La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló este viernes, tras un primer análisis de la nueva y polémica ley de seguridad nacional en Hong Kong, que esta legislación puede perjudicar la protección de los derechos humanos en la excolonia británica.
«La definición de algunos delitos contenidos en la ley es difusa y demasiado amplia, lo que podría llevar a una interpretación y una aplicación arbitraria y discriminatoria», destacó el portavoz de la oficina, Rupert Colville, en rueda de prensa.
La fuente oficial también subrayó que la Oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet «está alarmada por las detenciones que ya se están realizando cumpliendo la ley con efecto inmediato, cuando todavía no hay una completa información o comprensión sobre el alcance de los delitos».
El portavoz especificó que la oficina de la ONU está preocupada con la interpretación del artículo 29 de la nueva ley, que incluye el delito de «conspiración con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional».
Esto «puede conducir a una restricción del espacio cívico y la capacidad de la sociedad civil para ejercer su derecho a participar en asuntos públicos», así como a «criminalizar los defensores de derechos humanos y activistas», subrayó.
Colville también recalcó que la ley debe respetar los derechos humanos que su texto reconoce explícitamente, como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y otras libertades fundamentales.
La ley, aprobada en mayo por la Asamblea Nacional Popular China (ANP, Legislativo) y cuyo contenido fue ocultado al público hasta prácticamente su entrada en vigor, es la respuesta de Beijing a más de un año de protestas en Hong Kong, iniciadas por otra ley que pretendía facilitar la extradición desde la excolonia a China.
La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, intervino esta semana por videoconferencia en la actual sesión de Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se celebra en Ginebra para defender esta ley, y aseguró que no cuestiona la independencia judicial ni las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
La ley establece que serán perseguidos en Hong Kong los delitos de secesión, subversión del poder estatal (acusación usada frecuentemente por Beijing contra activistas y disidentes), actividades terroristas y la citada confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.
Contempla para estos delitos penas de entre diez años y cadena perpetua.
El texto legal ha sido criticado por gobiernos como Estados Unidos o el Reino Unido, país este último que ha anunciado la concesión de permisos de residencia y, eventualmente, nacionalidad británica a alrededor de tres millones de habitantes de su excolonia hongkonesa.
La decisión ha aumentado las tensiones entre Londres y Beijing, que ha acusado al Reino Unido de violar los acuerdos alcanzados para la vuelta de Hong Kong a su soberanía en 1997, en los que según China se estableció claramente que las autoridades británicas no otorgarían residencia permanente a ciudadanos hongkoneses.
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