Los demócratas de California están proponiendo enmiendas a la constitución del estado para codificar el aborto como un derecho constitucional para sus ciudadanos, una medida que se basa en la expectativa de que la Corte Suprema anule el caso Roe contra Wade, la decisión de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.
Una de las enmiendas propuestas prohibiría explícitamente al Estado negar o interferir en los procedimientos de aborto o los anticonceptivos. La propuesta fue aprobada por dos comités legislativos en un solo día, el 14 de junio, algo que suele tardar unos dos años.
Los legisladores necesitan que los votantes aprueben la enmienda antes de que se convierta en ley y, para ello, tiene que ser aprobada por la Legislatura estatal por una mayoría de dos tercios de los votos antes de finales de junio.
La propuesta de enmienda constitucional fue presentada por el presidente Pro Tempore del Senado estatal, Toni G. Atkins (D-San Diego), en colaboración con Planned Parenthood Affiliates of California y la National Abortion Rights Action League California el 8 de junio.
La oposición ha aumentado tras la filtración de un borrador de la opinión de la Corte Suprema que indicaba que la mayoría conservadora pretendía anular el caso Roe contra Wade.
En virtud de la decisión, los 50 estados —incluyendo más de dos docenas de estados con prohibición total de cualquier tipo de aborto— se han visto obligados a permitir el controvertido procedimiento durante al menos el primer trimestre de embarazo bajo el llamado «estándar de viabilidad».
Los republicanos y los activistas provida han criticado durante mucho tiempo la decisión por considerarla una violación de los derechos de los estados y han trabajado para que se anule el caso.
Veintiséis estados podrían restringir o prohibir la práctica una vez que haya una sentencia definitiva, que se espera en breve.
Según los últimos datos disponibles del Instituto Guttmacher, una organización de investigación y política proabortista, en 2017 se practicaron aproximadamente 132,680 abortos en California.
Los datos revelaron un descenso del 16% de los abortos en el estado entre 2014 y 2017, pero se espera que esto cambie con la afluencia de mujeres embarazadas que busquen abortar si se anuncia oficialmente la sentencia de la Corte Suprema.
California sería el destino preferido de cerca de 1.4 millones de mujeres, en su mayoría de la vecina Arizona, que buscan abortar. El estado representa alrededor del 12 por ciento de la población total de la nación y el 15.4 por ciento de todos los abortos realizados en el país.
Quienes se oponen a la última propuesta advierten que los abortos podrían realizarse en el estado durante todo el embarazo de la mujer.
«Esta enmienda constitucional, tal y como está redactada, legalizará y protegerá el aborto hasta el momento justo antes del parto», dijo Kathleen Domingo, directora ejecutiva de la Conferencia Católica de California, a The Associated Press. «Es angustioso que tantos legisladores de California firmen una legislación que permite quitar una vida humana momentos antes del nacimiento».
Con algunas de las leyes de aborto más liberales del país, California utiliza fondos públicos para pagar el procedimiento en su programa de Medicaid y requiere que las compañías de seguros privadas cubran los abortos sin cobrar un copago o un deducible.
Las menores de edad en California también pueden abortar sin el permiso de sus padres o tutores.
La última enmienda es una de las 14 propuestas de este tipo que se están tramitando en la legislatura estatal este año, y el gobernador Gavin Newsom ha prometido destinar 125 millones de dólares a la legislación relacionada con ella en el próximo presupuesto del estado. Los esfuerzos de los activistas provida no lograron detener o ralentizar el proyecto de ley, a pesar de que cientos de personas se manifestaron frente a la capital del estado para oponerse a la medida.
Los otros proyectos de ley protegerían la privacidad de los historiales médicos de los pacientes y, al igual que la reciente legislación de Nueva York, prohibirían la cooperación con las citaciones de fuera del estado, destinarían más fondos a los centros abortistas y subvencionarían los gastos del aborto.
Los opositores provida critican a los líderes estatales por convertir a California en un «centro para el turismo del aborto».
«Lo único que falta son entradas para Disneylandia», dijo Susan Arnall, vicepresidenta de Asuntos Legales de la Liga del Derecho a la Vida, en una entrevista con The Mercury News.
Con información de The Associated Press.
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