El Comité Selecto bipartidista de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino instó el 6 de septiembre a los minoristas de autopartes a tener cuidado al comprar o vender piezas de la marca china Qingdao Sunsong, que actualmente está sujeta a una investigación federal por fraude comercial.
“Las revelaciones públicas de las empresas revelan que los minoristas estadounidenses de piezas de automóviles como AutoZone, Advance Auto Parts y O’Reilly Auto Parts representan más del 40 por ciento de las ventas [de Qingdao Sunsong]”, escribieron el presidente del Comité, John Moolenaar (R-Mich.), y el miembro de mayor rango, Raja Krishnamoorthi (D-Ill.), junto con los senadores Bill Cassidy (R-Fla.) y Sherrod Brown (D-Ohio), y los representantes Darin LaHood (R-Ill.). Darin LaHood (R-Ill.), Glenn Ivey (D-Md.) y Ashley Hinson (R-Iowa).
“Los minoristas estadounidenses son responsables de garantizar que sus prácticas de adquisición no apoyen inadvertidamente a las empresas dedicadas a la evasión arancelaria u otras prácticas comerciales ilegales. Tales prácticas perjudican a los fabricantes estadounidenses, socavan los objetivos políticos de Estados Unidos y recompensan las políticas económicas injustas del Partido Comunista Chino (PCCh)”.
Los legisladores afirman que se sospecha que Qingdao Sunsong envía productos chinos a través de Tailandia para eludir los aranceles estadounidenses, lo que socavaría la producción y el empleo en Estados Unidos.
Dicen que las propias revelaciones de Qingdao Sunsong cuando solicitó cotizar en la Bolsa de Beijing en 2022 revelan “un claro patrón de fraude comercial”.
Aunque los artículos están marcados como “Hecho en Tailandia”, Qingdao Sunsong afirma en sus revelaciones que las plantas de procesamiento de Tailandia agregan entre 12 centavos y 23 centavos de valor a los productos fabricados en China, o entre el 4 y el 8 por ciento del valor de ensamblaje.
Esto no alcanza la “transformación sustancial” requerida por el Departamento de Comercio de EE.UU. que permitiría marcar el producto como “Fabricado en Tailandia” y someterlo a aranceles más bajos.
La sede estadounidense de Qingdao Sunsong en Ohio fue registrada por el Departamento de Seguridad Nacional en enero. El departamento dijo que ejecutó una orden de registro federal y no proporcionó más información sobre la investigación en curso.
“Teniendo en cuenta los esfuerzos anteriores del Congreso para plantear preocupaciones sobre Qingdao Sunsong y la reciente redada del DHS en sus instalaciones de EE.UU., nos preocupa que su empresa siga adquiriendo sus productos”, dice la carta de los legisladores.
Los legisladores escribieron que informar falsamente sobre los países de origen de los productos enviados a Estados Unidos es ilegal, no sólo para el proveedor, sino para las empresas “cómplices de comprar a sabiendas” estos artículos.
Si Qingdao Sunsong está enviando sus piezas a través de Tailandia para evitar el arancel del 25 por ciento que Estados Unidos impuso a todas las piezas de automóviles procedentes de China en mayo de 2019, estaría cometiendo fraude comercial.
Los legisladores preguntaron a los minoristas estadounidenses si habían verificado, y cómo, que las piezas compradas a Qingdao Sunsong habían cambiado de país de origen de China a Tailandia, y si Qingdao Sunsong les había dicho a las empresas que esas piezas efectivamente se habían fabricado en Tailandia y no en China y luego se habían enviado desde Tailandia.
Los legisladores también señalaron que habían advertido a las empresas estadounidenses del presunto fraude comercial de Qingdao Sunsong en septiembre de 2023, y preguntaron a las empresas si habían tomado medidas para asegurarse de que no eran cómplices en la actividad de transbordo ilegal.
Los legisladores también pidieron a los minoristas que detallaran las medidas que habían tomado para asegurarse de que no compraban productos procedentes de China fabricados con mano de obra esclava, como exige la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que entró en vigor en junio de 2022. El PCCh es conocido por perseguir a grupos étnicos y religiosos minoritarios, como los uigures, los cristianos y los practicantes de Falun Gong, sometiéndolos a abusos contra los derechos humanos, incluidos los trabajos forzados.
En los últimos años, los legisladores han pedido y promulgado más restricciones a las importaciones chinas, alegando preocupaciones tanto de seguridad como de violación a los derechos humanos.
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