La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, oficializó el cese de Marita Barreto como jefa del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), poco después de que ese grupo abriera una investigación al entorno de la máxima responsable del Ministerio Público.
La resolución que confirmó la medida apareció fechada el 25 de noviembre, aunque fue publicada en una edición extraordinaria del boletín de normas legales emitida hacia la medianoche de este lunes.
En la misma también se designó como nuevo coordinador del Eficcop al abogado José Miguel Cuya Berrocal, quien se encargaba de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.
En la resolución se afirma que Barreto «no ha cumplido con la entrega oportuna de la información requerida» sobre la carga del equipo especial e informa que «resulta pertinente (…) cambiar la coordinación actual del equipo especial mencionado».
Por ese motivo, da por concluido su nombramiento como fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y su designación como Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder.
De inmediato, se designa a Barreto como fiscal provincial titular penal de Lima, en el despacho de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.
Este lunes, luego de que medios locales informaran que Barreto iba a ser cesada, los fiscales que integran el equipo especial rechazaron la decisión y, tras anunciar que «permanecerán en el cargo», reafirmaron su «compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga».
Barreto sostuvo, por su parte, en la emisora RPP que la decisión de Benavides es un «abuso de poder», porque consideró que no existe una razón justificada para su cambio.
El abogado Luciano López, quien ha asumido su defensa, aseguró luego en el Canal N que Benavides hizo «mal uso de su atribución» de remover a fiscales y sostuvo que Barreto se mantendría en el cargo hasta que se publique la resolución de cese.
La investigación contra la fiscal general
El Eficcop y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía realizaron este lunes detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de Benavides, como parte de la investigación de una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público».
Esa organización presuntamente buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos «para fines ilícitos».
En respuesta a la investigación, Benavides destituyó a Barreto y luego aseguró que las investigaciones son «un acto torpe» para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
Informó, en ese sentido, que presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de Benavides es una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
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