hace funcionalmente autónoma de la supervisión de los ciudadanos de Estados Unidos y de sus representantes electos.
A partir de esto, espero que puedas apreciar mi punto anterior de que la opinión de la Corte Suprema de 1984 es la piedra angular en el arco del derecho administrativo actual. Y como una piedra angular, si la Deferencia Chevron fuera impugnada con éxito y revisada significativamente por el SCOTUS (sacando funcionalmente la piedra angular del arco), el poder y la integridad de toda la estructura del Estado administrativo se verían comprometidos, y la fuerza de la cuarta rama no elegida del gobierno podría caer, restaurando así el equilibrio entre las tres ramas (constitucionales) restantes del gobierno.
Publicado originalmente en el Substack del autor, republicado desde el Brownstone Institute.
Las opiniones expresadas en este artículo son opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
