Varios legisladores de Pensilvania han presentado un proyecto de ley, en gran parte partidista, que concedería permisos de conducir a los inmigrantes ilegales.
Patrocinado por 27 demócratas y 2 republicanos, el proyecto de ley 279 de la Cámara de Representantes está actualmente a la espera de ser tramitado por el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley permitiría a las personas sin número del Seguro Social, incluidas las que viven ilegalmente en Estados Unidos, obtener una licencia de conducir o un permiso de conductor novel.
«En el acelerado mundo actual, un permiso de conducir es esencial para ganarse la vida, viajar con seguridad y vivir una existencia digna», escribieron los patrocinadores en un memorando en enero.
El proyecto de ley modifica la actual ley estatal para permitir a las personas sin número del Seguro Social solicitar una licencia de conducir o un permiso de conductor novel utilizando alternativas como el número de identificación que acredita la condición de contribuyente federal, un pasaporte extranjero, un documento de identificación consular o un certificado de nacimiento.
«Desgraciadamente, innumerables personas indocumentadas no pueden solicitar un permiso de conducir en Pensilvania porque no tienen el número del Seguro Social requerido», escribieron los legisladores. «Como resultado, contribuyen a nuestra economía sin la igualdad de protecciones y derechos básicos que el resto de nosotros disfrutamos, como la capacidad de conducir con seguridad al trabajo, la escuela y los negocios».
Los copatrocinadores argumentan que, dado que se requiere un examen de carretera para recibir una licencia, la aprobación del proyecto de ley hará que las carreteras sean más seguras al reducir el número de conductores sin licencia y sin seguro en las carreteras. Los inmigrantes ilegales que obtengan el carné también estarán más dispuestos a denunciar los accidentes y a cooperar con la policía, argumentan.
Thais Carrero, directora en Pensilvania del grupo de defensa de los inmigrantes CASA, que es uno de los doce grupos del estado que apoyan el proyecto de ley, dijo al medio local WGAL que cree que se debe permitir a los inmigrantes ilegales conducir legalmente.
«Se trata de que la gente pueda moverse, tener un trabajo digno, poder cuidar de sí mismos y de sus familias, así que seguimos presionando hasta que consigamos que se apruebe esta legislación», dijo.
Por otro lado, algunos senadores republicanos presentaron recientemente una proyecto de ley que bloquearía ciertos fondos federales que fluyen a los estados que permiten a los inmigrantes ilegales obtener licencias de conducir.
La senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.) dijo el 28 de enero que ella y otros senadores republicanos, entre ellos los senadores Ted Cruz (R-Texas), Tom Cotton (R-Ark.), Joni Ernst (R-Iowa), Steve Daines (R-Mont.), Jim Inhofe (R-Okla.) y Mike Braun (R-Ind.), han presentado la «Ley para detener la obtención de permisos de conducir para inmigrantes ilegales». El proyecto de ley se dirige a los estados santuario que permiten a los inmigrantes obtener permisos de conducir sin demostrar que residen legalmente en Estados Unidos.
«Ninguna ciudad de Estados Unidos estará libre de delincuentes y terroristas si nuestras fronteras no están vigiladas y las leyes federales de inmigración no se aplican plenamente», dijo Blackburn en un comunicado. «Este país se rige por el Estado de derecho. No debemos recompensar a los inmigrantes ilegales con licencias de conducir cuando no siguen el proceso legal adecuado».
La ley pone fin a la financiación de subvenciones del Departamento de Justicia, en el marco del Programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG), a los estados que desafían la ley federal de inmigración.
Blackburn dijo que en el año fiscal 2020, los estados que emitieron licencias de conducir a inmigrantes ilegales recibieron más de 53 millones de dólares del programa JAG.
«Esta ley exigirá a los estados que emitan licencias de conducir a inmigrantes ilegales o a los estados que no compartan información sobre la aplicación de la ley de inmigración con el DHS que devuelvan los fondos no asignados al programa JAG en un plazo de 30 días», dijo.
También haría que los estados que no cumplan con las disposiciones relativas a las licencias de conducir y al intercambio de información federal no puedan recibir futuros fondos del JAG.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 15 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que permiten a los inmigrantes ilegales obtener permisos de conducir: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Utah, Vermont y Washington.
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