La Fiscalía de la ciudad italiana de Bérgamo (centro) interrogará a miembros del Gobierno, entre ellos el primer ministro Giuseppe Conte, que responderá el viernes, en el marco de la investigación sobre la gestión de la crisis del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus.
Los fiscales convocarán como «personas informadas» (sin atribuirles delito alguno) al primer ministro, a la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y al de Sanidad, Roberto Speranza.
Conte avanzó que declarará el próximo viernes y que lo hará con «plena serenidad» y «sin arrogancia» para aclarar sus decisiones en esos difíciles momentos, afirmó este miércoles ante la prensa a las puertas del romano Palacio Chigi, sede de la Presidencia del Gobierno.
«Lo que tenga que decir al fiscal, lo haré ante él, no puedo adelantarlo. Declararé debidamente sobre todos los hechos en mi conocimiento. No estoy para nada preocupado», defendió.
Su testimonio engrosará la investigación sobre la gestión de la pandemia del COVID-19, que hasta ahora ha infectado a más de 235,500 personas en Italia, de las que unas 34,000 han perdido la vida, además de bloquear el país durante casi dos meses y medio, sobre todo su industrializado norte.
Pero los fiscales se centrarán en preguntar a los miembros del Gobierno por las razones que les llevaron a no aislar inmediatamente como «zonas rojas» los municipios de Nembro y Alzano Lombardo (norte), a la postre dos de los más damnificados.
El 21 de febrero se confirmó el primer caso de contagio del virus del PCCh en el municipio lombardo de Codogno y al día siguiente del estallido de la crisis el Gobierno decretó el aislamiento de once focos, diez localidades de Lombardía y una del Véneto (norte).
Entre los municipios lombardos no estaban Nembro y Alzano, zonas industriales en la periferia de Bérgamo, epicentro de la pandemia y donde empezaban a crecer los contagios.
Este miércoles, familiares de víctimas del virus del PCCh, agrupados en el colectivo «Noi denunceremo» (Nosotros denunciaremos), testificaron ante los fiscales y denunciaron que el Gobierno tardó demasiado en cerrar esos dos pueblos, que acabarían siendo de los más perjudicados.
En concreto no fueron aislados hasta el 8 de marzo, cuando el Gobierno decretó el cierre de toda la región de Lombardía y otros territorios aledaños, un paso previo al confinamiento de todo el país, efectivo desde el día 10 de marzo.
«Durante quince días viajamos, trabajamos mientras el virus circulaba. Si se hubiera cerrado desde el principio la provincia de Bérgamo, no habríamos tenido que cerrar Lombardía ni Italia», dijo hoy a los medios el fundador del colectivo, Luca Fusco.
Los denunciantes sospechan que detrás de la decisión de no aislar inmediatamente estos dos municipios están los intereses económicos, ya que se trata de un área con una gran concentración empresarial en pleno motor económico de Italia, la región de la Lombardía.
Los fiscales ya han escuchado a los gobernantes regionales, como el presidente Attilio Fontana y su consejero de Sanidad, Giulio Gallera, de la ultraderechista Liga, que sostuvieron que la competencia para nombrar las «zonas rojas» era del Gobierno central.
El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), uno de los que forman la coalición de Gobierno, ha descartado que las empresas de la zona hubieran podido hacer «lobby» o presionar al Ejecutivo para seguir operando.
Pero reconoció que en aquellos primeros días de la crisis las empresas de estos dos pequeños municipios temieron ser encerradas en la zona roja mientras el resto del país seguía operando.
En los primeros días de la crisis él mismo, como otros líderes políticos, se sumó a una campaña para llamar a los ciudadanos a hacer vida normal y seguir trabajando; se trató de una campaña impulsada -según dijo- por la patronal italiana Confindustria.
En un encuentro telemático ayer con la prensa extranjera, Gori aseguró que se arrepentía de haber participado en esa iniciativa, pero aseguró que en esos primeros días nada permitía presagiar la tragedia.
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