La Corte Suprema del Estado de Nuevo México escuchó hoy los argumentos orales sobre un controvertido conjunto de órdenes ejecutivas y de salud pública emitidas el 7 de septiembre de 2023 por la gobernadora Michelle Lujan Grisham y el secretario del Departamento de Salud Patrick Allen para frenar los crímenes violentos cometidos con armas de fuego.
En la orden ejecutiva, la Sra. Grisham escribió que la prohibición de portar armas de fuego en público en el condado de Bernalillo y otras áreas era necesaria para proteger a los niños. Declaró la violencia con armas de fuego en Albuquerque una emergencia de salud pública y prohibió portar armas de fuego en público durante 30 días, provocando críticas de todo el espectro político.
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, defensores de la Segunda Enmienda, e incluso activistas del control de armas han dicho públicamente que la orden cruzó la línea.
«Es inconstitucional, así que no hay manera de que podamos hacer cumplir esa orden», dijo el sheriff del condado de Bernalillo, John Allen, durante una conferencia de prensa. «Esta prohibición no hace nada para frenar la violencia con armas».
La Asociación Nacional del Rifle se unió al Partido Republicano de Nuevo México, al Partido Libertario de Nuevo México y a varios miembros de la legislatura de Nuevo México, entre otros, para demandar al gobernador. En un comunicado publicado en su página web, la NRA calificó la orden de «toma de poder en violación de la Constitución del estado, que confiere la autoridad legislativa a la legislatura».
«Las armas son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en Nuevo México y han provocado la muerte de una niña de trece años el 28 de julio, una niña de cinco años el 14 de agosto y un niño de once años el 6 de septiembre», dice la orden. Las protestas suscitadas por esta orden la llevaron a modificarla para que sólo se aplicara a los parques y zonas de recreo.
El presidente de la Corte Suprema, C. Shannon Bacon, dijo que aunque puede haber cuestiones legales que discutir, la cuestión general era simple: ¿era este un problema que debía resolver la legislatura o el gobernador?
«¿Quién es el malo aquí?», preguntó.
Según la abogada Jessica Hernandez, que representa a los demandantes, el hecho de que esas órdenes se hayan prorrogado cuatro veces y sigan en vigor demuestra que no hay «emergencia». Por el contrario, demuestra que la gobernadora se ha extralimitado en la autoridad otorgada por la legislatura en la ley estatal.
«Porque esta es un área por excelencia legislativa, la seguridad pública, que cuando llegamos al lenguaje llano del estatuto … está muy claro que esto nunca fue lo que la legislatura quiso en cuanto a … la delegación de poderes de emergencia al ejecutivo», dijo a los jueces.
«La Constitución y los estatutos dejan muy claro que es el poder legislativo el que tiene el poder de policía».
Dijo que la Sra. Grisham presentó 13 años de datos para justificar sus órdenes. Ella sostuvo que 13 años indica que los problemas están en curso y no una emergencia en virtud de la ley. Lo que significa que es una cuestión que la legislatura debe abordar.
«Si este tribunal decide que este ejecutivo está autorizado a tomar 13 años de datos y decidir subjetivamente que estos problemas de seguridad pública han alcanzado lo que yo considero una emergencia de salud pública, de forma totalmente unilateral … eso abre la puerta a todos los futuros ejecutivos para hacer el mismo tipo de juicios sobre el mismo tipo de datos en cualquier número de cuestiones de seguridad pública», dijo.
La asesora jurídica Holly Agajanian, que representa a la Sra. Grisham y el Sr. Allen, dijo que el gobernador estaba en su derecho en virtud de la ley. Dijo que desde la legislatura se reúne sólo a tiempo parcial, el gobernador a menudo tiene que tomar decisiones basadas en su comprensión de la ley en consulta con expertos en política. Eso es lo que, según ella, hizo Grisham en este caso. Señaló que la legislatura puede abordar la cuestión.
«Son libres de modificar el estatuto», dijo la Sra. Agajanian.
El juez David K. Thomson preguntó a la Sra. Hernandez cómo debía decidir el tribunal qué constituye una «amenaza inminente». Señaló que se les había presentado más de una década de datos para respaldar la decisión del gobernador.
«¿Se trata de una investigación de los hechos? ¿Hay un proceso administrativo? ¿Cómo puede funcionar? ¿O simplemente decidimos nosotros?», preguntó.
Hernandez respondió que se trataba de una cuestión de derecho.
La cuestión es la separación de poderes
«Creo que, debido a la separación de poderes, no se trata de una investigación. Creo que el tribunal debe pronunciarse al respecto», dijo.
Bacon preguntó a Agajanian cómo puede un gobernador conocer los límites de su autoridad. La abogada dijo que se espera que el gobernador someta cada decisión sobre órdenes de emergencia a una prueba de «base racional».
Según la página web de la Facultad de Derecho de Cornell, «para superar la prueba de la base racional, la ley u ordenanza debe tener un interés estatal legítimo, y debe existir una conexión racional entre los medios y los objetivos de la ley u ordenanza».
La Sra. Bacon dijo que la norma era un poco amplia. Señaló que la conducción bajo los efectos del alcohol podría considerarse un problema de salud pública, y un gobernador podría dictar una orden para poner fin a toda la conducción en el estado.
«Podría concebir casi cualquier cosa como una emergencia de salud pública», afirmó.
En respuesta a la sugerencia de la Sra. Agajanian de que el tribunal podría establecer los límites del poder ejecutivo, el juez Michael Vigil dijo que ese no era el trabajo del tribunal.
«No somos nosotros los que hacemos algo», dijo. «Es el lenguaje del estatuto».
La Sra. Bacon dijo que el tribunal emitiría su decisión «cuando el tiempo lo permita».
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