Un impuesto de vacantes propuesto en Los Ángeles que penalizaría a los propietarios que no alquilan unidades vacías no pasó la votación del Consejo Municipal a tiempo para ser puesto en la boleta de noviembre.
A pesar del entusiasmo de varios concejales, un intento de último minuto para calificar la medida para las elecciones del 3 de noviembre carecía de suficiente especificidad (especialmente en lo que respecta a las estimaciones de ingresos) para que se aprobara antes de la fecha límite del 1 de julio.
El Consejo Municipal votó el 16 de junio para que los abogados de la ciudad redactaran una medida para aumentar los ingresos penalizando las unidades de alquiler vacías, pero no pudieron limar los detalles a tiempo. Los 15 miembros del Consejo votaron unánimemente para posponer la medida en una reunión del 24 de junio y se inclinaron por el año 2022.
Un impuesto de vacantes es una penalización que se aplicaría a las unidades que no se utilicen durante un período determinado de tiempo en un año natural, y generaría decenas de millones de dólares anuales que podrían aplicarse al creciente problema de los sin techo de la ciudad y a la creciente crisis de la vivienda, dicen los defensores.
Un informe del Departamento de Vivienda e Inversión en la Comunidad de Los Ángeles (LAHCID, por sus siglas en inglés), entregado al Consejo el 11 de junio, estimó una tasa de vacantes en toda la ciudad de entre el 6 y el 7 por ciento, es decir, de 85,000 a 100,000 unidades vacantes. Si la ciudad quisiera imponer una tasa fija de 3000 dólares por cada multa y estimara a la baja 50,000 unidades imponibles, un impuesto de vacantes podría generar 150 millones de dólares al año, según el informe.
El informe añadió que un número desproporcionado de vacantes son unidades de gama alta o caras, mientras que las unidades de gama media o baja tienen tasas de vacantes más bajas. De acuerdo con el Conteo de Desamparados del Área Metropolitana de Los Ángeles 2019, hay 36,000 personas sin hogar que podrían beneficiarse de una vivienda asequible por medio del impuesto, según el informe.
Los opositores citaron el alto costo de poner la medida en la boleta electoral (estimado en 12 millones de dólares) como una causa del fracaso del avance de la medida.
«La ciudad de Los Ángeles no tiene por qué desperdiciar 12 millones de dólares en la colocación en la boleta electoral para promover otro impuesto sobre la propiedad cuando tantos propietarios de la ciudad están sufriendo hoy en día por el alquiler no cobrado debido a la moratoria de desalojo de la ciudad, o debido a la pérdida de sus empleos de tiempo completo o a la imposición del coronavirus en sí», dijo Daniel Yukelson, director general de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles (AAGLA), a The Epoch Times.
«Ahora no es el momento de cobrar más impuestos», dijo. Hacerlo «hace que el Consejo Municipal parezca una gran piara de cerdos».
Fred Sutton, vicepresidente senior de la Asociación de Apartamentos de California (CAA), dijo a The Epoch Times que la propuesta fracasó porque el Consejo «trató de apresurar esta [medida] en [el lapso de] dos semanas».
«Ni siquiera habían estudiado lo que hacen los impuestos de vacantes en otras ciudades, o si esto en realidad ayudaba a conseguir nuevas viviendas», dijo Sutton.
El informe de LAHCID citó a Vancouver, Canadá; Washington, D.C.; y Oakland, California, como ciudades que actualmente tienen un impuesto de vacantes. Se espera que el impuesto de Oakland —aplicado a las unidades ocupadas menos de 50 días al año— recaude 10 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años, según el informe.
El concejal Paul Koretz pensó que la propuesta actual estaba lista para ser aprobada. Dijo en la reunión del 24 de junio que la «mejor ocasión» para aprobar el impuesto sería este mes de noviembre, no dentro de dos años.
«Creo que el electorado que se presentará en 2022 estará considerablemente menos motivado, y probablemente no [sea] tan progresista como toda la gente que se presente para derrotar a Donald Trump [en 2020]», dijo.
Se refirió a los votantes progresistas que probablemente se convertirán en noviembre en un «electorado más dispuesto a pagar impuestos», y dijo que creía que la medida actual habría sido aprobada, aunque no fuera perfecta.
«Dentro de dos años tendremos menos posibilidades de aprobarla. Así que preferiría que le diéramos esa oportunidad», dijo.
El concejal Mike Bonin dijo que no creía que la propuesta actual «lograría alguno de los objetivos» que había esperado inicialmente cuando introdujo la medida en 2019. Dijo que la estimación de ingresos anuales deseada «sería significativamente mayor que la que tenemos ahora».
«Esta medida que tenemos ante nosotros, tal y como está escrita, sería muy problemática, y no nos ayudaría a resolver ninguno de esos problemas», dijo Bonin en la reunión del 24 de junio.
El fiscal municipal adjunto Charles Hong citó varios parámetros que contribuyeron al fracaso de la medida, incluido el impacto de las posibles exenciones que no estaban claramente definidas.
«Cuantas más exenciones se incluyan o se excluyan, más se ampliará o reducirá la base impositiva», dijo Hong. «Eso es fundamental para determinar quién y qué se grava».
Los ciudadanos se oponen
La propuesta de un impuesto de vacantes recibió el apoyo de varios grupos de activistas como Housing Is A Human Right (la vivienda es un derecho humano), una división de la AIDS Healthcare Foundation. La organización envió una carta al Consejo el 11 de junio, elogiándolo por abordar «la especulación de nuestras viviendas a expensas de nuestras comunidades».
En la carta, la organización cita un informe del Analista Legislativo Jefe de la ciudad que afirma que hay casi 20,000 unidades residenciales desocupadas en la ciudad, mientras que la población desocupada estimada es de más de 40,000 personas. «Tenemos que hacer más para abordar la crisis, y un impuesto de vacantes sería una opción», dice la carta.
La CAA también encabezó una campaña de envío de cartas de los proveedores de viviendas preocupados; enviaron 13,500 correos electrónicos al Consejo oponiéndose a la medida.
«El Consejo debería dejar de centrarse en medidas punitivas como los impuestos a las vacantes y centrarse en estimular e incentivar la vivienda en la región», dijo Sutton de CAA.
Yukelson dijo que la propuesta es «la definición de locura» y algo «mal concebido».
«El Consejo Municipal continúa proponiendo ideas que amplían más las mismas regulaciones de vivienda de décadas atrás, esperando un resultado diferente», dijo.
Matt Williams, presidente de Williams Real Estate Advisors, dijo a The Epoch Times que la propuesta podría haber hundido a la mayoría de los pequeños propietarios en un enigma «sin salida».
«¿Tomo a este pobre inquilino y no pago el impuesto de la vacante? ¿O pago el impuesto de vacantes y no tomo el alquiler de los pobres?», preguntó.
«Es como si un propietario no pudiera ganar. Tratan su activo como una inversión», dijo. Presionar a los propietarios para que alquilen de esta manera «solo les ayuda a tomar una mala decisión».
Williams dijo que hay más de 600,000 propiedades con al menos siete unidades cada una en el área metropolitana de Los Ángeles, y que aprobar una ley «para poner en el mercado un estimado de 19,000 unidades parece ser una solución miope a un problema mucho más grande».
«Aprobar el control de la renta en 1978 no resolvió la crisis de la vivienda. Aprobar este impuesto de vacantes tampoco lo resolverá,» dijo. «Todo lo que hace es poner otra carga financiera sobre los propietarios».
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