Legisladores de un estado aprueban una ley de control de armas tras la decisión de la Corte Suprema

Los legisladores de un estado controlado por los demócratas aprobaron una importante ley de armas, y el presidente de la Cámara de Representantes dijo que se produjo después de la sentencia de la Corte Suprema de 2022.

Por Jack Phillips
23 de octubre de 2023 5:43 PM Actualizado: 23 de octubre de 2023 5:43 PM

La Cámara de Representantes del estado de Massachusetts aprobó una amplia ley de armas que pretende restringir más las armas de fuego y reprimir los rifles de estilo AR-15, después de que una coalición unánime de jefes de policía del estado se opusiera públicamente a ella.

La medida, aprobada por 120 votos a favor y 38 en contra, prohíbe a los individuos llevar un arma de fuego a casa de otra persona sin su consentimiento. También obligaría a los principales componentes de las armas a tener números de serie, que se registrarían en el estado de Massachusetts, al tiempo que ampliaría la ley estatal de «bandera roja», que permite a un juez suspender la licencia de armas de fuego de alguien que se considere un riesgo para dañar a otros.

El proyecto de ley se aprobó en respuesta a la histórica sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. de 2022, que establece que los estadounidenses tienen el derecho consagrado en la Segunda Enmienda a portar armas de fuego en público por motivos de defensa propia, según los demócratas de Massachusetts, un estado que desde hace tiempo cuenta con estrictas leyes sobre armas de fuego.

«La decisión Bruen de la Corte Suprema anuló componentes existentes de nuestras leyes de armas, amenazando la seguridad de los residentes de la Commonwealth. Con la aprobación de esta ley, la Cámara ha demostrado una vez más su compromiso inquebrantable de garantizar que Massachusetts siga siendo uno de los estados más seguros del país», dijo el presidente de la Cámara, el demócrata Ronald Mariano, en una declaración reciente sobre la medida y la histórica decisión del Tribunal Supremo.

La propuesta crearía nuevas leyes que prohibirían disparar armas de fuego en viviendas o cerca de ellas y prohibiría llevar armas de fuego en estado de embriaguez. También prohibiría llevar armas de fuego en colegios, colegios electorales y edificios gubernamentales.

El proyecto de ley amplía la prohibición estatal de ciertos tipos de rifles, prohibiendo nuevas compras de armas de fuego del tipo AR-15. También prohibiría convertir un arma de fuego legal en un arma automática.

La propuesta incluye un sistema mejorado de seguimiento de las armas de fuego utilizadas en delitos para ayudar a frenar el flujo de armas ilegales en el estado. También modernizaría el actual sistema de registro de armas de fuego al tiempo que aumentaría la disponibilidad de datos sobre armas de fuego para uso académico y político, dijeron los legisladores.

El Senado estatal aún no ha publicado su versión del proyecto de ley de armas. Corresponderá a ambas cámaras, dirigidas por demócratas, elaborar un único proyecto de ley que se enviará a la mesa de la gobernadora demócrata Maura Healey para que lo firme antes de que pueda convertirse en ley.

El representante estatal Michael Day, el demócrata autor del proyecto de ley, afirmó que «estamos en medio de una crisis de salud pública y es implacable» antes de culpar a las armas de fuego. «Es hora de que la Cámara actúe una vez más en esta área y pedir su apoyo en este proyecto de ley», dijo.

Los republicanos y los grupos de defensa de los derechos de las armas dicen que la ley es una extralimitación.

El representante estatal Peter Durant, republicano, dijo en el pleno que solo ve «un objetivo» en el proyecto de ley, que es apuntar a los ciudadanos respetuosos de la ley que poseen armas de fuego.

«Cuando las giras de escucha estaban en marcha, cuando estábamos teniendo las sesiones informativas, cuando este proyecto de ley se estaba escribiendo, todos nos dijeron que el propietario legal de armas no es el objetivo aquí. No vamos a por ellos», dijo Durant, según una emisora local afiliada a la NBC. «Pero ciertamente parece que eso es exactamente lo que estamos haciendo».

Otro legislador estatal del GOP, el representante David Muradian, dijo que la «legislación es una infracción atroz a todos los propietarios de armas legales, y francamente, a todos los residentes de la mancomunidad de Massachusetts.»

«He tenido interacciones con cientos, si no miles, de electores dentro de mi distrito sobre este asunto. La rotunda pregunta sigue siendo: ¿qué intenta resolver la nueva propuesta?», declaró.

Una coalición de todos los jefes de policía del Estado de la Bahía emitió un comunicado en el que afirmaba que el proyecto de ley solo afectaría a los propietarios legales de armas.

«Aunque decepcionados por esta votación tan previsible -en un procedimiento en el que la Cámara no siguió sus propias reglas- aplaudimos a los legisladores que reconocieron que este proyecto de ley no hace a nadie más seguro. Como hemos dicho, la respuesta está en la persecución enérgica de los delincuentes, que no tienen ningún respeto por las leyes de armas, ya sean antiguas o nuevas. Estamos deseando abordar este asunto con nuestro Senado», declaró al Boston Herald el director de la Asociación de Jefes de Policía de Massachusetts, Mark Leahy.

Los propietarios de armas que se oponen al proyecto de ley dicen que las medidas esbozadas en la legislación hacen más por atacar a los propietarios de armas que por reducir la delincuencia. «Todo va contra nosotros, la gente legal. No hay nada que vaya contra los delincuentes», dijo Jim Wallace, director ejecutivo de la Liga de Acción de Propietarios de Armas, añadiendo que el proyecto de ley es simplemente una reacción exagerada a la decisión de la Corte Suprema el año pasado.

La Corte Suprema, en una decisión de 6-3 el pasado mes de junio, dictaminó que una ley estatal de Nueva York era inconstitucional por restringir ilegalmente el derecho de una persona a portar un arma de fuego en público.

La mayoría afirmó que ese derecho está garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de EE.UU., y añadió que los estados pueden imponer la concesión de permisos, lo que significa que los solicitantes de licencias de portación oculta tienen que satisfacer unos criterios. Pero su fallo estipuló que los mandatos de «autorización» que utilizan evaluaciones arbitrarias realizadas por funcionarios locales son inconstitucionales.

Con información de The Associated Press.


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