Un comité de legisladores británicos ha criticado al gobierno por no haber tomado medidas oportunas en respuesta al uso de trabajos forzados por parte del régimen chino en Xinjiang.
El Comité de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) de la Cámara de los Comunes dijo el 10 de junio que el gobierno británico se había negado a «comprometerse con plazos claros y acciones sustantivas» en respuesta a las recomendaciones del comité.
En un informe titulado «El trabajo forzoso de los uigures en Xinjiang y las cadenas de valor del Reino Unido«, que se publicó en marzo, el comité recomendó reforzar la Ley de Esclavitud Moderna de 2015, mejorar la transparencia y la accesibilidad de las declaraciones de esclavitud moderna, y desarrollar opciones de sanciones civiles en caso de incumplimiento.
El comité expresó su decepción con el gobierno por rechazar muchas de las recomendaciones del informe.
Nusrat Ghani, diputada conservadora que ha hecho una activa campaña a favor de los derechos humanos de los uigures, dijo que la respuesta del gobierno era «profundamente descorazonadora».
«Dadas las horripilantes pruebas de los abusos, resulta increíble que el gobierno esté dando largas a la hora de presentar las duras medidas necesarias para ayudar a atajar la explotación del trabajo forzoso en Xinjiang», dijo.
«La respuesta del gobierno no ofrece garantías a los clientes de que no están contribuyendo a las cadenas de suministro contaminadas por la esclavitud moderna y defrauda a las empresas británicas que intentan hacer lo correcto y garantizar que sus cadenas de suministro no se benefician del trabajo forzoso».
Ghani instó al gobierno a «recapacitar, revisar las recomendaciones del informe y dar a estos graves asuntos la importancia que merecen».
En respuesta a las críticas, un portavoz del gobierno dijo a The Epoch Times en unas declaraciones enviadas por correo electrónico: «Las pruebas de la escala y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que se están perpetrando en Xinjiang dibujan un panorama verdaderamente desgarrador, y el gobierno británico no tolerará el trabajo forzoso, dondequiera que tenga lugar».
«En enero, anunciamos un sólido paquete de medidas para garantizar que ninguna organización británica sea cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos que se están perpetrando contra los uigures y otras minorías en Xinjiang, y estamos llevando adelante propuestas para reforzar la ley en este ámbito».
Gran Bretaña anunció el 22 de marzo sanciones en coordinación con la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos contra funcionarios chinos por los presuntos abusos de los derechos humanos de los musulmanes uigures.
En respuesta, el régimen chino impuso sanciones a personas y entidades británicas que, según dijo, «difunden maliciosamente mentiras y desinformación» sobre Xinjiang.
El 22 de abril, el Parlamento británico aprobó por unanimidad una moción no vinculante en la que se declaraba que los musulmanes uigures y otras minorías étnicas y religiosas de Xinjiang están sufriendo crímenes contra la humanidad y un genocidio, y se pedía al gobierno del Reino Unido que utilizara el derecho internacional para ponerle fin.
Lily Zhou contribuyó a la elaboración de este artículo.
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