El equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote (CC-PP) ha declarado este martes la isla en situación de emergencia social «ante las dimensiones que está alcanzando la situación de los menores migrantes no acompañados» en su territorio y tras destaparse en los últimos días las condiciones de insalubridad de un centro de acogida de Arrecife.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha firmado el decreto por el que la isla se declara en emergencia social por la «presión migratoria» que está soportando y ante las previsiones que reflejan que en las próximas semanas y meses podrá haber «un incremento récord en la llegada de inmigrantes ilegales procedentes de la costa africana», ha informado la institución en un comunicado.
Con este decreto, se establece una atención prioritaria para los menores inmigrantes no acompañados en un «acto de responsabilidad del gobierno insular» en palabras de Betancort, puesto que se agilizará la toma de decisiones para poder acogerles «en las condiciones más dignas posibles».
El presidente insular también ha lamentado «la inacción manifiesta y la falta de respuestas reales del Gobierno español en este asunto prioritario y de extrema importancia para la isla», quien ha anunciado que el decreto les permitirá «tomar decisiones extraordinarias ante una situación extraordinaria».
Durante 2023, indica el Cabildo, se atendió en la isla, de forma estable, a 742 menores inmigrantes y en lo que va de 2024 han llegado hasta las costas lanzaroteñas 40 pateras, muchas de ellas hace algunas semanas, a bordo de las cuales iban 600 personas, de las cuales 40 eran menores.
Por su parte, el consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, ha asegurado que esta llegada «masiva» de menores «implica una situación de emergencia debido a la imposibilidad de disponer de recursos y centros de acogida con las plazas necesarias para garantizar su atención inmediata».
Acuña ha recordado que los recursos que se han utilizado hasta la fecha para acoger a estos jóvenes «se han visto desbordados» y que no existen en la actualidad alternativas para poder atenderles.
El Cabildo gestiona directamente seis de los nueve dispositivos de acogida que hay en la actualidad en la isla, lo que supone, según los datos que ha aportado, un desembolso superior a los cuatro millones de euros.
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