WASHINGTON- Un grupo bipartidista de legisladores está buscando formas de criminalizar formalmente la represión transnacional del régimen chino para proteger a los críticos del Partido Comunista Chino (PCCh) en suelo estadounidense.
La cuestión fue objeto de atención en una audiencia celebrada el 13 de diciembre por la tarde por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh, en la que los testigos subieron a la tribuna para dar fe del acoso y las agresiones que el régimen chino llevó a cabo en Estados Unidos.
Las diversas formas de abusos del régimen chino y la extensa red de sus facilitadores crearon un clima de miedo que les sigue allá donde van, afirmaron los testigos.
«No importa en qué parte del mundo te encuentres, incluso en las democracias más maduras y con mayor tradición de libertades civiles, nunca serás libre mientras alguien o algo que te importe esté bajo el control del PCCh», dijo en la audiencia Zhang Jinrui, estudiante de Derecho en Georgetown.
Como muchos otros, el Sr. Zhang había ocultado durante mucho tiempo sus opiniones contra «el autoritarismo del PCCh y sus muchas atrocidades pasadas» por miedo a represalias. Pero a finales del 2022, el incendio de un rascacielos en Urumqi que había sido cerrado debido a las draconianas restricciones por COVID-19 del régimen le cambió. Ese incendio causó al menos 10 muertos, entre ellos un niño de 3 años, «no porque el fuego fuera extraordinariamente potente», sino porque estaban atrapados y el camión de bomberos no podía entrar en el edificio cerrado, dijo al público en una audiencia del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh.
Mientras repartía folletos sobre las políticas represivas del régimen en el campus, un estudiante chino pro PCCh le increpó e intentó denunciarlo a la policía china. Siguieron las represalias.
De junio a noviembre, la policía china acosó a la familia del Sr. Zhang, llevándose a rastras a su padre para interrogarle y sólo dejándole marchar a condición de que hiciera que el Sr. Zhang «amara más al Partido Comunista Chino», según declaró a NTD, medio hermano de The Epoch Times.
«Estoy muy seguro de que habrá una quinta vez gracias a mi presencia aquí esta noche», dijo a los asistentes a la audiencia.
Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong, recuerda haber visto a hombres de aspecto sospechoso con cortes de pelo al estilo militar chino y auriculares durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre. La acecharon a ella y a otras personas en las calles de San Francisco mientras protestaban frente al lugar donde se celebraba el evento del líder comunista chino Xi Jinping.
El grupo de defensa de los Derechos Humanos en China documentó más de 10 personas ensangrentadas y tres hospitalizadas debido a las agresiones de los grupos pro PCCh.
Los legisladores de la comisión dijeron que quieren estudiar leyes federales sobre cómo poner fin a este tipo de conductas.
Aunque el Departamento de Justicia procesó varios casos relacionados con la represión transnacional, los legisladores de la comisión ven una laguna en la supervisión de la aplicación de la ley que con demasiada frecuencia permitió a los agentes chinos salirse con la suya.
El representante Raja Krishnamoorthi (demócrata de Illinois), miembro de mayor rango de la comisión, observó que los procesos federales contra autores de represión transnacional se basaron en leyes relativas al acecho y al registro de agentes extranjeros.
«Me parece que el Congreso tiene que definir y tipificar formalmente» la represión transnacional, dijo en la audiencia.
Sophie Richardson, experta en cuestiones de derechos humanos en China, se hizo eco de sus palabras.
«Creo que se dejan demasiadas cosas sin tipificar», afirmó. «Creo que sería útil aclarar esa ley».
El Epoch Times documentó la implicación de los consulados chinos durante la cumbre de la APEC en la coordinación de los contramanifestantes que interrumpieron a los activistas prodemocráticos y posteriormente recurrieron a la violencia.
«Se les proporcionan uniformes, banderas y comida, mientras que las contramanifestaciones prodemocráticas no cuentan con el dinero ni con el respaldo del gobierno chino», declaró Zhang a The Epoch Times.
Para el representante Mike Gallagher (republicano de Wisconsin), presidente de la comisión, disuadir de este tipo de actividades es un esfuerzo múltiple que, en parte, implica educar a las fuerzas del orden y exigirles que actúen.
«Agredir a alguien es ilegal», declaró a The Epoch Times. «Sólo es cuestión de que las fuerzas del orden lo vigilen y lo aborden de forma proactiva».
El representante Dusty Johnson (republicano por Dakota del Sur) dijo que la audiencia demostró «lo profunda y exhaustiva que es esta represión».
«Hay límites a cuánto se puede intimidar o amedrentar a alguien», dijo a The Epoch Times, y añadió que espera que iniciar una conversación sobre la penalización de este tipo de conducta podría animar a más disidentes a dar un paso adelante y «enviar un mensaje claro al Partido Comunista Chino, que esto es inaceptable».
«Sabemos que puede haber altos funcionarios que estén dirigiendo, de forma sistémica, este tipo de represión transnacional. Luego dejamos que los altos funcionarios viajen a Estados Unidos para realizar labores diplomáticas, y no les exigimos responsabilidades. Pero tenemos que enviar un mensaje claro, ya sea a través de sanciones o de acciones legales, de que no se puede ser un capo de este tipo de delincuencia organizada y salir impune», declaró a NTD.
El representante Jim Banks (republicano de Indiana) ahondó en el tema durante la audiencia, citando a un estudiante de la Universidad de Purdue que sufrió acoso por publicar en Internet una carta en homenaje a los que protestaron en la plaza de Tiananmen de Beijing en 1989.
Preguntó a Zhang si Estados Unidos debería revocar los visados de los estudiantes que ayudan a espiar y denunciar a sus compañeros que expresan opiniones discrepantes hacia Beijing, bloquear a los diplomáticos chinos y otros diplomáticos extranjeros por participar en la represión transnacional, eliminar la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos (CSSA) —un grupo de estudiantes presente en prácticamente todos los campus universitarios de Estados Unidos que actúa de enlace directo con los consulados chinos locales— y hacer que la asociación se registre como agente extranjero. A todas ellas, el Sr. Zhang respondió afirmativamente.
«Están disfrutando de la protección de los sistemas de nuestras universidades, pero intentan socavarla. Así que creo que es justo», dijo sobre la prohibición de CSSA.
Varios otros miembros de la comisión están de acuerdo con tales medidas.
«El mayor perpetrador de crímenes de odio contra los asiático-americanos que presencié aquí es el PCCh», declaró el representante Andy Barr (republicano de Kentucky) a The Epoch Times.
Llevar a cabo actos de acoso para ayudar a la coerción del régimen, sugiere, tiene una dimensión adicional de criminalidad y debería recibir una pena más severa.
La representante Michelle Steel (republicana de California) se mostró de acuerdo.
«Tenemos que investigar a todos los diplomáticos que vienen, tenemos que investigar a todas las personas que vienen, cuando realmente cometen algún delito o cualquier opresión a los compañeros, entonces cancelamos sus visados», dijo a The Epoch Times. «Tenemos que ser muy estrictos sobre a quién recibimos aquí, y qué hacemos cuando atentan contra nuestra libertad, o ya sabes, contra la libertad de expresión de cualquier persona».
Qué medidas legislativas podrían salir de ahí sigue siendo una incógnita, pero la comisión no es ambigua sobre su orientación.
«No creo que se pueda establecer una entidad sin ánimo de lucro o alguna entidad que suene inocua que esté efectivamente controlada por el Departamento de Trabajo del Frente Unido y luego utilizarla como plataforma para vigilar y acosar a personas en suelo estadounidense», dijo el Sr. Gallagher, refiriéndose a la agencia comunista que facilita las operaciones de influencia china en el extranjero. «Si eso es ya una violación de la ley existente es algo que vamos a tener que determinar a medida que tratamos de solución legislativa en el futuro».
El Departamento de Estado expresó su apoyo a la libertad de expresión, pero no quiso entrar en detalles cuando se le preguntó por los ataques contra manifestantes contrarios al PCCh.
«Siempre nos preocupan los actos de violencia. Apoyamos la libertad de expresión en Estados Unidos. Cuando vemos actos de violencia, dejamos muy claro a otros gobiernos que son inapropiados», declaró Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, a The Epoch Times en una rueda de prensa celebrada el 14 de diciembre. «Más allá de eso, me remitiría con respecto a estos informes específicos a las fuerzas de seguridad locales».
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