Opinión
Muchos están preocupados por el resultado de las elecciones por buenas razones. Quienquiera que lidere el país tendrá un impacto en la economía, la Corte Suprema, la respuesta al coronavirus, la ley y el orden, la libertad de expresión —y todo lo demás.
Pero hay algo más en juego: la corrupción dentro de nuestras agencias de inteligencia, el Departamento de Justicia y el FBI, que aún no se ha abordado. En última instancia, no se pudo alcanzar la rendición de cuentas durante la administración Trump y creo que sería tanto o más difícil con un gobierno de Biden.
Piénselo. Ahora sabemos sin duda que en 2016, los malos actores dentro de nuestro gobierno se confabularon con agentes políticos del Partido Demócrata para tratar de sabotear a Donald Trump antes y después de que fuera electo. Incluso los enemigos de Trump que participaron en la investigación del abogado especial Mueller tuvieron que concluir que no había una “colusión entre Trump y Rusia” como habían afirmado falsamente los agentes y los medios de comunicación durante varios años; y, además, que ningún estadounidense se coludió con Rusia.
Sin embargo, han ocurrido otras elecciones sin que nadie haya sido responsabilizado por lo que los observadores neutrales deben considerar como uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo. Cuatro años después de que se cometieron varios presuntos delitos, todos los que están en condiciones de hacer algo al respecto para evitar más engaños simplemente se estancaron y se retrasaron. Luego, afirmaron estar convencidos de que las elecciones estaban demasiado cerca para tomar medidas.
Hoy en día, incluso algunas personas involucradas en la conducta inapropiada, como la llamó el inspector General designado por Obama hace casi un año, permanecen en el trabajo. Todavía reciben un salario público e impactan las políticas públicas y las decisiones de las agencias. Nunca se tomó ninguna medida significativa contra quienes perpetraron filtraciones ilegales. El Departamento de Justicia pasó por alto la referencia criminal del exdirector del FBI, James Comey, por el mal manejo de la información clasificada anti-Trump, por parte del inspector general (IG).
Solo cuando se sintió avergonzado y presionado por el informe de IG, la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera realizó una revisión de una muestra de otras intervenciones telefónicas del FBI para averiguar si la mala conducta se extendía a otros casos. Encontraron fallas en cada uno de las intervenciones telefónicas que revisaron; sin embargo, no se han hecho anuncios para responsabilizar a los agentes federales culpables o notificar a los estadounidenses que fueron espiados indebidamente. No se sabe si los estadounidenses a los que fueron dirigidas las intervenciones telefónicas indebidas fueron notificados.
¿Los registros de estos estadounidenses que la comunidad de inteligencia recopiló bajo las solicitudes de intervención telefónica indebidas, se han destruido o entregado a los ciudadanos agraviados?
Carter Page, excolaborador de la campaña de Trump, a quien espiaron indebidamente, no ha recibido ni siquiera una disculpa por la destrucción de su reputación, y ningún funcionario del gobierno que participó ha sido responsabilizado por invadir su privacidad. Nadie fue responsabilizado por la reiterada destrucción de pruebas en los teléfonos móviles del FBI. Parece que se han ignorado múltiples referencias criminales hechas para el Departamento de Justicia; al menos no se ha anunciado ninguna acción, incluso sobre la referencia de Christopher Steele de los senadores, que ahora tiene varios años.
Nadie expresó jamás ningún deseo de llegar al fondo de los desenmascaramientos indebidos de ciudadanos estadounidenses, incluso cuando uno de los funcionarios de Obama afirmó que alguien más solicitó muchos de los desenmascaramientos realizados en su nombre. Eso por sí solo sería una de las violaciones documentadas más fáciles e importantes de rastrear, si se quisiera. Yo podría seguir.
No se trata solo de los demócratas responsables de la inacción o los presuntos encubrimientos. Incluso muchos republicanos ofrecen excusas como: «Todo lo que podemos hacer es aclarar lo que pasó, no tenemos autoridad para enjuiciar» o «Bueno, tenemos que ver si se violó alguna ley».
Parecen demasiado débiles. La misión en cuestión no era ver qué leyes técnicas se violaron, como el abogado del FBI que presuntamente manipuló un documento. Eso es poca cosa en comparación con lo que sabemos que sucedió y lo que está en juego si nadie rinde cuentas. Tenemos pruebas en la mano de mala praxis generalizada, fraude e intentos de socavar a Estados Unidos y su líder —no cometidos por adversarios extranjeros sino por estadounidenses que trabajan dentro de nuestro propio gobierno y obtienen dinero de los contribuyentes.
¿Qué queda como secuela?
Sospecha y desconfianza en nuestras instituciones: la comunidad de inteligencia, el FBI, el Departamento de Justicia, el Congreso (que no ha abordado los abusos de vigilancia de larga data entre las agencias en ningún sentido significativo). Esa falta de confianza se extiende luego a las cortes, a nuestro sistema electoral y otras facetas de nuestro gobierno, sin mencionar los medios de comunicación (que han brindado una cobertura mayoritariamente unilateral de estos temas) y las redes sociales e Internet (que claramente han colocado sus pulgares en la balanza, desplegando censura para tratar de lograr objetivos políticos y corporativos).
Cualquiera que sea el resultado final, nos quedamos tras las elecciones de 2020 con una crisis de confianza en las instituciones en las que confiamos para mantener a la nación en la forma en que fue diseñada, y sin alguna voluntad aparente de ninguna de las partes para intentar arreglarlo.
Sharyl Attkisson es autora bestseller del New York Times, del próximo libro «Slanted», ganadora de cinco premios Emmy y presentadora del programa de televisión de investigación nacional de Sinclair, «Full Measure with Sharyl Attkisson». Recibió el premio Edward R. Murrow por reportajes de investigación y ha reportado a nivel nacional para CBS News, PBS y CNN.
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