La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D-Calif.) y otros legisladores condenaron recientemente la legislación draconiana promulgada en Hong Kong con el apoyo del Partido Comunista Chino (PCCh).
El artículo 23 de la Ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional entró en vigor el 23 de marzo. Fue propuesta por el Consejo Legislativo de Hong Kong, controlado por el PCCh, en 2003, pero su aplicación se vio frenada en aquel momento por las protestas locales y el clamor público internacional.
Poco más de 20 años después, el PCCh ha hecho aprobar la política por la legislatura de Hong Kong casi sin oposición local, una continuación de su draconiana ley de seguridad nacional, implementada en 2020.
«Es… una traición total», dijo Pelosi en una conferencia de prensa en el Capitolio el 22 de marzo, refiriéndose a la renuncia del PCCh a su acuerdo de 1997 de «un país, dos sistemas» para ampliar la autonomía de Hong Kong. Describió la nueva ley como una «alarmante expansión del asalto del Partido Comunista Chino a la libertad en Hong Kong».
«La oposición política está completamente aniquilada», afirmó el representante Chris Smith ( R-N.J.). Smith citó el ejemplo del editor del Apple Daily, Jimmy Lai, encarcelado en 2021 por supuesta reunión no autorizada y ahora sometido a juicio por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras.
«La libertad es aplastada», dijo el senador demócrata Jeff Merkley. Smith y Merkley son copresidentes de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, un panel bipartidista encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos en China.
Resistencia bipartidista
Aunque los tres legisladores elogiaron la reacción bipartidista a los esfuerzos de China desde 2019, Smith culpó de la situación actual a un esfuerzo bipartidista similar durante la administración de Bill Clinton, que regularizó el comercio con China al divorciar las preocupaciones sobre derechos humanos del estatus comercial de «nación favorecida».
Pelosi también dijo: «No nos pronunciamos sobre las violaciones de los derechos humanos en China por interés comercial».
Smith y Merkely pidieron al Congreso que apruebe contramedidas como la Ley de Certificación de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong (HKETO) y la Ley de Política de Represión Transnacional, que reprimirían las represalias internacionales contra los disidentes políticos.
Smith declaró que la HKETO ya se había debatido en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, pero que «por razones inexplicables» se retiró de la lista de proyectos de ley que se someterían a votación la semana pasada. Las oficinas del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), y del portavoz de la mayoría, Steve Scalise (R-La.), no respondieron a las preguntas de The Epoch Times acerca de por qué el proyecto de ley fue retirado de la agenda.
A los legisladores se unieron las refugiadas políticas Anna Kwok y Frances Hui, dos jóvenes perseguidas por las autoridades de Hong Kong. Por cada una de ellas el gobierno ofrece una recompensa de 1 millón de dólares hongkoneses (USD 128,000).
Hui planteó la cuestión de la persecución religiosa del PCCh contra los cristianos y Falun Gong. Según la nueva ley, la diócesis católica de Hong Kong podría verse obligada a romper relaciones con el Vaticano y unirse a la Asociación Patriótica Católica de China, controlada por el gobierno. «Me temo que el futuro de las comunidades religiosas estaría realmente en juego», afirmó.
Los sacerdotes también podrían verse obligados a elegir entre violar el secreto de confesión o enfrentarse a una pena de 14 años de prisión por no revelar información sobre ciudadanos de Hong Kong que infringieron la ley, advirtió.
El empresario y activista Elmer Yuen, a quien las autoridades también persiguen bajo recompensa, tenía un mensaje contundente para sus compatriotas hongkoneses: «Es inútil llorar, es inútil hacer campaña. Para que podamos volver a Hong Kong, debemos deshacernos del PCCh de una vez por todas».
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