Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses convocó a la comunidad internacional para condenar las nuevas directrices impuestas por el Partido Comunista Chino (PCCh), dirigidas contra ciudadanos taiwaneses considerados defensores de la independencia de Taiwán.
Las directrices del PCCh, publicadas el 21 de junio con efecto inmediato, permiten juicios en ausencia con la pena de muerte como pena máxima. Los supuestos delitos incluyen promover la participación de Taiwán en organizaciones internacionales y facilitar los intercambios diplomáticos y militares de la isla con otros países, según el texto difundido a través del medio estatal chino Xinhua.
En una declaración emitida el 12 de julio, los legisladores condenaron las nuevas directrices del PCCh, que describieron como un «enfoque político desestabilizador» de las relaciones entre ambos lados del estrecho.
«Esta escalada de Beijing representa una amenaza significativa para la paz y la estabilidad de la región», dice la declaración. «Estas directrices tendrán un grave efecto paralizador en los intercambios con China y representan un enfoque político desestabilizador de las relaciones entre ambos lados del estrecho».
«Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se una a nosotros en la condena de las acciones de la RPC, el apoyo a un Taiwán seguro, libre y democrático, y el fortalecimiento de los esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en la región Indo-Pacífica». RPC es el acrónimo del nombre oficial de China, República Popular China.
La declaración fue emitida por los copresidentes del Caucus del Congreso de Taiwán: los representantes Ami Bera (D-Calif.), Gerald Connolly (D-Va.), Mario Diaz-Balart (R-Fla.), y Andy Barr (R-Ky.).
El PCCh considera a Taiwán una «provincia renegada» y se está empeñado en someterla a su control, por la fuerza de ser necesario, a pesar de que la isla autogobernada es una nación independiente de facto.
Las nuevas directrices ordenan a las cortes, fiscalías, seguridad pública, seguridad del Estado y órganos administrativos de China que «castiguen severamente a los independentistas de Taiwán por dividir el país e incitar a cometer delitos de secesión de acuerdo con la ley».
Las tensiones han aumentado en el estrecho de Taiwán en los últimos años. Después de que la isla, gobernada democráticamente, tomara posesión de su nuevo presidente, Lai Ching-te, en mayo, el PCCh organizó un simulacro militar a gran escala de dos días de duración alrededor de Taiwán y lo describió como un «castigo» a lo que denominó fuerzas «independentistas de Taiwán».
Los legisladores prometieron seguir apoyando a Taiwán frente a un régimen chino «cada vez más beligerante y peligroso».
«Seguiremos oponiéndonos a nuevos intentos de Beijing de aislar o amenazar a Taiwán e intimidar a sus vecinos», dice la declaración.
El Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán (MAC) dijo a Beijing que no tiene autoridad sobre sus 23 millones de ciudadanos y ha instado a los taiwaneses a «no dejarse amenazar ni intimidar por el Partido Comunista Chino».
«Las autoridades de Beijing no tienen absolutamente ninguna jurisdicción sobre Taiwán, y las llamadas leyes y normas del PCCh no tienen fuerza vinculante para nuestro pueblo», afirmó el Consejo en una declaración de junio en respuesta a las directrices de Beijing.
Lai también criticó al PCCh por imponer castigos a los llamados separatistas independentistas de Taiwán.
En un acto con la prensa el 24 de junio, el presidente de Taiwán dijo: «La democracia no es un crimen, pero la autocracia sí lo es».
«China no tiene absolutamente ningún derecho a sancionar al pueblo taiwanés simplemente por sus creencias, y China ciertamente no tiene derecho a perseguir transfronterizamente al pueblo taiwanés».
Para evitar que sus ciudadanos se conviertan en posibles víctimas políticas, el MAC elevó su alerta de viaje a China al segundo nivel más alto —de amarillo a naranja— el 27 de junio, instando a sus ciudadanos a no viajar a la China continental, Hong Kong o Macao a menos que sea absolutamente necesario.
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