Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, comparecerá este martes en el Senado para denunciar la posible grabación de un documental sobre el crimen de su hijo con testimonios de la asesina, Ana Julia Quezada, y para pedir medidas urgentes que permitan a su familia «tener calma y vivir sin miedo».
Ramírez intervendrá este martes a las 11:30 horas ante la Comisión de Interior de la Cámara Alta para «informar sobre la situación que padecen las víctimas de delitos violentos y la necesidad de reformas legislativas para proteger debidamente los derechos de las víctimas y el honor y la imagen de las personas que ya no se pueden defender, en especial de los menores de edad», según informa el Senado.
La madre del pequeño asesinado indicó la semana pasada en un comunicado que expondrá «las irregularidades que están sucediendo en referencia a la pena privativa de libertad» de la persona que les «arrebató a Gabriel» y abordará la intención “espuria” de Quezada (expareja del padre del niño) de realizar un documental sobre el caso.
Ramírez hará hincapié en los «continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión, las irregularidades dentro de la cárcel de Ávila (donde está internada Quezada) e instituciones penitenciarias, acciones legales emprendidas y denuncia de diferentes hechos criminales».
Además, solicitará una serie de medidas urgentes que permitan a la familia investigar los hechos y depurar responsabilidades y resolver su situación económica en aras a la responsabilidad civil: «Sobre todo para protegernos de su intención clara de lesionarnos saliendo a contar una nueva versión de lo acontecido», aseveró.
«Espero nos atiendan, protejan y amparen para tener calma, vivir sin miedo posibilitando que ninguna víctima tenga que pasar por lo mismo horror», añadió Ramírez en el comunicado.
Con relación a esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este lunes que responsables de su departamento han ofrecido toda la información necesaria a la madre del pequeño asesinado y ha asegurado que «se está protegiendo y conjugando tanto los derechos de la víctima como los de la reclusa».
«Quiero resaltar la profesionalidad del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias, en concreto en este caso, pero en todos, pero en este caso, protegiendo, evidentemente, los derechos de los internos y los derechos de las víctimas, eso es un principio básico y en este caso se ha respetado de una forma absoluta», ha zanjado.
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