La Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó hoy que «sigue con atención» la situación en Haití, después de que por cuarto día consecutivo los manifestantes volvieran a paralizar hoy la capital del país, Puerto Príncipe, en protesta contra el Gobierno del presidente Jovenel Moise.
«La Secretaría General de la OEA sigue con atención la situación política y social en Haití en las últimas horas, y envía sus condolencias a los familiares y allegados de las personas muertas, así como su solidaridad y deseos de pronta recuperación a los heridos», señaló la institución en un comunicado.
La organización reafirmó el derecho de los haitianos «a la manifestación social y a la libre asociación y expresión» y rechazó «frontalmente» los actos de violencia que se han sufrido durante las protestas «al margen de las manifestaciones ciudadanas».
«El derecho de manifestación y libre asociación desempeñan un rol importante en la solidez de los avances democráticos y aseguran un canal para que las demandas ciudadanas sean atendidas. Sin embargo, no hay cabida para el uso de la violencia con fines políticos», recalcó la OEA.
Vista general de actividad en Puerto Príncipe (Haití) el 22 de noviembre de 2018. EFE
Por último, la organización panamericana reiteró su «disposición» a cooperar con el país «en todo aquello que apunte a fortalecer las variables democráticas e institucionales».
Desde agosto pasado se han registrado protestas para exigir al Gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe y se enjuicie a los responsables.
La tensión aumentó el pasado domingo 18 de noviembre después de que durante las protestas murieran tres personas, según la policía, aunque los organizadores afirman que se registraron al menos 11 muertos.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del partido actualmente en el poder en presuntas irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
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