La población en Estados Unidos creció durante los últimos diez años al ritmo más lento desde la década de 1930, un 7.4 %, hasta alcanzar las 331,449,281 personas que residen en el país, según los datos publicados este lunes por la Oficina del Censo.
Este crecimiento demográfico «sustancialmente menor» en la última década se debió principalmente a que la tasa de natalidad está en declive y que la cantidad de nuevos inmigrantes se estabilizó, explicó la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, en una rueda de prensa.
«Le aseguré al presidente (Joe Biden) que el censo es completo y preciso», declaró Raimondo sobre los datos, que fueron recopilados durante la pandemia del covid-19.
La oficina censal también informó de cambios en el mapa político, ya que estados como Texas y Florida ganaron escaños en la Cámara de Representantes por sus incrementos demográficos, lo que ha hecho que California, Pensilvania o Illinois, entre otros, pierdan poder a nivel federal con estos nuevos datos.
De hecho, California, líder durante mucho tiempo en el crecimiento de la población, ha perdido un escaño en esa cámara por primera vez en la historia.
Estos resultados no afectan a la distribución de los asientos en el Senado estadounidense, ya que cada estado tiene dos representantes en la Cámara Alta, independientemente de su población.
Además de ser utilizados para redistribuir los escaños en la Cámara baja y modificar el peso de cada estado en el Colegio Electoral, un órgano formado por 538 delegados que tiene la última palabra sobre quién llega a la Casa Blanca cada cuatro años, el recuento es importante para la distribución de miles de millones en fondos federales.
Es también fundamental para la planificación estatal y local en muchos ámbitos, desde escuelas hasta viviendas y hospitales.
La elaboración del Censo de 2020 estuvo afectada por la pandemia de la covid-19, con cambios de plazos para el envío de respuestas por correo o internet y el retraso en el desplazamiento de miles de funcionarios para el empadronamiento puerta a puerta.
Esto llevó a que la Oficina del Censo no pudiese cumplir con la normativa que establece que debe entregar los datos nacionales antes del 31 de diciembre.
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