Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes instó al gobierno de Biden a sancionar a 28 funcionarios, identificados como responsables de infringir los derechos humanos y perseguir a los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong.
“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por las recientes acciones de las autoridades de Hong Kong que han erosionado aún más la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en la región”, escribió el grupo en una carta dirigida el 17 de julio al Secretario de Estado Antony Blinken y a la Secretaria del Tesoro Janet Yellen.
El grupo, dirigido por los Reps. John Moolenaar (R-Mich.) y Raja Krishnamoorthi (D-Ill.), presidente y miembro demócrata de mayor rango del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, destacó el impacto de la nueva ley de seguridad, conocida como Artículo 23, sobre las libertades civiles en Hong Kong. Describieron su aprobación como “una nueva y grave usurpación a las libertades civiles en Hong Kong”.
La ley de seguridad nacional otorga a las autoridades de la ciudad amplios poderes para perseguir a individuos por traición, espionaje, robo de secretos de Estado, sedición e injerencia extranjera. Los legisladores afirman que la ley criminaliza de hecho “una amplia gama de actividades y expresiones fundamentales para una sociedad democrática”.
“Esta medida ilustra claramente la contribución voluntaria de las autoridades de Hong Kong a la estrategia [del Partido Comunista Chino] para socavar las libertades que distinguen a Hong Kong de la China continental”, escribieron.
El artículo 23, que entró en vigor en marzo, amplía una ley de seguridad nacional introducida por el régimen comunista de Beijing en 2020. La amplia legislación ya ha penalizado cuatro categorías de delitos vagamente definidos, entre ellos la secesión, la subversión y la connivencia con un país extranjero. Las personas declaradas culpables pueden ser condenadas a cadena perpetua.
Desde que se promulgó la legislación, Hong Kong ha dado un brusco giro autoritario: la mayoría de los políticos democráticos están ahora en la cárcel o se han exiliado, decenas de organizaciones de la sociedad civil se han disuelto y empresas internacionales han abandonado la ciudad.
En un caso histórico, 47 políticos y defensores de la democracia fueron acusados de conspiración para cometer subversión en 2021, en virtud de la ley de seguridad nacional, por su papel en unas elecciones primarias no oficiales. El 30 de mayo, 14 de los 16 acusados que se declararon inocentes fueron declarados culpables y ahora se enfrentan a penas de entre tres años y cadena perpetua, mientras que dos fueron absueltos. Treinta y uno de los 47 se habían declarado culpables previamente.
El grupo de legisladores estadounidenses afirmó que el caso “ejemplifica el uso de la Ley de Seguridad Nacional para silenciar a la oposición política e intimidar a quienes defienden los principios democráticos”.
“El gobierno de Estados Unidos debe actuar con decisión para reforzar la credibilidad y la eficacia de nuestras herramientas políticas diseñadas para apoyar la autonomía de Hong Kong y los derechos de sus ciudadanos”, escribió el grupo en la carta.
Instaron a los Departamentos de Estado y del Tesoro a sancionar a 28 altos cargos de la policía y la fiscalía de Hong Kong, incluidos algunos jueces y magistrados que habían llevado casos de seguridad nacional.
El Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Estado y el Tesoro para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
El gobierno estadounidense impuso nuevas restricciones de visado a funcionarios chinos y hongkoneses el 1 de junio, un día después de que el tribunal de Hong Kong dictara sentencia en el mayor caso de seguridad nacional.
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