Cuatro legisladores republicanos enviaron una carta al Fiscal General William Barr para instarlo a tomar medidas contra los productores y distribuidores de pornografía obscena.
La carta, obtenida por la National Review, fue firmada por los representantes Jim Banks (R-Ind.), Mark Meadows (R-N.C.), Vicky Hartzler (R-Mo.) y Brian Babin (R-Texas) y pide al Departamento de Justicia que haga cumplir las leyes de obscenidad de Estados Unidos contra la industria del porno.
Los miembros del congreso dicen que Internet y la evolución de las tecnologías están alimentando una explosión de pornografía obscena, que, según ellos, coincide con el aumento de la violencia contra las mujeres y el aumento del volumen de la trata de seres humanos, así como de la pornografía infantil. El Dr. Alvin Cooper, un investigador sexual, dijo que la adicción a la pornografía en línea se está convirtiendo en un problema creciente porque la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato que ofrece Internet hacen que el contenido esté más fácilmente disponible, llamando al fenómeno el «motor Triple A«.
«Las víctimas no se limitan a aquellos directamente explotados… e incluyen a la sociedad en general. Este fenómeno es especialmente dañino para los jóvenes, que están siendo expuestos a la pornografía obscena a edades exponencialmente menores», escribieron en su carta fechada el 6 de diciembre (pdf).
Los legisladores se refirieron al trabajo anterior de Barr para cerrar efectivamente la industria de la pornografía cuando se desempeñó como fiscal general del presidente George H.W. Bush, pero agregaron que la mayoría de los procesos judiciales en virtud de ese esfuerzo se interrumpieron cuando el exfiscal general Eric Holder, nombrado por Obama, disolvió el Grupo de Trabajo para la Fiscalización de la Obscenidad en 2011.
Algunas legislaturas estatales también han expresado su preocupación por los efectos de la pornografía en los niños. Como resultado, quince estados han declarado la pornografía como una crisis de salud pública, dijeron los legisladores en su carta. Un estudio realizado en 2008, reveló que nueve de cada 10 niños están expuestos a la pornografía en línea antes de los 18 años, mientras que seis de cada 10 niñas están expuestas a ella.
En 2016, el entonces candidato presidencial Donald Trump firmó un compromiso (pdf) para proteger a los niños de la explotación sexual en línea. La promesa dice que si Trump es elegido presidente, él defenderá el estado de derecho haciendo cumplir agresivamente las leyes federales existentes para prevenir la explotación sexual de los niños en línea, incluyendo las leyes federales de obscenidad, las leyes de pornografía infantil, las leyes de depredación sexual, y las leyes de tráfico sexual. Los legisladores le pidieron a Barr que cumpliera la promesa de campaña de Trump.
«Dada la omnipresencia de la obscenidad, es nuestra recomendación que declare el enjuiciamiento de la pornografía obscena como una prioridad de la justicia penal e inste a sus abogados estadounidenses a entablar acciones judiciales contra los principales productores y distribuidores de dicho material», escribieron en su carta.
El Departamento de Justicia estableció la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil en 1987 bajo la División Criminal del departamento, que dirige el Proyecto Niñez Segura, para proteger a los niños de la explotación sexual y prohibir la distribución de la obscenidad.
En octubre, funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron que más de 300 personas fueron arrestadas en todo el mundo tras una operación internacional para desmantelar el mayor sitio de Internet secreto sobre explotación infantil alojado en la «dark web».
Los fiscales de Estados Unidos dijeron que la operación internacional, dirigida tanto al operador del sitio web como a los usuarios, dio lugar a investigaciones en 38 países y condujo a la detención de 337 personas sospechosas de poseer o compartir contenido de abuso sexual infantil.
«La explotación sexual de los niños es una de las peores formas de maldad imaginables. De hecho, estos crímenes son tan atroces que es difícil incluso hablar de ellos. Pero nuestro gobierno no tiene mayor prioridad que la seguridad de nuestros niños», dijo en ese momento la fiscal federal Jessie K. Liu.
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