Las violentas protestas provocadas por el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis han revitalizado a los legisladores para poner fin a la tradición de distribuir equipo militar excedente a las organizaciones policiales.
El representante Rubén Gallego (D-Ariz.) dijo que lideraría un esfuerzo en el Comité de Servicios Armados de la Cámara para restringir el Programa 1033 del Pentágono, el cual ha proporcionado equipo militar a más de 8600 departamentos de policía federales, estatales y locales desde que comenzó.
«Los agentes locales de la ley no deberían enfrentar a los civiles con armas diseñadas para el combate», dijo el representante Gallego.
“Una fuerza policial militarizada hace que nuestras comunidades sean menos seguras y aumenta la división cada vez mayor entre los agentes de policía y los ciudadanos a quienes se les ha jurado proteger. También aumenta la probabilidad de que se use fuerza desproporcionada o mortal, un problema que ha conducido a estas protestas en primer lugar», agregó Gallego
El objetivo del Programa 1033 era encontrar un uso para el equipo excedente que el Departamento de Defensa ya no necesitaba. Este programa se inició hace más de 3 décadas, en la década de 1990, y está dirigido por la Agencia de Logística de Defensa.
Se han transferido equipos militares por un valor de más de USD 6000 millones, incluidos vehículos blindados, aviones armados, equipo antidisturbios y ciertos tipos de armamento, armas de fuego y municiones a varios departamentos de aplicación de la ley en todo el país.
El primer intento de reducir el programa se realizó en 2014 luego de ver el efecto de los agentes de policía fuertemente armados con equipo antidisturbios en Ferguson, Missouri, cuando un agente de policía mató a tiros a Michael Brown.
El representante Hank Johnson (D-Ga.) encabezó el esfuerzo para cambiar la práctica. La «Ley de Alto a la Militarización de la Aplicación de la Ley» de Johnson se reintrodujo en 2019 y obtuvo apoyo bipartidista.
El proyecto de ley de Johnson requeriría que las agencias de aplicación de la ley devuelvan parte del equipo que se les suministró previamente y brinden una mayor rendición de cuentas sobre cómo y qué se les da.
El senador Paul Rand (R-Ky.) apoyó el proyecto de ley porque dijo que reduciría el gasto innecesario y dejaría de militarizar la fuerza policial.
«No es sorprendente que el gran gobierno de Washington haya creado un sistema incentivado en el que las fuerzas del orden locales reciban grandes cantidades de equipo para construir fuerzas que se parecen a los pequeños ejércitos».
«Nuestros barrios no son zonas de guerra», dijo Gallego, quien sirvió en Irak como infante de marina. «Como veterano de combate y orgulloso marine, muy poco de mi equipo o entrenamiento era relevante para vigilar a Phoenix o cualquier comunidad estadounidense».
El domingo, el senador Brian Schatz (D-Hawaii), dijo en un tweet que tiene la intención de introducir una enmienda a la versión del Senado del proyecto de ley de autorización de defensa el cual suspendería el programa.
«Introduciré una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para suspender el programa que transfiere armamento militar a los departamentos de policía locales», dijo Schatz.
La administración Obama emitió una orden ejecutiva 13688 en enero de 2015 que impuso algunas limitaciones en la transferencia de equipos militares y una mayor supervisión de la práctica. Esa orden dio lugar a recomendaciones sobre la prohibición y el control de la transferencia de ciertos tipos de equipos militares.
El presidente Donald Trump emitió su propia orden ejecutiva en agosto de 2017, revocando las restricciones de la administración de Obama.
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