Comentario
Para proteger los derechos fundamentales de los brasileños, el presidente Jair Bolsonaro anunció el levantamiento de las medidas de salud pública que seguían vigentes en el país en abril, siendo el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien puso fin a dichas medidas tras firmar un decreto el 22 de abril.
Pero el hecho es que el presidente podría haber hecho mucho más si no fuera por las controvertidas acciones de los jueces activistas, lo que se ha podido observar en los comentarios del juez Dias Toffoli de la Corte Suprema de Brasil, quien declaró que «presidir Brasil no es fácil» y confesó que jueces no elegidos como él «han tomado medidas para mitigar los impactos de la pandemia en Brasil».
Además, el 15 de abril de 2020, la Corte Suprema avaló la facultad de los alcaldes y gobernadores de promulgar sus propios decretos con el pretexto de combatir la pandemia. Este fallo judicial permitió a estas autoridades locales decidir los cierres y qué «servicios no esenciales» no debían suprimirse. Estas autoridades utilizaron sus poderes para cerrar el comercio, suspender el transporte público y aislar a sus comunidades locales.
En abril de 2021, la Corte confirmó que las autoridades locales también podían prohibir los servicios religiosos presenciales. Según Uziel Santana, presidente de la Asociación de Abogados Evangélicos de Brasil (ANAJURE), esa decisión era «errónea desde el punto de vista técnico y jurídico». Esta forma de activismo judicial «acaba interfiriendo demasiado en la esfera de otro poder del Estado, y esto no es bueno en un Estado de derecho democrático», dijo.
La Corte Suprema y el presidente con opiniones opuestas
Mientras tanto, Bolsonaro ha expresado su preocupación por estas graves violaciones de los derechos humanos. Le gustaría que los diputados investigaran las acciones de las autoridades locales a las que el gobierno federal proporcionó fondos de emergencia. El presidente alega que estas autoridades están imponiendo un estado de sitio que es inconstitucional.
«No pueden hacer esto sin la aprobación del Congreso. Están humillando al pueblo mientras dicen que están salvando vidas. ¿Cómo pueden estar salvando vidas? Están matando de hambre a la gente», dijo.
Solo en 2021, la Corte Suprema tomó alrededor de 9000 decisiones relacionadas con la gestión de la pandemia. Estos jueces no elegidos argumentan que su activismo está respaldado por «pruebas científicas» que apoyan iniciativas como los cierres y la vacunación obligatoria.
Sin embargo, Martin Kulldorff, profesor de medicina de la Universidad de Harvard, Sunetra Gupta, profesora de epidemiología teórica de la Universidad de Oxford, y Jay Bhattacharya, profesor de medicina de la Universidad de Stanford, han puesto de manifiesto «los efectos perjudiciales para la salud física y mental de las políticas del COVID-19 vigentes». Estos tres han afirmado también que los cierres producen realmente «efectos devastadores en la salud pública a corto y largo plazo».
El 12 de noviembre, la Corte Suprema anuló una ley federal que impedía a las empresas obligar a sus empleados a mostrar una «prueba de vacunación» para mantener sus puestos de trabajo. La legislación pretendía proteger los derechos de los empleados a la autonomía corporal y la libertad de elección.
Curiosamente, la decisión se anunció solo unos días después de que el ministro de Trabajo, Onyx Lorenzoni, declarara que permitir que las empresas despidan a los empleados que se niegan a vacunarse era absurdo y una grave violación de sus derechos básicos.
¿Está justificado?
Justificando su decisión, el juez Luis Roberto Barroso consideró que la ley era inválida porque, en su opinión, «la falta de vacunación interfiere en los derechos de los demás».
Sin embargo, su afirmación es falsa porque, tal y como demuestra un trabajo de investigación del British Medical Journal, «desde el punto de vista de la salud pública, no tiene mucho sentido imponer los efectos secundarios de la vacuna a personas con un riesgo mínimo de padecer COVID-19 grave. El argumento de que protege a los demás es débil o contrario a la evidencia».
El 20 de diciembre, el juez Barroso fue más allá y decidió exigir una prueba de vacunación contra el COVID-19 a todos los viajeros que lleguen a Brasil.
Bolsonaro criticó duramente tal decisión, pero no pudo evitar su eventual aplicación. Estos jueces activistas acusan falsamente al presidente de ser un «negacionista» con respecto a las vacunas y la epidemia.
Uno de estos jueces, Alexandre de Moraes, incluso ha abierto una investigación reciente contra Bolsonaro por sus comentarios sobre las posibles asociaciones entre la vacuna de Pfizer y los riesgos de contraer miocarditis.
Curiosamente, el mes pasado Journal of Food and Chemical Toxicology publicó un artículo de investigación en el que se mostraba que «la vacunación induce una profunda alteración de la señalización del interferón de tipo I, que tiene diversas consecuencias adversas para la salud humana».
Estos investigadores identificaron que existía la posibilidad de que se produjeran «profundas alteraciones en el control regulador de la síntesis de proteínas y en la vigilancia del cáncer», que tienen posibles vínculos con la miocarditis y una larga lista de otras enfermedades y problemas de salud.
Preocupación por la salud
Por encima de todo, los datos sobre las muertes por COVID-19 revelan una tendencia preocupante, en la que se observan mayores tasas de mortalidad entre los altamente vacunados. Es razonable sospechar que las vacunas de ARNm están realmente suprimiendo el sistema inmunológico, ya que parece haber una clara conexión entre la aplicación de refuerzos de vacunas y caer enfermo.
Esta no es solo la conclusión de una respetada revista. Escribiendo en el Journal of Virology, el Dr. Kenji Yamamoto comenta que «la función inmunitaria entre los individuos vacunados ocho meses después de la administración de dos dosis de la vacuna COVID-19 era menor que entre los individuos no vacunados».
Según el Dr. Robert Malone, inventor de la tecnología de vacunas de ARNm utilizada en la vacuna de Pfizer, la situación actual en la que la eficacia de estas vacunas está desapareciendo debería haberse esperado. «La verdad es que ahora son los que han recibido varias vacunas los que nos están poniendo a todos en riesgo de una mayor evolución de este virus», afirma.
A pesar de todas estas evidencias, el juez Ricardo Lewandowski ha ordenado que todos los niños de entre 5 y 11 años sean incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Bolsonaro se ha opuesto a estas vacunas obligatorias y ha dicho que nunca permitiría que su hija, de 11 años, fuera vacunada contra el COVID-19.
Su preocupación como padre es totalmente justificada. De hecho, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del gobierno del Reino Unido se ha negado a respaldar la vacunación contra el COVID-19 para los niños, afirmando que el beneficio para ellos de recibir dicha vacunación es «prácticamente nulo», mientras que los riesgos ya conocidos de daños graves no son «insignificantes».
Para concluir, una élite judicial no elegida y que no rinde cuentas sigue imponiendo la vacunación obligatoria contra el COVID-19 a la población brasileña. Esto viola no solo el principio democrático sino también los derechos fundamentales del pueblo brasileño. Teniendo en cuenta los daños potenciales ya conocidos de la inoculación de estas nuevas vacunas y los posibles efectos adversos a largo plazo totalmente desconocidos, la decisión de estos jueces de imponer la vacunación obligatoria independientemente de la edad y las condiciones de salud es errónea y no está respaldada por pruebas científicas.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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