El Comité de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh) condenó a las autoridades de Hong Kong por ofrecer recompensas por cinco activistas prodemocráticos, entre ellos un estadounidense.
«El esfuerzo de las autoridades de Hong Kong, controladas por el PCCh, de perseguir mediante la intimidación y el acoso a ciudadanos estadounidenses y residentes que participan en actividades políticas pacíficas en Estados Unidos es inaceptable», afirmaron los representantes Mike Gallagher ( R-Wis.) y Raja Gallagher ( R-Wis.). Mike Gallagher (R-Wis.) y Raja Krishnamoorthi (D-Ill.), presidente y miembro de mayor rango de la comisión, afirmaron en un comunicado el 14 de diciembre.
Las críticas se produjeron cuando las autoridades de Hong Kong emitieron el jueves recompensas contra cinco activistas extranjeros -entre ellos un estadounidense- alegando que habían violado la ley de seguridad nacional impuesta por el PCCh.
La comisión de la Cámara de Representantes pidió al Congreso «que tome medidas urgentes para hacer frente a la represión transnacional del PCCh, y la Administración debe sancionar inmediatamente al PCCh y a los funcionarios de Hong Kong responsables de la imposición de estas recompensas».
Joey Siu, activista residente en Washington y ciudadano estadounidense, declaró a Reuters que era la primera vez que un ciudadano estadounidense era objeto de una orden judicial de este tipo, lo que «demostraba el alcance extraterritorial de la ley de seguridad nacional y el efecto amedrentador que se deriva de ella.»
«Creo que los países democráticos, especialmente Estados Unidos, deben tomar la iniciativa a la hora de abordar estas tácticas transnacionales de acoso represivo contra activistas como yo», afirmó Siu.
El Departamento de Estado también condenó enérgicamente las acciones de las autoridades de Hong Kong y su «lista de recompensas» contra activistas prodemocráticos en el extranjero.
«Esto demuestra un flagrante desprecio por las normas internacionales, por la democracia y por los derechos humanos», declaró el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa.
«Deploramos cualquier intento de aplicar extraterritorialmente la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing y reiteramos que las autoridades de Hong Kong no tienen jurisdicción dentro de las fronteras de Estados Unidos, donde los defensores de la democracia y la libertad seguirán disfrutando de sus libertades y derechos constitucionalmente garantizados», añadió.
El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, dijo que había dado instrucciones a funcionarios de Hong Kong, Beijing y Londres para que plantearan la cuestión con carácter de urgencia a las autoridades de Hong Kong y China.
En julio, los cinco disidentes fueron añadidos a una lista de ocho activistas extranjeros considerados fugitivos por las autoridades.
«Todos ellos, que ya han huido al extranjero, han seguido cometiendo delitos contemplados en la ley de seguridad nacional que ponían en grave peligro la seguridad nacional», declaró a la prensa Steve Li, oficial del departamento de seguridad nacional de la policía de Hong Kong.
La policía emitió avisos de búsqueda y recompensa de unos 128.000 dólares por cada uno de los cinco.
Erosión de la libertad
Desde que Beijing promulgó la ley de seguridad nacional en Hong Kong en 2020, la ciudad ha sufrido una importante erosión de las libertades prometidas por el régimen comunista chino cuando el antiguo territorio británico fue entregado a la China continental en 1997. Las autoridades han reprimido protestas, encarcelado a activistas prodemocráticos y prohibido concentraciones, como la vigilia anual de la matanza de la plaza de Tiananmen.
La ley también ha erosionado la libertad religiosa en la ciudad, como señaló el mes pasado el grupo Hong Kong Watch, con sede en el Reino Unido, en un informe en el que señalaba que los seguidores religiosos se ven obligados a comprometer sus actividades. Señaló que la autocensura es ahora habitual en las actividades religiosas y en las escuelas afiliadas a grupos religiosos, y que agentes del PCCh se han infiltrado en la cúpula eclesiástica de la ciudad.
Para apoyar a los manifestantes y activistas de Hong Kong, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong y la Ley de Autonomía de Hong Kong, que posteriormente fueron promulgadas por el presidente Donald Trump. La primera ley requiere que el secretario de Estado certifique anualmente si Hong Kong es «suficientemente autónomo» para justificar su estatus económico especial otorgado en virtud de la Ley de Política entre Estados Unidos y Hong Kong de 1992.
El mes pasado, Gallagher y el senador Marco Rubio (R-Fla.) criticaron al Departamento de Estado por invitar al líder de Hong Kong, John Lee, respaldado por el PCCh, a asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco.
Lee fue sancionado en 2020 por el Departamento del Tesoro por su papel en la aplicación de la draconiana ley de seguridad nacional cuando era secretario de Seguridad de Hong Kong. El Tesoro dijo que se dedicaba a «coaccionar, arrestar, detener o encarcelar a individuos bajo la autoridad de la ley de seguridad nacional.»
Frank Fang contribuyó a este artículo. Con información de Reuters.
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