La Fiscalía Europea se ha topado con dificultades a la hora de detectar casos de posibles fraudes cometidos con fondos europeos de recuperación Next Generation (NG) -destinados a paliar los efectos económicos de la pandemia- y tratan de hacer un «diagnóstico» para revertir esta situación.
A punto de cumplirse el tercer aniversario desde que comenzó a funcionar en junio de 2021, fuentes de esta institución reconocen a EFE que siempre hay margen de mejora en la comunicación con las autoridades nacionales, que les deben reportar los casos que detecten si son competencia de la Fiscalía Europea, y subrayan la necesidad de más recursos, sobre todo a medida que «las investigaciones van creciendo».
Según su informe anual, relativo al ejercicio de 2023 y hecho público hace unos meses, este órgano abrió el año pasado en España 29 nuevas investigaciones -ninguna de ellas de casos sobre fondos NG, según calculan las fuentes- con un daño estimado de 217,3 millones de euros.
Con el «objetivo» de «recuperar el dinero» y paliar el «daño causado» por los delincuentes, la Fiscalía Europea mantiene activas en España 47 investigaciones que detectaron hasta 321,7 millones de euros de perjuicio estimado.
Esta institución supranacional tiene 22 fiscales europeos, uno por cada país, que serán 23 cuando próximamente se sume Polonia, y se dedica a investigar delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE y tras los que suelen encontrarse complejas organizaciones criminales.
En España, el fiscal europeo es Ignacio De Lucas, que dirige un equipo de siete fiscales delegados, aunque la «complejidad» de las investigaciones y el «incremento» en el volumen de trabajo hace que estén en conversaciones con el Gobierno para aumentar la plantilla dos fiscales más y reclamar una unidad policial adscrita, informan las fuentes consultadas.
Estas fuentes destacan la «especialización» e «independencia» de la Fiscalía; son los fiscales delegados quienes investigan e informan de la evolución de los casos y de sus decisiones a la denominada «sala permanente», formada por tres fiscales europeos de un país no implicado en la investigación y otro supervisor del Estado miembro.
Y en el caso de que haya que adoptar medidas que restrinjan derechos fundamentales de los investigados, es un juez de garantías quien debe acordarlo.
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