Los legisladores de Texas presentaron previamente alrededor de dos docenas de proyectos de ley sobre fronteras e inmigración antes de la sesión legislativa del estado de 2025, con el objetivo de asegurar su frontera con México sin depender del progreso del gobierno federal en la lucha contra la inmigración ilegal.
Con alrededor de 11 millones de no ciudadanos ingresando a Estados Unidos bajo la administración Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y la legislatura liderada por los republicanos comenzaron a elaborar leyes para abordar lo que consideraban una invasión al país causada por políticas fronterizas laxas.
Si bien el presidente electo Donald Trump prometió una operación de deportación masiva y elogió los esfuerzos del estado para detener la inmigración ilegal a través de la Operación Estrella Solitaria (OLS), parece que la legislatura liderada por el Partido Republicano no se arriesga a que futuros presidentes protejan la frontera entre Texas y México.
Abbott inició la OLS para contrarrestar el aumento de la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de drogas y el tráfico de personas que aumentaron drásticamente en 2021.
La operación financia a la policía de Texas y a los miembros de la Guardia Nacional en la frontera, así como el procesamiento y encarcelamiento de inmigrantes ilegales, principalmente por entrar sin autorización y evadir el arresto.
Con la 89ª sesión legislativa del estado convocada para el 14 de enero, los proyectos de ley fronterizos de Texas incluyen nuevos intentos de crear una División de Seguridad Nacional de Texas, una Unidad de Protección Fronteriza de Texas y proyectos de ley que ayuden a los esfuerzos del presidente entrante para asegurar la frontera.
Otros proyectos de ley se centran en restringir la asistencia pública a inmigrantes ilegales, mientras que HB 219 y HB 89 requerirían prueba de ciudadanía para registrarse para votar en Texas.
Soberanía de Texas
La Ley de la Unidad de Protección Fronteriza de Texas, HB 354, es similar a la HB 20, que se presentó en la sesión legislativa de 2023 y fracasó por una cuestión de orden. Presentado por el representante republicano Briscoe Cain, el proyecto de ley daría a los agentes de la ley la autoridad para arrestar a quienes crucen la frontera entre Texas y México ilegalmente, al igual que los agentes de la patrulla fronteriza federal.
Las fuerzas del orden de la unidad también tendrían la autoridad para «disuadir a las personas que intenten cruzar la frontera ilegalmente» con medidas no letales de control de multitudes.
El proyecto de ley establece que la «seguridad de los tejanos y la soberanía de este estado» han sido amenazadas por cárteles transnacionales, que trafican con fentanilo e inmigrantes ilegales.
La unidad también gestionaría la construcción y el mantenimiento del muro fronterizo del estado y las barreras físicas, como boyas en el Río Grande y alambre de púas.
«Los votantes nos han dado un mandato claro: asegurar la frontera y apoyar a Trump en el logro de estas prioridades», dijo Cain a The Epoch Times a través de un mensaje de texto.
Cain dijo que incluso con el compromiso de Trump de asegurar la frontera, Texas tiene el deber constitucional de proteger a sus ciudadanos.
«Las medidas federales con frecuencia pueden quedarse cortas o no abordar los desafíos únicos que enfrentamos como estado fronterizo», afirmó.
La HB 354 garantizaría que la «seguridad y soberanía de los tejanos» no queden a merced de futuras administraciones, dijo.
El senador republicano estatal Bob Hall presentó el proyecto de ley SB 135 en un segundo intento por establecer la División de Seguridad Nacional de Texas. Es similar al proyecto de ley HB 127, que no logró avanzar y se estancó en la sesión legislativa de 2023.
La división coordinaría la seguridad fronteriza y los delitos relacionados dentro del estado y con la policía federal.
Hall también presentó la SB 81, que daría a los oficiales del DPS de Texas la autoridad de arrestar y deportar a México a personas que ingresan a Texas ilegalmente.
Daría a las fuerzas del orden el poder de arrestar y procesar a criminales que intenten traficar drogas e inmigrantes ilegales.
Acuerdos del ICE
Los republicanos también están presentando una legislación que requeriría que los sheriffs cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Los proyectos de ley SB 658 y SB 134 exigirían que los sheriffs soliciten y, si se les ofrece, firmen acuerdos escritos con ICE para ayudar a proteger la frontera.
Estas asociaciones se conocen como acuerdos 287(g) y ayudarían a suministrar mano de obra adicional y apoyo logístico para acabar con la inmigración ilegal y ayudar en las deportaciones masivas bajo el gobierno de Trump.
La SB 658 requeriría que los sheriffs de los condados con una población de 250,000 o más soliciten y posiblemente firmen acuerdos escritos con el ICE para «hacer cumplir la ley federal de inmigración».
La medida también crearía un fondo de subsidios para reembolsar a los sheriffs los costos adicionales relacionados con la cooperación con el ICE.
La SB 134 tiene un alcance más amplio y exige que todos los sheriffs del condado soliciten un acuerdo con el ICE o se enfrentarán a la pérdida del dinero del subsidio estatal.
De manera similar, la HB 1491 obligaría que los comisionados del condado soliciten y firmen acuerdos con el ICE si se les ofrece hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Niños inmigrantes ilegales
Otros dos proyectos de ley tratan sobre la protección de los niños que cruzan ilegalmente de México a Texas.
Bajo el proyecto de ley HB 256, el Departamento de Seguridad Pública del estado (DSP) realizaría pruebas rápidas de ADN a aquellas personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos y que están detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y son sospechosas de falsear una relación familiar.
Asimismo, la HB 1072 requeriría que los oficiales de OLS tomen las huellas dactilares y entrevisten a los niños que cruzan la frontera ilegalmente si hay motivos para creer que están siendo víctimas de trata o están en peligro.
El nuevo jefe de la frontera de Trump, Tom Homan, se comprometió recientemente a ayudar a localizar a los niños que han perdido el contacto con las autoridades federales después de cruzar a Estados Unidos durante el gobierno de Biden. Se estima que el número de esos niños supera los 300,000, según un informe de agosto de 2024 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
Reto legal
Después de que cientos de miles de inmigrantes ilegales llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, Abbott invocó en 2024 la cláusula de invasión de las constituciones de Estados Unidos y Texas para justificar las actuales operaciones fronterizas del estado.
La idea de la soberanía estatal también estuvo detrás de la SB 4 de Texas, que se convirtió en ley en marzo de 2024 y ha permanecido en el limbo a la espera de una sentencia de una corte de apelaciones.
Según la SB 4, los inmigrantes ilegales que ingresen a Texas por fuera de los puertos de entrada legales podrían ser arrestados por delitos menores de Clase B y sentenciados hasta seis meses de prisión. Los reincidentes podrían enfrentarse a cargos por delitos graves de segundo grado y sentencias de hasta 20 años de prisión.
Los jueces tienen margen de maniobra bajo la SB 4 para retirar los cargos si los inmigrantes ilegales aceptan regresar a México.
El Departamento de Justicia de EE. UU. y grupos de derechos civiles presentaron una demanda para detener la SB 4, afirmando que la aplicación de las leyes de inmigración es responsabilidad del gobierno federal, no de los estados.
En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso Arizona vs. Estados Unidos que la ley federal prevalece sobre la ley estatal en materia de inmigración.
Texas apuesta a que la decisión podría ser revertida bajo una corte superior más conservadora.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió brevemente que la SB 4 entrara en vigor en 2024 antes de enviarla de regreso a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que una vez más la suspendió en espera de un fallo sobre el caso.
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