¿Texas desafía a la corte?
Los juristas afirman que no es cierta la afirmación de que Texas está desafiando a la Corte Suprema al continuar con su política estatal de erigir alambrado y barreras para impedir la entrada de inmigrantes ilegales en el país.
Esta afirmación ha sido repetida por los medios de comunicación hegemónicos y políticos como el exrepresentante Beto O’Rourke (D-Texas) y el actual representante Joaquín Castro (D-Texas).
Y debido a que el Sr. Abbott está utilizando soldados de la Guardia Nacional de Texas en el proyecto de seguridad fronteriza, tanto el Sr. O’Rourke como el Sr. Castro han implorado al presidente Biden que tome la drástica medida de federalizar la Guardia Nacional de Texas, una medida que el Sr. Abbott dijo que sería un «error político».
El Sr. O’Rourke recordó cuando el difunto gobernador de Arkansas, el demócrata Orval Faubus, se negó a cumplir la histórica sentencia de eliminación de la segregación racial de la Corte Suprema, Brown vs Board of Education (1954), y utilizó los soldados de la Guardia Nacional de Arkansas en 1957 para impedir que los niños negros asistieran a la Little Rock Central High School.
En respuesta, el presidente Dwight Eisenhower, republicano, federalizó la Guardia Nacional de Arkansas para garantizar el cumplimiento del fallo.
«Biden debe seguir este ejemplo de liderazgo audaz y decisivo para poner fin a esta crisis antes de que empeore», dijo O’Rourke.
El abogado Mark Miller, de Pacific Legal Foundation, un bufete nacional de abogados de interés público que desafía la mala conducta del gobierno, rechazó la idea de que Texas haya estado desafiando al más alto tribunal de la nación.
«Todo el mundo dice: ‘Bueno, Texas está desobedeciendo la orden de la Corte Suprema’. Eso no es cierto», dijo Miller a The Epoch Times.
«La Corte Suprema no dijo: ‘Texas, no puedes poner más alambre’. Sólo dijo que el gobierno federal puede cortar el alambrado», añadió.
Christopher Hajec, director de litigios del Immigration Reform Law Institute, se mostró de acuerdo.
La Corte Suprema se limitó a anular la medida cautelar que el 5º Circuito emitió contra los funcionarios federales de cortar el alambre de púas, dijo, y agregó que la administración «es libre de seguir adelante cortándolo».
Texas no está desafiando a la corte al construir sus defensas como constitucionalmente tiene derecho a hacer, dijo.
Curt Levey, veterano observador de la corte y presidente del conservador Committee for Justice, considera que este episodio es una importante lección de civismo para el público estadounidense.
Por el momento «no hay todavía un verdadero conflicto aquí», dijo.
«Beto O’Rourke y otros han afirmado falsamente que Texas está desafiando una orden de la Corte Suprema», dijo. Recordó una rueda de prensa en la Casa Blanca la semana pasada en la que un reportero «prácticamente exigía» saber por qué la Administración Biden no tomaba medidas contra Texas.
«Creo que es una buena oportunidad para entender los matices del procedimiento legal y del derecho constitucional», dijo Levey.
Todas las disposiciones constitucionales en juego aquí «rara vez, o nunca, se han litigado».
Barrera flotante
En el caso de la barrera flotante, Estados Unidos contra Abbott, un juez federal de distrito rechazó el argumento de los poderes de guerra del Estado y falló en contra del estado y su barrera.
El estado colocó la barrera de 1000 pies en el Río Grande, cerca de Eagle Pass.
El Sr. Hajec dijo que espera que si el pleno del 5º Circuito llega a la cuestión de los poderes de guerra, considere que es una «cuestión política no justiciable» y se remita a las autoridades de Texas.
Si una cuestión no es justiciable, significa que una corte no puede evaluarla de acuerdo con principios jurídicos.
Las sentencias de justiciabilidad se producen cuando una corte carece de competencias para escuchar un caso en virtud de la Constitución o determina que hacerlo sería un ejercicio imprudente del poder judicial. La doctrina de la cuestión política impide que las cortes federales escuchen cuestiones constitucionales que se consideran mejor resueltas por otros poderes del Estado.
«Imaginemos que Texas fuera invadido por México, nadie dudaría de que Texas pudiera utilizar sus propias tropas para repeler la invasión y no tendríamos que preocuparnos por la Ley de Ríos y Puertos porque se trataría de una invasión», dijo el Sr. Hajec.
Esa situación es difícil de distinguir del statu quo en el que los cárteles mexicanos, que equivalen a organizaciones paramilitares extranjeras, atacan Estados Unidos, dijo.
Hajec se mostró «optimista» ante la posibilidad de que Texas pueda seguir erigiendo alambrados y otros tipos de barreras para defender su territorio.
En el caso Estados Unidos contra Texas, sobre el sistema paralelo de aplicación de las leyes de inmigración de Texas, la demanda legal de la Administración Biden cita el caso Arizona contra Estados Unidos (2012), que sostiene que el gobierno de Estados Unidos tiene «un poder amplio e indudable sobre el tema de la inmigración y el estatus de» los no ciudadanos. Cuando la ley estatal sobre el mismo tema entra en conflicto con la ley federal, la ley estatal debe ceder.
En ese caso, hace 12 años, la Corte Suprema anuló tres de las cuatro disposiciones de la ley de Arizona conocida como SB1070 que la entonces gobernadora republicana Jan Brewer promulgó en 2010. La ley otorgaba autoridad a las fuerzas de seguridad locales para hacer cumplir la ley federal de inmigración. El tribunal sostuvo que las disposiciones infractoras violaban los poderes constitucionalmente atribuidos al Congreso y estaban reguladas por la ley federal.
El Sr. Hajec dijo que si el gobierno federal no cumple con su responsabilidad de proteger las fronteras y hacer cumplir las leyes de inmigración, los estados tienen derecho, en virtud de la Constitución, a actuar.
Al momento de la publicación de este artículo no estaba claro cuándo se ocuparía del caso Estados Unidos contra Texas la corte de distrito.
Repeler una invasión
Vale la pena examinar el argumento del Sr. Abbott de que su estado tiene derecho a defenderse contra una invasión en curso, que se aplica a las tres demandas, dijo el Sr. Hajec.
Las barreras de alambre de púas son «medidas defensivas clásicas que son medidas de guerra», dijo.
Una guerra llevada a cabo en virtud de la «autoridad constitucional de Texas en caso de invasión no se ve afectada por las prioridades de aplicación de la administración».
La prelación federal significa que una ley estatal que entre en conflicto con la ley federal no es válida.
Es responsabilidad del Sr. Abbott decidir si Texas ha sido invadida y cómo repeler la invasión, dijo el Sr. Hajec.
Miller se mostró escéptico sobre la justificación de la Operación Estrella Solitaria basada en la invasión.
«Si nos fijamos en el lenguaje real de la Constitución, me cuesta imaginar que los gobernadores digan que pueden ir a la guerra por esto».
Lo interesante de la afirmación del Sr. Abbott de que el gobierno federal no está cumpliendo el pacto entre el gobierno federal y los estados que culminó con la adopción de la Constitución, es que si «realmente tuvieras que mantener a Abbott en ese argumento … tendría que decir que esta invasión significa que puede entrar en guerra en la frontera».
«Creo que es poco probable que un gobernador del Estado vaya a decir eso, pero ese es el lenguaje en el que se está basando».
Los expertos discrepan
Los expertos legales difirieron en su evaluación de la fortaleza general de la posición legal de Texas.
El Sr. Hajec dijo que la postura de Texas se ve reforzada por la sentencia de la Corte Suprema de 2020 en el caso Kansas contra Garcia.
«La Constitución y la ley están a favor de las personas que intentan alcanzar los propósitos de la ley. Todo eso beneficia a Texas en este caso».
En el caso Kansas contra Garcia, Kansas había promulgado una ley que permitía al estado procesar a inmigrantes ilegales por robo de identidad cuando trabajaban con números de la Seguridad Social emitidos por el gobierno federal y pertenecientes a otras personas, a pesar de que la ley federal de inmigración ya regula si esas personas pueden trabajar en Estados Unidos. En los últimos años, el gobierno federal ha mostrado poco interés en procesar estos casos.
La ley de Kansas fue impugnada con el argumento de que las acciones judiciales del estado contra los inmigrantes ilegales por robo de identidad estaban reguladas por la ley federal, dijo.
Se consideró que la Ley federal de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) de 1986, que tipificaba como delito que los empresarios contrataran a personas que carecieran del derecho legal a trabajar en Estados Unidos, se oponía a la aplicación de las leyes estatales sobre usurpación de identidad contra inmigrantes ilegales.
La Corte Suprema de Kansas consideró que la IRCA se oponía a la aplicación de las leyes estatales sobre usurpación de identidad siempre que la información necesaria para la acusación estuviera contenida o adjunta a un formulario federal de verificación de la elegibilidad para el empleo (conocido como formulario I-9), incluso cuando el estado acusara por el uso de esa misma información en documentos no incluidos en la IRCA.
Pero en este caso, la Corte Suprema de EE.UU. confirmó por 5 votos a favor y 4 en contra la facultad de los estados de perseguir a esas personas por usurpación de identidad aunque la misma información falsa apareciera en los formularios federales I-9.
La Corte sostuvo que la IRCA no se oponía a la ley de Kansas, que se refería a la conducta de los empleados, un ámbito no cubierto por la IRCA.
El Sr. Hajec dijo que la corte consideró que «la mera política ejecutiva de no querer hacer cumplir la ley … no tenía fuerza preventiva».
«Texas es libre, según esta norma, de perseguir los objetivos del propio Congreso», que ha prohibido la entrada ilegal en Estados Unidos, dijo.
Las barreras erigidas por el estado fomentan los objetivos del Congreso y no interfieren con los objetivos de la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad, dijo.
El Sr. Miller dijo que no está claro lo que la Corte Suprema puede hacer en el futuro sobre DHS vs Texas y las otras demandas, pero el gobierno federal parece tener el mejor argumento legal debido al precedente de la Corte en 2012 en Arizona vs Estados Unidos, que invalidó los esfuerzos de un estado para controlar la inmigración ilegal.
Pero el Sr. Abbott «ha demostrado una gran habilidad para utilizar su influencia política en la cuestión de la inmigración».
El fracaso del Congreso y del poder ejecutivo para abordar de manera significativa la cuestión de la inmigración ha puesto al país en su situación actual, dijo el abogado.
«Creo que muchos estadounidenses razonables a ambos lados del pasillo político dicen que esto es insostenible. Y por eso Abbott está tratando de aumentar la presión sobre el gobierno federal para que haga algo al respecto», dijo el Sr. Miller.
Fue «bastante inteligente» empezar a enviar inmigrantes ilegales a «ciudades que afirman ser ciudades santuario y decirles: ‘Muy bien, hagan honor a su gran discurso'».
El Sr. Levey dijo que en esta contienda entre Texas y el gobierno federal, «es una decisión reñida dado que la Constitución otorga al gobierno federal el poder de proteger nuestras fronteras».
Dado que el ejecutivo tiene margen de maniobra para hacer cumplir la ley, el gobierno de Biden argumentaría que «a su manera está asegurando la frontera», dijo Levey. Pero «es un argumento débil».
El hecho de que la administración no pueda identificar ningún estatuto que le permita cortar el alambre de púas, y el hecho de que la eliminación de la valla parece contraria a los objetivos de la ley federal, debilita la posición del gobierno de EE. UU., dijo.
Si se combina la disposición constitucional que reconoce el derecho de los Estados a la autodefensa con los demás argumentos, Texas «tiene aquí el mejor argumento», dijo el Sr. Levey. Pero dijo que «está muy reñido».
Sin embargo, «no es una decisión política cerrada». Es «absurdo» que la Administración Biden profese el deseo de asegurar la frontera mientras impide a Texas defender su frontera, dijo.
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