El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incluyó en su lista negra a 29 empresas chinas por el uso de trabajo forzado, elevando el total a 107. Las empresas producían una amplia gama de productos, desde alimentos hasta productos farmacéuticos, oro y tecnología.
«El trabajo forzado constituye una violación de los derechos humanos básicos», expresó el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en un comunicado del 22 de noviembre. «Estados Unidos avanza hacia la erradicación del trabajo forzado mientras apoya la equidad económica, protege los derechos humanos y responsabiliza a los perpetradores».
Desde que la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA) entró en vigor en 2022, Estados Unidos busca eliminar el trabajo forzado de sus cadenas de suministro.
La ley recibe su nombre de los musulmanes uigures de Xinjiang, un grupo que, según investigaciones internacionales, el Partido Comunista Chino (PCCh) somete a trabajo forzado. El régimen también persigue a este grupo.
«Las acciones de cumplimiento de hoy dejan claro que Estados Unidos no tolerará el trabajo forzado en los productos que ingresan a nuestros mercados», declaró en un comunicado, Robert Silvers, subsecretario de Seguridad Nacional para Estrategia, Política y Planes y presidente del Grupo de Trabajo Federal de Cumplimiento Laboral.
«La Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur es una herramienta poderosa en la lucha contra el trabajo forzado, y la utilizamos en todo su potencial. Instamos a las empresas a asumir su responsabilidad, conocer sus cadenas de suministro y actuar éticamente».
La región de Xinjiang cuenta con abundantes recursos, incluidos minerales metálicos y tierra cultivable. La mayoría de las empresas incluidas en la lista negra en este último grupo, 23, pertenecen al sector agrícola y producen productos como pasta de tomate, nueces y pasas para venta mayorista.
Otras empresas trabajan con metales. La empresa estatal Xinjiang Nonferrous Metals Industry Group Co. y sus subsidiarias extraen, funden y procesan oro, cromo, hierro y otros metales. Xinjiang Zhonghe Co. se especializa en materiales electrónicos y productos de aleación de aluminio.
Estas dos empresas metalúrgicas forman parte de las cadenas de suministro de las empresas chinas de baterías Gotion y CATL, que los legisladores señalaron por el uso de trabajo forzado a principios de este año. El presidente del Comité Selecto de la Cámara sobre el PCCh, John Moolenaar (R-Mich.), el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, Mark Green (R-Tenn.), y el representante Carlos Giménez (R-Fla.) expresaron su apoyo a la última acción del DHS el 22 de noviembre, pero indicaron que Estados Unidos necesita hacer más para eliminar al régimen chino de la cadena de suministro de baterías estadounidense.
Estados Unidos incluyó en su lista negra a empresas de varios sectores por el uso de trabajo forzado durante los últimos dos años.
En octubre, el DHS bloqueó por primera vez a una empresa china de acero. En agosto, incluyó en la lista negra a otras cinco empresas de alimentos y metales. En junio, incluyó en la lista negra a empresas involucradas en la producción de calzado y carbón.
Los legisladores también expresaron preocupación por los productos de algodón importados de China, ya que aproximadamente el 90 por ciento de la producción de algodón de China se encuentra en Xinjiang, y los investigadores consideran que existe una alta probabilidad de que utilicen trabajo forzado.
Sin embargo, muchos de estos productos ingresan a Estados Unidos a través de la moda rápida vendida directamente al consumidor. Estas importaciones individuales tienen un valor inferior a 800 dólares y, por lo tanto, no están sujetas a inspecciones aduaneras estrictas según la disposición «de minimis».
A principios de este año, legisladores de ambas cámaras propusieron leyes para cerrar lo que describieron como un vacío legal de minimis explotado por empresas chinas. Sin embargo, hubo poco consenso sobre los métodos y la implementación.
No obstante, legisladores de ambas cámaras presentaron recientemente proyectos de ley para revocar el estatus comercial de China, lo que también revocaría su capacidad para utilizar la disposición de minimis.
Otras naciones también condenaron las prácticas de trabajo forzado del PCCh. El 21 de noviembre, la Unión Europea adoptó una resolución que podría llevar a que el bloque de 27 miembros implemente una prohibición sobre productos que se hayan beneficiado del trabajo forzado. A principios de este año, la UE implementó una ley de debida diligencia que responsabiliza a las empresas de investigar sus cadenas de suministro para garantizar el cumplimiento de las leyes sobre trabajo forzado y medio ambiente.
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