El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó este martes la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, y aseguró que se tomarán «las medidas necesarias habituales de reciprocidad».
Brilhante deberá abandonar el país sudamericano en las próximas 72 horas por orden del líder chavista venezolano Nicolás Maduro.
«Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas», manifestó Borrell en un tuit esta mañana, en el que subrayó que habrá una respuesta recíproca.
En palabras del alto representante, «sólo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de su profunda crisis».
En la rueda de prensa diaria que ofrece la Comisión Europea, la portavoz de asuntos exteriores y seguridad, Virginie Battu-Henriksson, señaló que, pese a no querer especular con antelación sobre este asunto, «hay un marco legal para responder a la decisión de Maduro».
La portavoz se refirió, concretamente, a la Convención de Viena, cuyo artículo 9 ofrece la posibilidad de declarar al jefe u otro miembro del personal diplomático de una misión «persona non grata».
Aún así, esta decisión deberá ser tomada por los veintisiete Estados miembros de la UE por consenso.
«La UE no puede ejercer reciprocidad al nivel de expulsar a un embajador porque eso sería competencia de Bélgica, que es el Estado que acoge a las instituciones europeas», concretó la portavoz.
No obstante, en los próximos días está previsto que el embajador de Venezuela sea llamado ante el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el servicio diplomático de la UE.
Con esta expulsión, Maduro respondió a las sanciones impuestas este lunes por la UE a once funcionarios venezolanos por su papel en actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país americano.
Las personas agregadas a la lista de sanciones de la UE son responsables, en particular, de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, retirando la inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros, entre ellos a su presidente, Juan Guaidó.
Otras acciones incluyen el inicio de procesos por motivos políticos, crear obstáculos a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión.
Actualmente son 36 las personas sujetas a sanciones, entre las que se incluyen la prohibición de viajar a la UE y una congelación de activos.
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