Un grupo de legisladores internacionales ha pedido a Naciones Unidas que investigue el presunto genocidio contra los uigures y otras minorías étnicas en China, según informó el lunes la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés).
Ello se produce en el marco de la 47ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), que comenzó el lunes en Ginebra.
En una carta enviada el viernes al presidente de la ACNUDH, Nazhat Shameem Khan, 68 legisladores de 18 asambleas legislativas de todo el mundo instaron a la ONU a poner en marcha una comisión de investigación sobre la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR), en China, para investigar las acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad.
Los legisladores afirman que la comisión debe recibir el mandato de hacer recomendaciones para poner fin a las graves violaciones de los derechos humanos en Xinjiang cometidas por el régimen chino y de informar periódicamente a la ACNUDH.
La carta, coordinada por IPAC, una red de legisladores internacionales que presiona para que se adopte una postura más dura con respecto al régimen chino, se dirigió también a los ministros de Asuntos Exteriores de ocho Estados democráticos representados por la ACNUDH, entre ellos Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, Japón, Dinamarca, Italia y República Checa.
El IPAC dijo que se han acumulado pruebas que documentan la brutal persecución del régimen chino contra los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en la XUAR, incluidas las detenciones arbitrarias, los trabajos forzados, la tortura, el adoctrinamiento político, los abusos sexuales, las esterilizaciones forzadas, los abortos forzados y las políticas draconianas de control de la natalidad.
El IPAC afirmó que la comunidad internacional está «legal y moralmente obligada» a impedir que se produzcan estas «gravísimas violaciones de los derechos humanos» a través de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que también firmó China.
El legislador británico, exlíder del Partido Conservador, Sir Iain Duncan Smith, dijo que la ACNUDH no ha cumplido su propósito.
«El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se fundó para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Hoy en día, se utiliza como un disfraz para que los regímenes autoritarios oculten los abusos más atroces contra los derechos humanos», dijo Duncan Smith en un comunicado.
«No aceptaremos esto. Dado que las crecientes pruebas indican que se está produciendo un genocidio y crímenes de lesa humanidad en la región uigur, la ONU debe actuar para establecer una investigación independiente sobre estos abusos».
La legisladora alemana Margarete Bause también dijo que la ACNUDH «no ha estado a la altura de esta misión» mientras «se niegue a investigar los presuntos crímenes que tienen lugar en Xinjiang».
«Solo una Comisión de Investigación dirigida por la ONU puede empezar a dar esperanzas de justicia a los uigures y a otras víctimas de la persecución en la región», afirmó.
La legisladora japonesa Shiori Yamao dijo que la comunidad internacional había hecho la vista gorda durante demasiado tiempo ante los reportes «realmente horribles» de las violaciones de los derechos humanos en la XUAR.
«Este mes, el Consejo de Derechos Humanos tiene la oportunidad de corregir esta situación y situar a Xinjiang en lo más alto de la agenda», afirmó.
En su intervención del lunes en la apertura de la sesión del ACNUDH, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que esperaba acordar los términos de una visita este año a China, incluida su región de Xinjiang.
«Sigo discutiendo con China las modalidades de una visita, incluido un acceso significativo, a la región autónoma uigur de Xinjiang, y espero que esto pueda lograrse este año, especialmente porque siguen apareciendo reportes de graves violaciones de los derechos humanos», dijo Bachelet.
Era la primera vez que Bachelet sugería públicamente un plazo para la visita, que su oficina lleva intentando organizar desde septiembre de 2018.
El 15 de junio, el Parlamento belga aprobó una moción en la que declaraba que los uigures se enfrentan a un «grave riesgo» de genocidio y que son víctimas de crímenes contra la humanidad de China.
El 10 de junio, el Senado checo aprobó por unanimidad una moción en la que declaraba que el trato del régimen chino a los uigures y a otras minorías musulmanas equivale a crímenes contra la humanidad y a genocidio.
Los parlamentos de Canadá, Lituania, Países Bajos y Reino Unido han hecho la misma declaración. En enero, el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo declaró que las acciones de Beijing en Xinjiang constituían un genocidio.
Un «tribunal popular» con sede en Londres, creado para evaluar si los presuntos abusos de derechos cometidos por China contra los uigures constituyen un genocidio, escuchó las «graves» acusaciones contra las autoridades chinas durante cuatro días de audiencias a principios de este mes.
El tribunal tiene previsto celebrar otros cuatro días de audiencias en septiembre, y espera emitir su sentencia a finales de año.
En la actualidad, los dos tribunales internacionales que pueden ocuparse del genocidio están prácticamente paralizados.
La Corte Internacional de Justicia, que se ocupa del genocidio patrocinado por el Estado, no puede ocuparse de las acusaciones de genocidio en China debido al poder de veto del país en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La Corte Penal Internacional, «donde se juzga a individuos por crímenes graves», necesita que la nación en cuestión haya firmado del Estatuto de Roma, cosa que China no ha hecho.
Con información de Frank Fang y The Associated Press.
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