Comentario
Es posible que esta columna no me sume muchos seguidores en los campus universitarios, pero hay algo que debe decirse.
Las universidades a lo largo del país están castigando inconstitucionalmente a aquéllos acusados de mala conducta sexual sin tener en consideración los derechos civiles garantizados por el debido proceso. Dicen que actúan legalmente bajo el tal llamado Título IX de la Ley de 1972, pero el significado de esa ley ha sido torcido a lo largo de los años por esta escuela de pensamiento de la era victoriana casi imposible de comprender.
La ley es simple: “Ninguna persona en los Estados Unidos será excluida de participar, se le negarán los beneficios, será objeto de discriminación alguna debido a su sexo, en ningún programa o actividad que reciba ayuda económica federal”. Fue promulgada para asegurarse, entre otras cosas, que las estudiantes mujeres reciban igual cantidad de dinero que los estudiantes varones en los programas deportivos.
Hoy en día, el Título IX es invocado para todo tipo de agravios.
Las denuncias son más frecuentemente presentadas por estudiantes mujeres en contra de estudiantes varones y miembros del cuerpo docente. Algunas son denuncias legítimas de acoso sexual o mala conducta física, incluso violaciones. Pero algunas de las denuncias parecen puras quejas. Y cuando se presenta la denuncia bajo el Título IX, el acusado (usualmente hombre) básicamente es puesto en la posición de tener que probar su inocencia.
“Los tribunales irregulares en los campus universitarios han existido por mucho tiempo”, afirma Samantha Harris de la Fundación por los Derechos Individuales en la Educación (FIRE, según sus siglas en inglés). FIRE estudia el creciente problema del Título IX desde 2011, cuando el gobierno de Obama expidió recomendaciones estrictas a las universidades sobre cómo manejar las acusaciones de discriminación, advirtiendo que fallar en acatar tales recomendaciones tendría como resultado la pérdida de fondos federales. La directiva deja de lado el estándar de “evidencia clara y convincente” para juzgar la legitimidad de una denuncia y sugería que la “preponderancia de una prueba” era suficiente para declarar culpable a una persona acusada.
“Está justo en los manuales de los estudiantes”, explicó Harris. “Desearía que los padres lo leyeran con cuidado y exigieran a las universidades que garanticen mejor los derechos individuales”. Me dijo que FIRE causó “un perturbador repunte de las quejas” sobre la injusticia de las universidades, que “fallan en hacer valer los derechos de los acusados una audiencia en la corte, por así decirlo”.
Antes de investigar los hechos, llamar a una audiencia con los testigos o garantizar cualquier forma de debido proceso, el acusado a menudo es suspendido, expulsado o privado de su diploma. Sus perspectivas laborales son inmediatamente disminuidas porque aparece una marca negra en su expediente académico que va a cambiar su vida, incluso si en última instancia es exonerado.
El grupo de Familias que Defienden la Igualdad en los Campus (FACE, según sus siglas en inglés) dice que esta política inconstitucional afectó al menos 2000 estudiantes cuyas familias contactaron al grupo buscando ayuda para luchar contra el proceso desigual del Título IX.
En esta era de corrección política extrema, es un proceso que casi siempre toma la palabra de la mujer denunciante como si fuera la absoluta verdad. Algo tan simple como una mala nota o el lenguaje del profesor en las clases puede disparar una denuncia del Título IX. Y las denuncias entre estudiantes incluyen un tema común: demasiado alcohol lleva a hechos confusos y poco confiables.
Bajo la interpretación actual de las protecciones del Título IX, es automáticamente violación si la mujer dice “Estaba demasiado borracha como para dar mi consentimiento”. La mujer no tiene que decir no; ella tiene que decir sí al contacto sexual sin ambigüedad alguna. ¿En serio? ¿Alguna vez escuchaste de estudiantes de colegio que paren para pedir un asentimiento explícito para seguir? Y si un estudiante confundido se acerca a un miembro del cuerpo docente para hablar sobre un incidente, para intentar comprender sus sentimientos, eso dispara una investigación automática del Título IX.
“Eso fomenta un clima que quita la independencia de las mujeres, un clima que trata a las mujeres como frágiles y en necesidad de intervención constante”, dijo Harris.
El Departamento de Educación actualmente está trabajando en formas de clarificar cómo deberían aplicarse las protecciones del Título IX. Mientras tanto, cada estudiante y cada miembro del cuerpo docente necesita darse cuenta de que una mirada malinterpretada, un comentario o un roce podría afectar negativamente su futuro. En un ambiente universitario con gente joven hormonal, a menudo lejos de casa por primera vez y bebiendo alcohol, la cosa más pequeña podría llevar a comportamiento imprudente. Como están las cosas ahora, una noche confusa de indiscreción podría llevar a anular esa costosa educación universitaria.
Sí, una era neovictoriana está en marcha en los campus universitarios de EE. UU.
Diane Dimond es autora y periodista investigativa. Su último libro es “Pensar fuera de la caja del crimen y la justicia”.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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