El sueño de la neutralidad de carbono cero —y su visión de cubrir cientos de millones de acres de tierra estadounidense con turbinas eólicas y paneles solares— choca con la realidad de que la mayor parte de la tierra en Estados Unidos sigue siendo de propiedad privada y muchos estadounidenses no quieren estas enormes instalaciones industriales cerca de sus casas.
Pero eso puede ser un impedimento temporal.
«Hay un gran esfuerzo bajo la Administración Biden para consolidar el poder sobre la tierra y los recursos, porque quien posee la tierra y los recursos de una nación, controla a la gente», dijo a The Epoch Times Margaret Byfield, directora ejecutiva de American Stewards of Liberty, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de propiedad.
Como exranchera de Nevada, se vio envuelta en una lucha de una década con las agencias federales por el control de sus tierras, que finalmente perdió.
En la actualidad, cree que el Nuevo Acuerdo Verde y la industria de las energías renovables supondrán una nueva apropiación de tierras.
Los analistas especulan con que, para cumplir los objetivos de neutralidad de carbono y construir una infraestructura de energías renovables, habrá que reconvertir enormes extensiones de terreno para uso industrial.
Más grande que Texas
Según Katharine Hayhoe, jefa científica de The Nature Conservancy (TNC), una organización defensora de las energías renovables, «con las actuales prácticas de ubicación, se necesitaría una superficie del tamaño de Texas para albergar la infraestructura eólica y solar que necesitamos para alcanzar la neutralidad de carbono en todo el país en 2050».
Alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono (CO2) para 2050 exigiría consumir más de 250,000 millas cuadradas, o 160 millones de acres, de tierra, según el informe de TNC de mayo.
Sin embargo, los autores son optimistas y creen que el consumo de tierras podría reducirse a una superficie del tamaño de Arizona si la industria de las renovables sigue los procedimientos de «reducción del impacto» de TNC.
Estos grandes planes se ven frenados por el hecho de que el 70%, o 1300 millones de acres, de la tierra de los 48 estados contiguos es actualmente de propiedad privada, y sus propietarios suelen negarse a permitir que se instalen paneles solares, turbinas eólicas, líneas eléctricas y tuberías de carbono.
Según la base de datos Renewable Rejection Database, compilada por el periodista y escritor Robert Bryce, más de 600 comunidades de todo Estados Unidos han bloqueado o prohibido hasta ahora grandes proyectos solares y eólicos y otras empresas de energías renovables que consideran que dañarán el medio ambiente local.
«Se trata del valor de la propiedad, de mantener el carácter de sus barrios, de sus ciudades, de sus condados», declaró Bryce a The Epoch Times. «Y esto es algo que ha venido ocurriendo desde Maine hasta Hawái».
Dominio eminente
Sin embargo, para la industria de la neutralidad en carbono, centralizar los derechos sobre el suelo puede resolver este problema.
Un informe de 2020 de J.B. Ruhl y James Salzman, profesores de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, afirma que «los polifacéticos objetivos de infraestructuras del Nuevo Acuerdo Verde serán imposibles de alcanzar en los plazos deseados si se aplican los actuales regímenes legales federales, estatales y locales de emplazamiento y protección medioambiental».
«Los intereses empresariales, laborales, de derechos de propiedad, de protección del medio ambiente y de justicia social los utilizarán para reducir el Nuevo Acuerdo Verde a paso de tortuga», dice el informe.
«Este ensayo es una llamada a las armas sobre la necesidad de diseñar nuevas leyes verdes para el Nuevo Acuerdo Verde».
Los autores abogan por «procesos más ágiles, descendentes y preventivos, así como por un amplio uso de los poderes de dominio eminente» para acelerar el desarrollo de proyectos eólicos y solares.
En línea con esta opinión, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co, el mayor banco de Estados Unidos, dijo en una carta de abril a los accionistas que los gobiernos, las empresas y las organizaciones no gubernamentales deben unirse detrás de una «inversión global masiva en tecnologías de energía limpia».
«Puede que incluso tengamos que recurrir a la expropiación forzosa», escribió.
Esta creencia está resonando entre los funcionarios del gobierno, tanto a nivel federal como en los estados de tendencia izquierdista.
En noviembre, la Asamblea Legislativa de Michigan, controlada por los demócratas, aprobó una ley que pretende arrebatar el control del uso del suelo a las comunidades locales y dárselo a los funcionarios estatales para proyectos de energías renovables.
Según la nueva ley de Michigan, los permisos para parques solares con una capacidad de 50 megavatios o más; instalaciones eólicas de 100 megavatios o más; e instalaciones de almacenamiento de energía con una capacidad de 50 megavatios o más y una capacidad de descarga de 200 megavatios o más estarán ahora bajo el control de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan.
Esto eliminará el impedimento de la resistencia local a los proyectos de energías renovables a gran escala.
Según una declaración del senador del estado de Michigan John Damoose, republicano que se opuso a la ley, quienes la impulsaron «sabían que las comunidades no querrían estar repletas de parques eólicos y paneles solares, así que tuvieron que presentar más proyectos de ley que dan al Estado el poder de anular a las comunidades locales».
Más dominio eminente
Además de la autoridad gubernamental, las empresas privadas también buscan el poder de tomar tierras en nombre de la red cero.
En los estados occidentales se está produciendo un caso de prueba en relación con los proyectos de gasoductos de captura de carbono, en el que empresas privadas intentan apropiarse de las tierras de los ciudadanos mediante expropiación forzosa, según afirman personas con información privilegiada.
Dos empresas, Summit Carbon Solutions y Navigator CO2 Ventures, han intentado construir gasoductos de captura de carbono a través de cinco estados occidentales.
El proyecto de captura de carbono de Navigator, llamado Heartland Greenway, capturaría 15 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año procedentes de plantas de etanol y las canalizaría hasta donde podrían enterrarse a miles de metros bajo tierra.
El proyecto propuesto por Summit es mayor: se prevé que capture 18 millones de toneladas de CO2. Se conectaría a más de 30 plantas de etanol de Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Minnesota y Dakota del Norte, donde se secuestraría el CO2 en última instancia.
Estas empresas habrían recibido subsidios federales de 50 dólares por tonelada de CO2 extraída bajo la Administración Trump.
Bajo la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden, estos subsidios aumentaron a 85 dólares por tonelada, además de lo que los propietarios de las tuberías recibirían de los productores de etanol.
«Es un gran despilfarro, y se puede ganar un montón de dinero», dijo la representante estatal de Dakota del Sur, Karla Lems, a The Epoch Times.
«Pero lo realmente grave es que tienen que hacer este oleoducto a través de propiedad privada».
La forma en que se ha conseguido es mediante empresas que se declaran «transportistas comunes», que históricamente ha sido una designación para ferrocarriles, compañías de agua y gasoductos de gas natural.
Esta designación permite a las empresas privadas tomar tierras de propiedad privada mediante dominio eminente.
Según Lems, Summit notificó a más de 150 propietarios de Dakota del Sur la expropiación de parte de sus tierras, lo que permitió a la empresa acceder a ellas.
«Mi mayor preocupación es que estamos sentando un precedente», afirmó. «Esto es dominio eminente para beneficio privado.
«Vienen y dicen: ‘Necesitamos un usufructo a través de su propiedad, y ustedes nos la darán, de una forma u otra, porque somos un transportista común y tenemos derecho de dominio eminente'».
Las empresas intentaron negociar con los propietarios, dijo Lems, «pero básicamente, tienen ese gran garrote del dominio eminente en el bolsillo trasero, y no tienen miedo de usarlo».
Si el oleoducto tiene éxito, «la energía solar y eólica están justo detrás».
Navigator, que pertenece en un 84% al gigante de la gestión de activos BlackRock, ha dejado en suspenso su proyecto debido a la resistencia local y, al parecer, no ha intentado tomar los terrenos mediante expropiación forzada.
Pero Summit sigue adelante con su plan de oleoducto.
En una carta dirigida a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, 22 representantes del estado afirman que «el ‘Nuevo Acuerdo Verde’ que se ha impuesto a Dakota del Sur a causa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas no encaja con nuestra Carta de Derechos».
«La falsa narrativa que dice que las puntuaciones ESG [medioambientales, sociales y de gobernanza] vinculadas a la puntuación de ‘neutralidad’ en carbono repararán el daño causado por el capitalismo va en contra de la naturaleza misma de nuestros fundadores», escribieron los legisladores estatales.
«Las empresas que se benefician de estos proyectos lo hacen a costa de los derechos de propiedad de los individuos».
Muchos legisladores de los gobiernos estatales apoyan el proyecto, y los productores de etanol afirman que necesitan los créditos de carbono que les proporcionará el oleoducto para seguir operando de forma rentable.
Pero los críticos del proyecto se preguntan por qué hay que reconfigurar la industria y los paisajes locales para cumplir los objetivos de calentamiento global del gobierno de Biden y otros.
«Es una locura la presión política que se ejerce para conseguirlo», afirma Lems.
«¿Por qué tenemos que aceptar las normas del Foro Económico Mundial? Formemos una coalición que diga que no vamos a seguir esas normas; no tienen sentido».
Los críticos de la agenda de la neutralidad en carbono señalan que todo el dinero que se gasta y los terrenos que se adquieren en nombre de la neutralidad en carbono no pueden conseguir reducir la temperatura global.
Derechos de propiedad y libertad política
Además de la adquisición de terrenos para la neutralidad de carbono, la Administración Biden anunció su programa 30×30 en una orden ejecutiva de enero de 2021. La orden establece que el 30% de la tierra y el agua de Estados Unidos deben destinarse a la «conservación» para 2030.
Mientras que los partidarios de este plan lo han calificado de «voluntario» y «popular», sus detractores lo consideran una apropiación federal de tierras y temen que incluya nuevos mandatos gubernamentales sobre la propiedad privada.
Según Byfield, los fundadores de Estados Unidos querían la propiedad privada de la tierra y los bienes porque los derechos de propiedad y los derechos políticos van de la mano.
La costa este es en gran medida de propiedad privada, pero la tierra en el oeste, que se desarrolló bajo un conjunto diferente de creencias, está federalizada en un 50 por ciento», dijo.
«Nuestros fundadores querían una separación de poderes, lo que significaba que el pueblo, los ciudadanos, los pequeños terratenientes, la clase media, serían los propietarios de nuestros recursos naturales».
«Y ahora estamos pasando a la consolidación del poder, y el pueblo es el que menos poder tiene».
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