Una ley de Oregón que prohíbe grabar en público sin consentimiento infringe la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dictaminó un tribunal de Estados Unidos.
La ley 165.540 de Oregón, promulgada por primera vez en 1955 y ampliada posteriormente para prohibir la grabación secreta de conversaciones, es inconstitucional, según la juez Sandra Ikuta, designada por George W. Bush, quien escribió para la mayoría en la sentencia de 2-1. Las excepciones a la prohibición incluyen la grabación en público sin consentimiento.
Las excepciones a la prohibición incluyen la grabación en reuniones públicas, como las audiencias del ayuntamiento; mientras se comete un delito grave que pone en peligro la vida humana; y por los agentes del orden mientras realizan su trabajo.
La ley se basa en el contenido porque ciertos grupos, como los agentes del orden, reciben un trato diferente que otros, dijo la Sra. Ikuta. Eso significa que debe adaptarse estrictamente a un interés gubernamental convincente o sobrevivir a una prueba conocida como escrutinio estricto.
Oregón no tiene un interés apremiante en proteger la privacidad de las personas en lugares públicos, dictaminó la mayoría. Incluso si lo hiciera, la ley no está lo suficientemente adaptada porque Oregón tiene otras leyes que cubren las cuestiones de privacidad, como una ley que permite demandas por responsabilidad extracontractual por parte de personas que graban sin consentimiento.
La ley «grava más la expresión protegida de lo que es necesario para lograr su interés declarado», escribió la juez.
La juez también dijo que la ley regula el discurso para proteger la privacidad de las personas, pero que muchas personas en lugares públicos no buscan privacidad. En lugar de reconocer ese punto, la ley trata todos los discursos en público de la misma manera.
Cuando las personas hablan en lugares públicos, la privacidad de otras personas solo se ve afectada si el discurso no es deseado, pero la ley no incorpora ese punto, dijo la mayoría. Utilizaron el ejemplo de los manifestantes que pueden querer que se graben sus conversaciones con la esperanza de que genere publicidad para su causa.
A la Sra. Ikuta se unió el juez de circuito Carlos Bea, otro designado por George W. Bush.
La juez Morgan Christen, designada por Obama, escribió en su disidencia que la ley debe respetarse porque Oregón “tiene un interés significativo en evitar la grabación secreta de conversaciones privadas, incluso cuando esas conversaciones ocurren en lugares públicos o semipúblicos”.
La Sra. Christen también dijo que la ley está estrechamente diseñada para servir a ese interés.
Oregón es uno de los cinco estados que cuentan con leyes que prohíben la grabación en lugares públicos sin consentimiento. Los otros son Alaska, Kentucky, Massachusetts y Montana.
Muchos otros estados permiten explícitamente la grabación en público sin consentimiento, mientras que cinco estados no tienen leyes vigentes al respecto.
Decisión anterior
El nuevo fallo anula una decisión anterior de un tribunal inferior.
El grupo de periodismo Project Veritas desafió la ley en 2020, argumentando que podría resultar en que los reporteros encubiertos fueran acusados penalmente. La gente se ha negado a hablar en el pasado cuando se les decía que estaban siendo grabados, dijo el grupo, lo que significa que la ley impedía que los reporteros ejercieran sus derechos de la Primera Enmienda.
Project Veritas afirmó que, de no ser por la ley, llevaría a cabo investigaciones en Oregón, incluida la investigación de las acusaciones relativas al defensor de los registros públicos del estado y el repunte de la violencia en Portland.
Los funcionarios de Oregón habían argumentado que la ley está permitida por la Constitución porque es equilibrada y de contenido neutral. También dijeron que Project Veritas carecía de capacidad para impugnar la ley porque no había realizado ninguna grabación en el estado que pudiera verse afectada por la ley.
El juez de distrito de EE.UU. Michael Mosman, designado por George W. Bush, falló en 2021 en contra del Proyect Veritas y a favor del estado, al determinar que la ley es “neutral en cuanto al contenido” y sirve a un interés gubernamental.
“Considero que el estatuto de grabación satisface el escrutinio intermedio porque el estatuto no carga sustancialmente más discurso del necesario para servir al interés del gobierno en salvaguardar la privacidad individual”, escribió en ese momento.
En el nuevo fallo, el tribunal de apelaciones dijo que Project Veritas tenía suficiente legitimación porque el grupo había demostrado que tenía la intención de violar la ley e indicó que el estado haría cumplir la ley cuando lo hiciera.
“Estamos encantados de que el Noveno Circuito invalidara la supresión de la recopilación de noticias de Oregón hoy. Al darse cuenta de que la ley no tenía nada que ver con la protección de la privacidad y todo que ver con la supresión del periodismo encubierto, el Noveno Circuito invalidó la ley”, dijo Benjamin Barr, abogado que representa a Project Veritas, en un comunicado.
“Esta sentencia ayuda a los ciudadanos periodistas de todo el estado a poder recopilar información de gran valor y comunicarla al público sin temor a sanciones penales por parte de Oregón. Tal y como están las cosas en otros ámbitos de la ley, lo que uno comparte en público no puede considerarse privado y las leyes de grabación que castigan este tipo de recopilación de noticias deberían desaparecer», añadió Barr.
James O’Keefe, el fundador de Project Veritas, que salió del grupo a principios de este año, dijo que la ley le permitía al gobierno «distorsionar el proceso de recopilación de noticias» y prohibió «demasiado periodismo efectivo».
Los acusados, el fiscal de distrito del condado de Multnomah, Michael Schmidt, y la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, ambos demócratas, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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