La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que promueve la bancada parlamentaria del sandinismo en Nicaragua es un proyecto “malvado” que se asemeja a normativas legales de países con regímenes totalitarios, como Rusia, advierten defensores de derechos humanos del país centroamericano.
La normativa propone impedir que organizaciones o personas que reciban financiamientos de gobiernos y agentes internacionales intervengan en las políticas internas del país.
Los ciudadanos nicaragüenses quedarán divididos entre “verdaderos” y “agentes extranjeros” de acuerdo con su recepción de fondos foráneos, reza el proyecto. La ley, que aún no ha ido a consulta, suspende los derechos políticos de los llamados “agentes extranjeros” y autoriza la confiscación de sus bienes bajo el argumento de la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado nicaragüense.
El cerco policial en la sede en Managua del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, organización no gubernamental que defiende los derechos femeninos en Nicaragua, se trató de un “ensayo” de la inminente aprobación y aplicación de la ley, según los mismos analistas.
Organizaciones de esa naturaleza están en el ojo del huracán del borrador de ley presentado la semana pasada por la fracción sandinista ante la secretaría de la Asamblea Nacional.
Un contingente de la Policía Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega, rodeó las instalaciones del movimiento la mañana del pasado viernes.
Los uniformados forzaron el cierre del local e impidieron el acceso de las trabajadoras durante horas. Luego que delegadas de la organización les exigieran una explicación, se retiraron del lugar.
Sandra Ramos, su directora, aseguró que el movimiento se encuentra listo para enfrentar cualquier “zarpazo” del régimen nicaragüense y expresó ante la prensa que no teme ser encarcelada por su labor en pro de la mujer.
“Siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre, que ha demandado sus derechos”, dijo, en declaraciones obtenidas por la Voz de América.
Ramos enfatizó en que su organización ayuda, por el contrario, a que el pueblo tenga “posibilidad de supervivencia”.
“Quieren aplicar la famosa ley, y no sé por qué”, añadió.
Proyecto «perverso y malvado»
Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, expresó a la VOA que la toma policial del Movimiento María Elena Cuadra es un preámbulo de la normativa que pretende impulsar el sandinismo, que ocupa 70 de los 91 asientos del Parlamento nacional.
“Es un ensayo de aplicación de lo que va a significar si se aprueba esa iniciativa de ley, que nos dejan analizar jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y malvado de la misma”, opinó.
El régimen de Daniel Ortega excluyó de la consulta nacional de la ley a las organizaciones que la norma pretende regular.
Solo se ha citado a debatir a funcionarios de la cancillería, la policía, la fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado nicaragüense.
La diputada Azucena Castillo, opuesta a la normativa, precisó que la discusión sobre el borrador de ley no ha avanzado en la Asamblea Nacional. Esta semana, al menos, no se debatirá.
“En la agenda para esta semana no incorporaron la ley tan rechazada. Tampoco la Comisión (económica) ha llamado a consulta. A lo mejor, la van a revisar antes de exponer a consulta ese adefesio jurídico”, detalló a la VOA.
Expertos en derecho han afirmado que la ley viola derechos políticos, excluye a los presuntos “agentes extranjeros” de su condición de ciudadanos y determina penas desproporcionadas por recibir financiamiento desde fuera de Nicaragua.
«Copia de otros países»
Gonzalo Carrión Maradiaga, defensor de los derechos humanos en Nicaragua, hoy en el exilio en Costa Rica, consideró este lunes que la iniciativa legal del orteguismo persigue la ratificación de “la dinastía Ortega Morillo” en el país.
“Es copia de otros países, como Rusia. ¿La intención? Apagar todo tipo de expresión, seguir reprimiendo, criminalizar el periodismo independiente y cualquier viso de derecho constitucional”, dijo, en su intervención en el foro Violación a los derechos humanos en América Latina.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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