a Policía Nacional de Nicaragua hizo un uso desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado, afirmó hoy el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
«La información obtenida por el GIEI demuestra que los operativos policiales incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza que puso en serio riesgo la vida y la integridad física de gran número de personas, muchos de los cuales resultaron muertos o heridos», dijo el italiano Amerigo Incalcaterra, integrante del Grupo compuesto por cuatro expertos, al leer un comunicado de prensa en Managua.
De acuerdo a la información recopilada por esos expertos, «está demostrado que las fuerzas policiales actuaron en connivencia con grupos para-estatales para controlar, dispersar y reprimir las protestas» en ese período.
«No puede dejar de señalarse que, a pesar de las numerosas imágenes que dan cuenta del abuso de la fuerza por parte del Estado, no se ha informado que exista ninguna investigación o sentencia contra policías o contra personas que hayan actuado de manera coordinada con la policía», advirtió el Grupo.
El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio, tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Managua, para investigar las muertes en las protestas que comenzaron abril pasado y que han dejado entre 325 y 528 muertos, según organizaciones humanitarias, mientras que el Ejecutivo reconoce 199.
El trabajo del GIEI pretende abarcar del 18 de abril al 30 de mayo, cuando organismos humanitarios calculaban que habían perdido la vida 300 personas, aunque ese Grupo sólo investiga a 127.
Sobre sus cuatro meses de trabajo de investigación en Nicaragua, los expertos lo calificaron de «complejo y difícil»
«El hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación del GIEI (2 de julio pasado) y continúe a la fecha, representa una seria limitación para el trabajo que le ha sido encomendado», apuntó.
Asimismo, advirtió sobre «el miedo reinante entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos».
«Muchas familias han optado por salir del país al sentirse inseguras. Todo esto forma parte del contexto en el que operó y opera hoy día el GIEI», apuntó.
El GIEI explicó que su metodología de trabajo «tuvo que adecuarse por la falta de cooperación por parte del Estado de Nicaragua», debido a que no ha recibido ni la colaboración, ni la facilitación «para el ejercicio de la coadyuvancia que implicaba una labor estrecha con éstas, especialmente con el Ministerio Público».
Según los expertos, han examinado un gran número de documentos, videos, fotografías, artículos periodísticos, material de los medios y de las redes sociales, y han recopilado información tanto en Nicaragua, como en Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México y España, entre otros países, «mediante entrevistas directas a víctimas, familiares y otras personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos».
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
El presidente Daniel Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado» en su contra.
Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
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