Opinión
En el siglo XIX visitó a México la marquesa de Calderón de la Barca, originaria del Reino Unido. Escribió un libro: La vida en México, unas memorias muy pintorescas. Es un retrato de época donde emerge un país mestizo e indígena, apenas independizado de la Metrópoli española.
Era un México hundido en permanentes luchas civiles, de costumbres bárbaras, zonas miserables y anarquía de la peor especie, junto con herencias históricas inconmensurables —propias de su pasado prehispánico y del virreinato barroco y sus hermosos templos—, enmarcadas con preciosos paisajes y variadas bellezas naturales.
Resalta en esas páginas un señalamiento parecido a una maldición renacida: los caminos de México están infestados de bandidos. Relata la manera como las diligencias llevaban preparada una cuota especial para pagar a dichos bandidos y se conformaran si los pasajeros ya habían sido despojados de sus bienes por otros bandidos. Ese México caótico era peligroso.
Es evidente que si una nación no controla sus caminos, no es un país libre realmente. La opresión criminal ya es ahora la marca de la esclavitud moderna, pues el Estado como expresión civilizada del orden y el derecho ha dejado de mandar, sustituido por los amos de la extorsión, el cobro de derecho de piso y el robo y los asesinatos a mansalva; con una expresión especial en los caminos del país, que incluye en algunas carreteras la extorsión de corporaciones policiacas.
En México se comete cada hora 1.6 robos a transportistas, un delito que va en aumento y el cual incluye el incendio de trailers y lo peor, el asesinato de choferes —150 muertos el año pasado—, como una intimidación o un castigo. En 2023 se denunciaron 13,848 atracos en caminos federales y estatales. Si bien el 66 por ciento es en carreteras estatales, el fenómeno está creciendo vertiginosamente en las federales.
En octubre de ese año Concamin, Coparmex y Concanaco, las tres principales organizaciones empresariales mexicanas, lanzaron un desesperado pronunciamiento conjunto para exigir seguridad en las carreteras del país. Clamaron porque se reestablezca el estado de derecho. Ante la falta de respuesta gubernamental, el 15 de febrero un paro nacional de transportistas convocado por la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AC (AMOTAC) cerró varias carreteras del país para clamar por seguridad y un alto a las extorsiones y asesinatos; sólo en enero de este año hubo catorce choferes asesinados, lo cual significa un aumento muy amenazante respecto a periodos similares.
Por desgracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera no entender la situación y dijo que se trataba de “acciones politiqueras”, pues ya se estaba dando “seguridad a las carreteras”. Esto mismo fue la postura de la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde. Por su parte, los dirigentes de los transportistas dijeron que “el diálogo con las autoridades fue no constructivo y no favorable”.
Se entiende que a ningún gobierno le gusta se bloqueen las carretas por protestas, pero debe entenderse también que a la sociedad la exaspera el imperio criminal que se está estableciendo en las carreteras mexicanas, lo cual ya es un colapso en sí mismo.
Debe decirse —al margen de su incremento en este sexenio—, que el problema contemporáneo se originó anteriormente. He sostenido la tesis de que comienza con la desaparición de la Policía Federal de Caminos, durante el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo. Tiene una expresión relevante en el gobierno de Felipe Calderón cuando carreteras de Tamaulipas —especialmente la que culmina en Matamoros—, cayeron bajo el dominio del grupo criminal de los Zetas, que secuestraban pasajeros de camiones foráneos y los mataban como presuntos reclutas de bandas rivales.
En esa época nació como carretera de riesgo la de Nuevo León-Chihuahua donde han desaparecido como en la nada viajeros desprevenidos y en la cual los arreglos con la «maña» de los empresarios del transporte han sido inevitables ante el abandono de las autoridades, pues nada pasa por ahí sin pagar cuota.
Ahora son totalmente inseguras las carretas de Puebla y Estado de México, con mayores índices de delitos desde el sexenio de Enrique Peña. Pero no cantan mal las rancheras ahora las de Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, cuya explosión delictiva ha estallado en estos últimos años. Incluso en la carretera federal de Cuernavaca se recomienda no detenerse por ningún motivo ni viajar de noche.
Los caminos vecinales son dominados por las bandas del crimen organizado. Ese 40 por ciento del territorio nacional que el Pentágono estadounidense señala como perdido por el Estado mexicano en manos criminales, lo es principalmente porque sus carreteras en esa parte del territorio ya no están bajo control gubernamental.
Yo me río con amargura cuando los políticos mexicanos hablan de soberanía, pues la única soberanía que reconocemos ahora en México es la de los criminales. El cuerpo de la nación está enfermo. Si sus carreteras son inseguras y retrocedemos a la época de las memorias de la marquesa de Calderón de la Barca, las del México recién independiente en el siglo XIX, es como si viviéramos una pesadilla recurrente de la cual no podemos despertar.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la Presidencia en 2018, contó una anécdota: su vehículo fue detenido en el retén de una banda criminal, al reconocerlo lo dejaron pasar de inmediato y él celebró esa atención. La realidad es que para el común de los mortales, que los caminos mexicanos estén “infestados de bandidos”, es una falta de libertad y un retroceso a la barbarie. Es imposible celebrar vivir con miedo.
El próximo gobierno tiene enfrente una tarea titánica: recuperar el orden y proteger la libertad de los mexicanos. Si esta tarea no se realiza, el reino del crimen habrá extinguido a nuestra República y las consecuencias de esto son imprevisibles y podría decirse incluso, que terribles.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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