Más de 800 personas han muerto ya en Birmania (Myanmar) debido a la represión militar desde el golpe de Estado, en medio de nuevas sanciones económicas contra la junta y la decisión de posponer el debate sobre un embargo de armas en la Asamblea General de la ONU.
Según los últimos datos de la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP), 802 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe del pasado 1 de febrero, mientras que 5210 han sido detenidas y se han emitido órdenes de arresto contra otras 1699.
La violencia en los últimos días se ha concentrado en Mindat, una ciudad en el estado Chin (noroeste) donde el Tatmadaw (Ejército birmano) y la recién formada Fuerza de la Defensa Chin, una milicia civil prodemocrática, han combatido durante días.
El portal opositor Khit Thit Media informó hoy de que los soldados han cortado el suministro de agua a la ciudad, lo que ha dejado a sus 46,000 habitantes con reservas para unos dos días.
El domingo, el Ejército forzó la retirada de la milicia prodemocrática tras un asedio contra la población civil con bombardeos aéreos y artillería pesada, que ha dejado al menos 9 muertos entre rebeldes y civiles, entre ellos un niño de 10 años.
El goteo de muertos ha continuado en las últimas semanas pese al compromiso adquirido por el general Min Aung Hlaing, líder de la junta, de parar la violencia contra civiles durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en Yakarta el pasado 24 de abril.
Desde esa fecha y hasta el lunes, más de 50 personas han muerto a manos de los fuerzas de seguridad en todo el país.
El general golpista Min Aung Hlaing dio el visto bueno a un comunicado que recoge además el compromiso para «un diálogo constructivo entre todas las partes para buscar una solución pacífica» y la intervención mediadora de la ASEAN, pero pocos días después del acuerdo alegó que la violencia se detendría una vez que el país estuviera estabilizado.
A pesar de la violencia e intimidación de las autoridades, miles de personas continúan desafiando el poder de la junta militar en todo el país a través de un movimiento popular de desobediencia civil, aunque algunos manifestantes han decidido unirse a guerrillas étnicas y combatir al Ejército con las armas.
Desde el levantamiento, también se han incrementado las ofensivas entre el Ejército birmano contra grupos étnicos rebeldes que han expresado su rechazo al golpe en el este y noreste del país.
Votación pospuesta en la ONU
La Asamblea General de la ONU ha retrasado de forma indefinida la reunión que debía celebrar este martes para votar un proyecto de resolución que pide un embargo de armas a Birmania, informaron hoy fuentes de la organización internacional.
Algunos medios indican que la reunión ha sido pospuesta al no haberse logrado un consenso entre los países participantes para lograr la aprobación del texto.
La resolución no tendría carácter vinculante, pero su aprobación habría enviado un importante mensaje político en nombre de un órgano en el que se sientan los 193 países de Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad, que sí tiene poder para tomar una medida de ese tipo, no ha aprobado por ahora ninguna resolución sobre la crisis birmana y, según fuentes diplomáticas, no parece probable que vaya a tomar por ahora ninguna medida dada la postura de varios miembros, entre ellos algunos con poder de veto como China y Rusia.
Nuevas sanciones
Por otro lado, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá impusieron el lunes nuevas sanciones coordinadas contra los militares ante la persistencia de la violencia.
Washington dirigió sus medidas contra la junta militar como organismo y a 13 de sus integrantes, que no podrán acceder a sus activos en EE.UU. y no podrán hacer negocios con ciudadanos estadounidenses.
«Nuestras acciones de hoy subrayan nuestra resolución para que nuestros socios apliquen presión política y financiera sobre el régimen siempre que no logre detener la violencia ni tome acciones significativas para respetar la voluntad de la población», dijo en un comunicado el secretario de Estado Antony Blinken.
Por su parte, Canadá indicó que ha impuesto sanciones adicionales sobre entidades e individuos ligados a las fuerzas armadas de Birmania mientras que el Reino Unido anunció sanciones contra la empresa estatal Myanmar Gems Enterprise, también sancionada previamente por EE.UU.
El Ejército justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.
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