WASHINGTON—El director interino de ICE, Matt Albence, criticó el fallo de un juez que impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) use información de la base de datos para emitir órdenes de detención, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Una orden de detención es una solicitud a una cárcel local para retener a un recluso por hasta 48 horas más, para que ICE pueda tomar custodia. ICE emite órdenes de detención en base a una causa probable para creer que un individuo es un extranjero removible, dijo Albence.
«La causa probable es el mismo estándar legal que otras agencias de aplicación de la ley deben cumplir para hacer un arresto», dijo el 10 de octubre.
El juez de distrito de California, André Birotte Jr., emitió el fallo el 27 de septiembre, bajo la premisa de que confiar solo en la información de la base de datos puede ser poco confiable y, en ocasiones, ha llevado a la detención injusta de ciudadanos estadounidenses.
«El resultado es una posible clasificación errónea de miles y miles de personas, potencialmente incluso millones, dados los diversos requisitos para la obtención de la ciudadanía, su dinamismo y la incapacidad de los funcionarios de inmigración de rastrear de manera adecuada o correcta esos cambios en el estado», dictaminó el juez.
«El resultado, por supuesto, es que muchos ciudadanos estadounidenses estén expuestos a un posible falso arresto cuando ICE se basa únicamente en bases de datos deficientes».
La ACLU, que representaba a los demandantes, celebró la decisión y dijo que era un fallo histórico.
«Esta decisión es una acusación importante del programa de deportación de ICE, que durante más de una década ha sometido a ciudadanos y no ciudadanos a arrestos inconstitucionales e innecesarios con el simple clic de un botón», dijo Jennie Pasquarella, abogada y directora de los derechos de inmigrantes para el ACLU de California del Sur, en un comunicado el 28 de septiembre.
Los datos proporcionados a la corte por ICE muestran que se emitieron casi 13.000 órdenes de detención desde mayo de 2015 hasta febrero de 2016. De las 13.000 órdenes, 42 fueron levantadas posteriormente porque se descubrió que el individuo era ciudadano estadounidense. Otros 729 fueron levantadas porque la persona no fue expulsada.
«Muchas veces, las personas con las que nos encontramos que son ciudadanos de los Estados Unidos ni siquiera saben que lo son, porque las leyes sobre ciudadanía son muy complicadas», dijo Albence.
«La realidad es que vivimos en una era electrónica donde la información se digitaliza cada vez más, y la evidencia utilizada para respaldar el hallazgo de una causa probable seguramente provenga de las bases de datos».
Albence dijo que la decisión, «emitida por un solo juez en Los Ángeles, afectará al menos a 43 estados, amenazando a comunidades mucho más allá de la que se encuentra este juez».
“Esta decisión amenazará la seguridad pública, ya que conducirá a la liberación de extranjeros criminales a la calle, criminales a los que no encontraremos antes de que lastimen, o peor aún, más víctimas inocentes, víctimas que podrían haberse librado de su dolor y sufrimiento si solo se le hubiera permitido a ICE hacer su trabajo».
Albence dijo que ICE generalmente se entera de un extranjero ilegal cuando lo registran en una cárcel local y se registran sus huellas digitales y los datos.
«Rebotan en las bases de datos del FBI y rebotan en nuestras bases de datos», dijo.
ICE realizó alrededor de 140.000 arrestos ilegales de extranjeros en el año fiscal 2018; el 75 por ciento de los cuales provino de ICE trabajando con cárceles y prisiones. El otro 25 por ciento fue realizado por los equipos de ICE en la comunidad.
Las detenciones de extranjeros criminales han disminuido aproximadamente un 15 por ciento este año fiscal, dijo Albence, debido a la redistribución de agentes para ayudar durante la crisis fronteriza.
“Por mucho que quisiera, no puedo pararme aquí hoy y prometerles que a los criminales extranjeros peligrosos no se les permitirá salir de la cárcel para dañar potencialmente a otros. De hecho, es todo lo contrario», dijo.
“Y las decisiones judiciales que niegan nuestras autoridades legales solo agravan este riesgo. Para ser claros, los principales beneficiarios de la reciente decisión judicial que limita la capacidad de ICE de usar sus autoridades de detención son a los extranjeros criminales que han sido arrestados por delitos penales por las jurisdicciones estatales y locales».
Albence también apuntó al fiscal general de Nueva Jersey, que la semana pasada prohibió a las fuerzas del orden locales celebrar acuerdos de cooperación con ICE.
El Procurador General, Gurbir Grewal, emitió la directiva el 27 de septiembre, diciendo que los acuerdos 287 (g) «socavan la confianza pública sin mejorar la seguridad pública».
El programa 287 (g) permite a ICE capacitar a los oficiales locales de la cárcel para identificar extranjeros criminales bajo su custodia, bajo la supervisión de ICE. Dos condados en Nueva Jersey, Monmouth y Cape May, actualmente tienen un acuerdo 287 (g) con ICE.
Según el programa, en mayo, los oficiales del condado de Monmouth pudieron identificar y colocar una suspensión de inmigración a un ciudadano mexicano acusado de atraer a un niño, agresión sexual a un niño menor de 13 años, obscenidad y poner en peligro la conducta sexual con un niño, según ICE.
«No entiendo cómo un fiscal general, el principal oficial de la ley del estado, le dice a otros oficiales de la ley bajo su mando que ignoren la ley», dijo Albence. «Él no ha hecho más que poner a los ciudadanos de Nueva Jersey en mayor riesgo».
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