Un grupo bipartidista de ocho legisladores estadounidenses están llamando la atención sobre el deterioro de la autonomía de Hong Kong en medio de la pandemia, en una carta con fecha del 28 de abril al Secretario de Estado Mike Pompeo.
Hong Kong, antigua colonia británica, fue transferida a la soberanía china en 1997 —con la promesa de Beijing de que, según el modelo de «un país, dos sistemas», la ciudad mantendría su autonomía y las libertades esenciales que no se conceden en el continente.
Pero los recientes ejemplos de injerencia de Beijing en los asuntos locales han suscitado la preocupación de la comunidad internacional.
«El futuro de Hong Kong es de gran importancia para Estados Unidos y la comunidad internacional», escribieron los senadores Marco Rubio (R-Fla.), Ben Cardin (D-Mary.), Jim Risch (R-Idaho) y Bob Menéndez (D-N.J.); y los representantes James McGovern (D-Mass.), Chris Smith (N.J.), Eliot Engel (D-N.Y.) y Michael McCaul (R-Texas).
Los legisladores añadieron: «Si no se abordan los esfuerzos de Beijing por erosionar la autonomía de Hong Kong, se socavarán la libertad y los derechos humanos de su pueblo, su valioso papel de socio de Estados Unidos y su singular papel en la economía internacional».
Durante una conferencia de prensa del 29 de abril, Pompeo se refirió a la situación en Hong Kong, diciendo: «Seguimos monitoreando con mayor preocupación los crecientes esfuerzos de Beijing por interferir».
Pompeo se refirió indirectamente a los recientes reclamos de los funcionarios chinos para que se reintroduzca en Hong Kong el Artículo 23, una ley antisubversiva que muchos temían que afectara a las libertades civiles. Se propuso por primera vez en 2003 y se desechó tras una protesta masiva en julio de ese año.
Luo Huining, jefe de la Oficina de Enlace de Beijing en Hong Kong, pidió recientemente que se presentara un proyecto de ley sobre el artículo 23 «lo antes posible» durante un discurso el 15 de abril.
Pompeo dijo: «Cualquier esfuerzo para imponer una legislación estricta de seguridad nacional en Hong Kong sería inconsistente con las promesas de Beijing e impactaría los intereses estadounidenses allí».
Ley de Hong Kong
En su carta, los legisladores instaron a Pompeo a aplicar plenamente la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong. Firmada por el Presidente Donald Trump el 27 de noviembre del año pasado, exige que el Secretario de Estado de Estados Unidos certifique anualmente si Hong Kong es «suficientemente autónomo» para justificar su estatuto comercial especial que lo distingue de China continental.
La ley también exige un próximo informe al Congreso, que los legisladores dijeron que esperaban «contener una evaluación completa, clara y precisa de la autonomía de Hong Kong».
La ley también estipula que se impongan sanciones a los funcionarios chinos y de Hong Kong que hayan violado los derechos humanos en la ciudad. Los ocho legisladores fueron copatrocinadores de los proyectos de ley originales del Senado y la Cámara.
Millones salieron a las calles desde junio del año pasado para protestar por un proyecto de ley de extradición que ha sido desechado. El movimiento se ha convertido en un llamamiento a una mayor democracia, así como a la oposición a la violencia policial contra los manifestantes. En los últimos meses, las protestas se han calmado debido a la pandemia.
El brote mundial, causado por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como el nuevo coronavirus, también ha afectado a Hong Kong, donde se han reportado 1038 casos de infección y cuatro muertes en la ciudad.
Eventos recientes
La policía de Hong Kong detuvo a 15 activistas pro-democracia el 18 de abril, por supuestamente «organizar o participar en asambleas no autorizadas».
«Entre los detenidos se encontraba Martin Lee, de 81 años de edad, un pilar del movimiento prodemocrático de Hong Kong y firme defensor del estado de derecho y de la protesta pacífica», escribieron los legisladores.
Los arrestos —la mayor represión contra el movimiento pro-democrático de la ciudad desde las protestas masivas del año pasado— también incluyeron al actual legislador Leung Yiu-chung; a Jimmy Lai, fundador del periódico pro-democrático de Hong Kong, Apple Daily; y a nueve exlegisladores, entre ellos Lee.
Siguieron protestas internacionales, incluso de más de 30 miembros del Parlamento Europeo.
Los legisladores estadounidenses también expresaron su rechazo a los recientes intentos de aprobar en Hong Kong la legislación del artículo 23, que «restringiría aún más la libertad y la autonomía al servicio de la definición de seguridad nacional de Beijing».
Los legisladores estadounidenses recriminaron a la Oficina de Enlace y a la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, el organismo más importante de Beijing para la gestión de los asuntos de Hong Kong, por sus recientes observaciones sobre el hecho de no estar obligados por el artículo 22 de la Ley Fundamental de Hong Kong, la miniconstitución de la ciudad.
«Ningún departamento del Gobierno Popular Central y ninguna provincia, región autónoma o municipio que dependa directamente del Gobierno Central podrá interferir en los asuntos que la Región Administrativa Especial de Hong Kong administre por su cuenta de conformidad con esta ley», dice el artículo 22.
El 18 de abril, el Gobierno de Hong Kong emitió una declaración relativa a las facultades de la Oficina de Enlace, en la que se afirmaba que se había establecido bajo «el Gobierno Popular Central [refiriéndose a Beijing]» y no en virtud del artículo 22. Las agencias chinas a cargo de Hong Kong defendieron posteriormente esta interpretación.
El 20 de abril, los legisladores pro-democracia de Hong Kong celebraron una conferencia de prensa, donde dijeron que la afirmación de que la Oficina de Enlace no está obligada por el artículo 22 era el «asalto más grave» al modelo de «un país, dos sistemas», según la emisora local RTHK.
Las declaraciones de los gobiernos de Hong Kong y China corren el riesgo de «disminuir aún más la autonomía de Hong Kong», según la carta de los senadores estadounidenses.
«Es fundamental que Estados Unidos utilice los instrumentos disponibles en virtud de la Ley de derechos humanos y democracia de Hong Kong, y otras autoridades, para dejarle claro a Beijing que las violaciones de sus compromisos internacionales y sus compromisos con el pueblo de Hong Kong tendrán consecuencias», concluyeron los legisladores.
Naciones Unidas
Los legisladores de Estados Unidos no son los únicos que han expresado sus preocupaciones sobre los derechos humanos en Hong Kong.
Seis relatores especiales de las Naciones Unidas escribieron recientemente al gobierno de Hong Kong, expresando su preocupación por dos leyes de Hong Kong: la ley de sedición de la era colonial y las Ordenanzas de las Naciones Unidas (medidas antiterroristas). Esta última permite al máximo funcionario de la ciudad solicitar una orden judicial para especificar a un sospechoso criminal como terrorista o asociado terrorista.
«Expresamos nuestra grave preocupación por la amplia definición de lo que constituye un discurso sedicioso, preocupados de que la amplia definición pueda restringir la expresión legítima», escribieron los relatores sobre la ley de sedición.
En cuanto a la ordenanza antiterrorista, los relatores declararon: «Advertimos contra las definiciones amplias y excesivamente inclusivas de los actos de terrorismo, que pueden dar lugar a abusos involuntarios de los derechos humanos».
La carta de los reporteros llegó solo días después de que Chris Tang, el comisionado de policía de Hong Kong, dijera que la policía estaba consultando con el Departamento de Justicia de la ciudad sobre el uso de la ordenanza antiterrorista para procesar a los manifestantes, según el Apple Daily.
Esta no es la primera vez que los relatores especiales de la ONU escriben al gobierno de Hong Kong. En una carta de junio del año pasado se expresó la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes.
En enero, los relatores expresaron su preocupación por el uso de agentes químicos por parte de la policía, como el gas lacrimógeno y el spray de pimienta, para dispersar a los manifestantes.
En otra carta de febrero se expresaba preocupación por la «intimidación y el arresto de los trabajadores de salud», incluidos los socorristas, que a menudo ofrecen voluntariamente sus servicios durante las protestas.
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